Trabajadores de Colonización defienden política pública de tierra

Alertan sobre la propuesta de los candidatos de los partidos Nacional y Colorado de vender o desafectar fracciones del INC.

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Los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) dieron a conocer una carta abierta a la opinión pública en la que alertan sobre la propuesta de los candidatos de los partidos Nacional y Colorado de vender o desafectar fracciones del INC, propuestas que figuran en sus respectivos programas de gobierno.

El sindicato recuerda que el Instituto Nacional de Colonización, INC, creado en 1948, es un ente autónomo que tiene por finalidad promover la racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación, la mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.

Según informó Diego Acosta, integrante de Afinco, «publicamos la Carta Abierta porque revisamos los programas de gobierno de los partidos políticos y dos de ellos (partidos Nacional y Colorado), proponen vender las tierras del INC a los colonos. Nosotros nos oponemos a eso porque el recurso tierra es el más valioso que tiene el Uruguay, y además, porque no es un buen negocio ni para el país ni para los productores».

En la actualidad están integradas al sistema de Colonización 610.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 400.000 son propiedad del INC, adjudicadas a productores rurales y asalariados rurales en carácter de arrendamiento.

Los predios que hoy son propiedad de colonos siguen afectados a la ley 11.029, por lo que no pueden disponer a su antojo de ellos. Incluso, en el caso de decidir su venta, debe autorizarla el INC.

Respecto a los predios otorgados en arrendamiento, Acosta explicó que «los colonos arriendan sus fracciones a un precio más bajo que el del mercado». El valor de la renta puede ser entre «la mitad y la tercera parte, dependiendo del rubro y de la época», que la que paga un productor a un particular.

«Tenemos muchísimas familias que arriendan campos al INC» que no podrían comprar la tierra que explotan. En el caso que se la financie, el importe de las cuotas que pagarían por ella sería mucho más caro que el valor de la renta.

Pérdida de capital

Además, el Estado se descapitalizaría. Y, además, agregó Acosta, «en el caso que el colono entregue por la causa que fuere la fracción en la que trabaja, el INC tiene la posibilidad de hacer un llamado y reasignarla».

Según Acosta, si los colonos fueran propietarios de su fracción, el escenario más posible en el largo plazo es que una vez que el titular se jubile o decida realizar otra actividad, «ese campo se arriende (a valor de mercado) a alguien que puede pagarlo. Los productores más grandes serían quienes terminarían arrendando esos campos», y si el INC quisiera recuperarlos, debería pagarlos a precios más elevados de los que la vendió».

«Esto no es un buen negocio para el Estado», concluyó Acosta, agregando que «cuando la tierra está bien repartida la prosperidad de los países es mayor», aseveró el sindicalista, basándose en estudios y trabajos de investigación realizados acerca del tema tenencia y distribución de la tierra.

El referente sindical manifestó que esta Carta Abierta no persigue fines corporativos ni político partidarios. «Lo que estamos defendiendo es una política pública que permite que los sectores más olvidados de la sociedad rural puedan acceder a tierras y mejorar su calidad de vida».

Diego Acosta expresó que la política pública que implementa el INC debería reforzarse, en el entendido que «se presentan al año unas 1.000 solicitudes de tierra, eso son mil familias que quieren acceder a una fracción del INC». La cantidad de tierras que administra el INC es insuficiente para satisfacer esta demanda, «apenas entregamos alrededor de 100 fracciones al año, algunas a título individual y otras a grupos», lo que indica que apenas se atienden las solicitudes de entre el 10 al 15 por ciento de los aspirantes a colono.

«La operativa del INC se financia con la renta que pagan los colonos y sobra plata», por lo que queda descartado cualquier problema presupuestal. Acosta explicó que «estos recursos alcanzan para financiar toda la operativa del INC, desde el pago de salarios, de reposición de materiales, y todo» lo necesario para el normal funcionamiento de la entidad «sin que haga falta pedirle ni un peso a Rentas Generales para subsistir».

«El dinero para la compra de tierras proviene de dos impuestos, el Impuesto a las Transacciones Patrimoniales que se cobra cuando se concreta una compraventa de campo; y del ex Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. «Hoy, el INC recibe unos 30 millones de dólares al año para la compra de tierras, que es mínimo», señaló Acosta, si se pretende atender la necesidad de tierras de actuales colonos, asalariados rurales y aspirantes a colono.

Afinco expresa

Reafirmamos la función social de la tierra y el rol del INC para garantizar el acceso de los pequeños productores y asalariados rurales a la mayor riqueza que tiene nuestro país.

Reivindicamos la tierra en manos del Estado como elemento democratizador que ha permitido a más de 4.000 familias de productores y asalariados vivir y trabajar en el medio rural.

Nos oponemos a la venta y desafectación de este patrimonio conseguido con el esfuerzo de la sociedad toda en los 71 años de existencia del INC, lo que provocará la vuelta al mercado de la tierra y su reconcentración en el mediano plazo profundizando los procesos de pauperización y éxodo rural.

El Instituto Nacional de Colonización es un Ente Autónomo superavitario, que no requiere recursos de rentas generales para funcionar, por lo que las razones para la venta de su patrimonio no pueden fundarse en cuestiones económicas ni de gestión, sino que responden a una visión ideológica del desarrollo que consagra el derecho de propiedad por encima del derecho al trabajo y la vivienda, visión a al cual, este sindicato se opone diametralmente.

Estamos convencidos/as que las políticas productivas y de desarrollo que debe impulsar el Estado a través del INC pueden y deben constituirse en alternativas sostenibles ambiental y económicamente. En tiempos donde los formatos extractivistas del agronegocio hacen estragos en América Latina promover una fuerte política de desarrollo rural ambientalmente sostenible y basada en la agricultura familiar es una cuestión de supervivencia.

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