#MaríaNoVaSolaUruguay expresa su apoyo a niña víctima de abuso sexual

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La Suprema Corte de Justicia uruguaya resolvió que una niña de 6 años debía volver a su país de origen, España, donde se encuentra su padre acusado de abuso sexual y violencia doméstica. Junto a su madre, su abuela y su abuelo, la niña tuvo que viajar el 18 de junio y abandonar el país en el que vivió los últimos dos años con su familia. Uruguayas y uruguayos se unieron en apoyo de la niña y su madre, María, para dejar claro que no están solas.

La Intersocial Feminista (una articulación de organizaciones feministas de Uruguay) y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual lanzaron una campaña de apoyo a María y su hija bajo el hashtag #MaríaNoVaSola. Con el objetivo de permitir que se quedaran a vivir en Uruguay, el año pasado se había viralizado otra campaña: #MaríaNoSeVa, pero las manifestaciones sociales no fueron suficientes para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cambiara su decisión.

Decenas de personas, comunicadoras/es, referentes culturales y de la sociedad civil se filmaron para mostrar su repudio a la decisión de la SCJ. Entre otros, los videos más difundidos fueron los de la banda de rock No Te Va a Gustar y de la comunicadora Emilia Díaz.

Los mensajes de apoyo están reunidos en la página de Facebook “Todos por María y su hija” y bajo el hashtag #MaríaNoVaSola en Facebook, Twitter e Instagram.

María, por su parte, grabó un mensaje de agradecimiento, reconociendo la fortaleza que le proporciona el apoyo local.

Asimismo, en la última semana se difundió una carta para el embajador de España en Uruguay, a la que se puede adherir a través de la plataforma Change.org.

El periplo judicial

María y Fernando (nombre ficticio) comenzaron a vivir juntos en 2010 y tuvieron una hija en 2012. Durante los años de convivencia – hasta 2016-, María y la niña fueron víctimas de violencia doméstica.

En abril de 2016 María y su hija viajaron a Uruguay para visitar a su familia, tal como hacían todos los años. Pocos días después de su llegada, la niña comenzó a manifestar comportamientos extraños y María la llevó a dos psicólogas, que diagnosticaron que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre.

Antes de recibir el diagnóstico, María le comentó a Fernando que había llevado a la niña a terapia. Ambos acordaron que ellas vivirían en Uruguay. Pero él cambió de opinión y exigió el retorno de la niña a España. Inició tres juicios: una denuncia penal por “secuestro” de la niña, otra para reclamar su tenencia y una tercera solicitando la restitución internacional de la niña a España.

María opuso excepciones pero, en setiembre de 2016, Rosana Posse, Jueza Letrada de Primera Instancia de Familia de 8° turno, convocó a las partes a audiencia y presionó a María para volver a España por voluntad propia.

María y Fernando llegaron un acuerdo por el que la niña volvería a España, siempre y cuando la madre tuviera la tenencia y se respetaran ciertas medidas de protección. El no se presentó ante la instancia pertinente en el juzgado español, este resolvió que no adoptaría las medidas acordadas y se reanudó el proceso judicial.

Restitución internacional

Se practicaron nuevas pericias psicológicas a la niña y a María, esta vez con profesionales designadas por el Poder Judicial uruguayo. Psicóloga y trabajadora social confirmaron que la niña era víctima de violencia doméstica por parte del padre y que había fuertes indicios de abuso sexual. Recomendaron la permanencia de la niña en Uruguay.

La sentencia definitiva de primera instancia ordenó la restitución internacional de la niña a España sin adoptar ninguna medida de protección. María apeló y, en diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno confirmó la restitución, pero agregó ciertas condiciones de protección.

El juez competente para adoptar dichas medidas exigió que María y Fernando comparecieran ante el juzgado español. Ella ratificó, pero él solicitó medidas opuestas.

En marzo de 2017, Fernando se presentó ante la jueza Posse, solicitó que se ejecutara la restitución y comenzó a acosar y amenazar a María y su entorno a través de mails, Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas. Ella denunció la situación en la Comisaría de la Mujer y solicitó medidas de protección adicionales, que le fueron otorgadas, no obstante lo cual él persistió en violar las restricciones.

María no volvió a España y Fernando solicitó al juzgado competente que sí reconociera las medidas de protección. La jueza española rechazó la solicitud y concluyó ser incompetente para entender en este asunto, fundada en que se había “consolidado la nueva residencia de la niña en Uruguay”. En agosto de 2017, habiendo cambiado la jueza, se revocó la incompetencia y las medidas de protección fueron finalmente aprobadas en España.

Mientras, María presentó demanda de ratificación de tenencia de su hija en un nuevo proceso. Justificó la caducidad legal de la orden de restitución a España, probó que la niña había adquirido nueva residencia habitual en Uruguay y fundó la jurisdicción y competencia de los/as jueces/as uruguayos para resolver los temas de fondo de la menor.

En España con medidas cautelares

En setiembre de 2017, Posse dictó sentencia en el expediente de restitución internacional de la niña, con la condición que se acreditara el cumplimiento de las medidas de protección.

María interpuso recursos de reposición y apelación contra las sentencias del proceso de tenencia y de restitución internacional. Posse lo rechazó. La defensa de María elevó en octubre de 2017 un recurso de revisión a la SCJ uruguaya, basándose en tres causales: presuntas indefensión de la niña en base a la actuación de su abogado de oficio, colusión de éste con el progenitor e incumplimiento de plazo de 30 días para concretar el regreso por parte del progenitor a partir de la sentencia en segunda instancia.

En junio de 2018, la SCJ rechazó los alegatos de la defensa y ordenó el retorno de la madre y la niña a España, con el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Apelaciones.

El pasado 25 de junio tuvo lugar la primera audiencia en España, en la que María tuvo que declarar durante tres horas y Fernando estuvo representado por su abogada. Se mantuvieron las medidas cautelares de no acercamiento para él y se le intimó al pago de pensión alimentaria. Próximamente, se le volverán a hacer peritajes a la niña.

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