#OpiniónUn retroceso a tiempos pretéritos

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La adhesión del senador colorado Pedro Bordaberry a la mentada campaña “Vivir sin miedo” promovida por su colega blanco Jorge Larrañaga para reformar la Constitución de la República, comporta un hecho político ciertamente significativo.

Este es el primer dirigente de la oposición ajeno al Partido Nacional que se suma a la iniciativa, que, como se sabe, no cuenta con el apoyo del senador y precandidato nacionalista a la presidencia Luis Lacalle Pou ni de otros referentes de la derecha.

En ese contexto, no es casual que, en el momento de firmar la papeleta, Bordaberry aclarara que lo hacía a título personal y que esta postura no comprometía en modo alguno al Partido Colorado.

Alguien podría ironizar con el eslogan “Vivir sin miedo”, que es exactamente lo contrario al sentimiento que experimentaban los ciudadanos cuando el padre de Pedro Bordaberry gobernaba el país, antes y después del golpe de Estado que devino en la dictadura liberticida.

Por entonces, los uruguayos vivían con miedo a que les allanaran la vivienda sin orden judicial, a las detenciones arbitrarias, a la privación ilegal de libertad, a la tortura y a la desaparición forzosa. Por ende, no sorprende que el hijo del dictador haga causa común con Larrañaga y avale un proyecto de sesgo autoritario e impronta pachequista.

Partiendo de la base que el tema de la inseguridad puede devenir en botín electoral, es absolutamente lógico que Lacalle Pou no esté dispuesto a alinearse con Larrañaga, a los efectos de marcar perfil propio y evitar potenciar indirectamente a su adversario político en la interna partidaria.

En efecto, las medidas draconianas propuestas en el texto, que retrotraen a nuestro país a una suerte de prehistoria en materia de represión, no han logrado concitar el entusiasmo del sistema político, a excepción del sector del propio convocante.

No en vano ninguna colectividad política se ha involucrado orgánicamente como tal en la recolección de firmas destinada a convocar a un plebiscito que proponga reformar la Carta Magna.

Por ahora, la postura de casi todo el arco opositor, que ha sido singularmente crítico con las políticas de seguridad del gobierno, ha sido casi siempre de cautela.

No en vano ni siquiera el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick -el precandidato tal vez más reaccionario- se ha manifestando proclive a acompañar la propuesta.

En efecto, la inseguridad es un tema de alta sensibilidad social, que ha generado incluso algunas reacciones exacerbadas como el incidente suscitado en Toledo, en el cual un rapiñero fue brutalmente agredido por un grupo de vecinos durante un arresto ciudadano.

Si bien se puede comprender el lógico malestar de la población por el aumento exponencial de la tasa de delitos registrado en el primer semestre del año, ello no justifica tal acto de barbarie.

A este estado de ánimo tan destemplado contribuyen cotidianamente los medios de difusión, particularmente los audio-visuales, que destinan buena proporción de sus informativos a la denominada crónica roja y no dudan en repetir varias veces el mismo hecho delictivo, en algunos casos durante varios días.

En el pasado, durante los gobiernos blancos y colorados, ese mismo oligopolio mediático aliado desde siempre al bloque conservador, minimizaba la inseguridad y el permanente incremento de robos, rapiñas y otras tropelías, porque era socio de los mandantes de turno que silenciaban a los medios con presiones, dadivosas pautas publicitarias y otras prebendas.

Asimismo, no había estadísticas rigurosas sobre los delitos cometidos, denunciados y aclarados, a diferencia de la transparencia oficial del presente.

Aunque Bordaberry y Larrañaga coincidieron en fustigar lo que calificaron como “justicia por mano propia”, sus ulteriores declaraciones son contradictorias y sólo contribuyen a fogonear el enojo colectivo.

Al respecto, atribuyeron la situación a la “ausencia del Estado en defensa de la ciudadanía”, lo cual constituye un verdadero disparate que agravia a la Policía y una suerte de cheque en blanco que tolere desmanes de esta naturaleza.

Más allá del notorio aumento de la tasa delictiva -que es multicausal y que, aunque se quiera negar, coincide con la implementación del nuevo Código de Proceso Penal- no es cierto que las fuerzas de seguridad no cumplen con su cometido.

Si nos atenemos al discurso de la más rancia derecha -que cuando estaba en el gobierno no invertía nada en seguridad- la Policía no reprime, lo cual es falso de toda falsedad.

Si bien podríamos citar algunas cifras que desmienten esa grosera falacia mendaz y oportunista, basta consignar que nuestro país alcanzó el año pasado un récord de presos, con más de 11.500 personas privadas de libertad.

Según las estadísticas, ello supone que hay más de 300 presos cada 100.000 habitantes, índice que sitúa a Uruguay, a nivel mundial, entre los treinta países que tienen más personas recluidas.

Si las fuerzas policiales fueran tan ineficientes y la Justicia fuera tan permisiva, nuestro país no ostentaría el triste privilegio de alcanzar esas marcas, que, obviamente, no deberían enorgullecernos.

La propuesta de reforma constitucional lanzada por el inefable Jorge Larrañaga- que tiene un claro tinte demagógico y un propósito explícitamente electorero- contiene componentes sin dudas regresivos que ameritan ser analizados.

En efecto, el primer artículo de la iniciativa vulnera groseramente un caro derecho humano consagrado en el artículo 11 de la Constitución de la República, que prohíbe expresamente los allanamientos nocturnos. Si se modificara esta norma, se cometerían toda suerte de excesos propios de una dictadura.

Otras de las propuestas es la reclusión de por vida o cadena perpetua, que en los países donde se aplica ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado abatir las tasas de criminalidad.

Empero, lo más grave es la creación de una guardia nacional conformada por dos mil efectivos militares, que serían asignados a tareas de represión del delito.

Esta temeraria medida, que por un tema de escala no se justifica, transformaría al personal castrense en una guardia pretoriana no apta para interactuar en la sociedad y, que, en un nuevo gobierno de derecha, podría ser utilizada para reprimir protestas callejeras.

Todos los uruguayos que tienen memoria saben realmente lo que es vivir con miedo, en un país que -durante el gobierno autoritario y en la post-dictadura- contaba con un aparato represivo que actuaban con violencia y con absoluta impunidad.

Al respecto, son muy recordadas las razzias practicadas durante los gobiernos colorados y blancos, en cuyo marco se detenía, encarcelaba y torturaba a jóvenes, homosexuales y lesbianas.

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