#OpiniónTerrorismo verbal en campaña electoral

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La irrupción de la denominada familia militar en la campaña electoral, a través del periódico Nación, publicación del Centro Militar, corrobora la fuerte sintonía del personal castrense más reaccionario con la derecha aglutinada en el bloque opositor y en las cámaras empresariales.

En un editorial, esta institución -que está integrada por efectivos en retiro y en actividad de talante eminentemente golpista- afirma que el Frente Amplio es «una peste» y «la peor calamidad de nuestra historia».

Esta reflexión, que tiene una clara connotación política, es congruente con la postura histórica de las Fuerzas Armadas de odio visceral contra la izquierda, corroborada en la dictadura liberticida.

No en vano durante el gobierno autoritario, miles de activistas políticos y sociales fueron presos, torturados o directamente asesinados, por déspotas uniformados que operaron al servicio del imperialismo y de los intereses del gran capital, en el marco de la hoy descongelada guerra fría.

También odian visceralmente al Frente Amplio por haber habilitado el juzgamiento de connotados represores acusados de graves violaciones a los derechos humanos, que estaban amparados por la Ley de Impunidad consagrada por los partidos tradicionales.

Obviamente, otro motivo de fricción es la iniciativa del oficialismo de reformar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas conocido como Caja Militar, con el propósito de eliminar un régimen jubilatorio groseramente privilegiado que genera anualmente un déficit de más de 500 millones de dólares, que debe ser financiado por la sociedad.

«Estamos peores que en las galeras romanas», es el sugestivo título del editorial que cuestiona ácidamente la gestión de los tres gobiernos frenteamplistas, incurriendo naturalmente en gruesas falacias que trasuntan un estado de absoluta exacerbación.

Por supuesto, en tiempos de la dictadura los uruguayos sí estaban peor que en las viejas embarcaciones de guerra romanas, en tanto sus libertades fueron absolutamente conculcadas. Naturalmente, la política del garrote aplicada por los déspotas era de cruda represión, encarcelamientos ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

En otro orden, el o los editorialistas consideran que los uruguayos están «hundidos en el fondo del funesto pozo en el que nos ha metido el gobierno frenteamplista; un pozo del que no podremos escapar por mucho tiempo».

Al respecto, coinciden plenamente con los partidos de derecha en sus críticas al Estado, que, a juicio de estos opinólogos, «ha dejado de cumplir sus funciones esenciales y «solo es una «plataforma de empleo con fines electorales».

En ese contexto, fustigan el déficit fiscal como si fuera economistas y afirman que esta situación «desalienta a las inversiones nacionales y extranjeras».

Por supuesto, esta postura coincide en lo sustantivo con la de las cámaras empresariales, que no en vano, durante la dictadura, se enriquecieron a manos llenas usufructuando le ilegalización de la actividad sindical y la abolición de la protesta.

Evidentemente, el gran capital tiene mucho que agradecerles a estos capitostes que, durante casi doce años, transformaron a Uruguay en una suerte campo de concentración.

En otro pasaje de este cúmulo de exabruptos, los habitantes de esta auténtica madriguera de golpistas afirman que el gobierno «empobrece todos los meses a los jubilados, destruyó el sistema de salud privado deteriorando a la vez el sistema público y ha convertido a la educación en un fantástico terreno baldío donde se florean sindicatos y burócratas».

Bien saben los pasivos que, en los últimos trece años, las jubilaciones aumentaron más de un 60% en términos reales (por encima de la inflación) y las prestaciones mínimas se triplicaron.

Los uruguayos también tienen claro que, más allá de obvias dificultades de instrumentación, la creación del Sistema Integrado de Salud fue un salto cualitativo en materia de democratización y de derechos. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy todos los ciudadanos cuentan con cobertura sanitaria y acceden a la totalidad de las prestaciones en materia asistencial.

Con respecto a la educación, lo que realmente molesta a estos dinosaurios uniformados es la incorporación a los programas de estudio de la historia reciente, que permite a los jóvenes conocer las graves causas y consecuencias de la dictadura.

Es absolutamente lógico que sean enemigos de la verdad, porque esta condena -como corresponde- a los autores de las peores tropelías y aberraciones perpetradas «en nombre de la patria».

Emulando a blancos y colorados, estos especímenes aseveran que «las empresas, asfixiadas por las exigencias tributarias, la salvaje desmesura de los sindicatos y la ineficiencia de las oficinas públicas, cierran sus puertas y los inversores que no aguantan más la prepotencia sindical, se van».

Nuevamente, como durante el gobierno autoritario, la denominada familia militar hace causa común con la oligarquía nativa y fustiga a los trabajadores, que -en los años oscuros- fueron presos, torturados o asesinados.

Obviamente, reflexionan sobre la situación de inseguridad imperante en el país, cuya responsabilidad atribuyen al gobierno, pero también al Poder Judicial y al parlamento.

La directa acusación a los tres poderes del Estado -que roza naturalmente también a la oposición de derecha que tanto amparó a los militares represores con la Ley de Caducidad- tiene una velada connotación golpista.

«El Frente Amplio es la peor calamidad de la que tiene registro la Historia Nacional. Nadie nunca hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo como esta peste que se ha cebado con nuestro destino», concluye expresando el artículo del Centro Militar.

Viniendo de fascistas recalcitrantes que durante la dictadura instauraron un régimen de terror pero además saquearon y fundieron al país, esta aseveración es cuasi una condecoración.

Para corroborar la simpatía de la derecha por estos energúmenos con uniforme, basta citar las reflexiones del ex diputado nacionalista y presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, José Felipe Bruno, quien declaró que «tal vez debería volver la dictadura otra vez, para que los sabandijas se terminen de una vez», en directa alusión oficialismo.

Aunque desde su colectividad se le reclamó que se retractara públicamente, no se puede ignorar que este individuo de ideología fascista integra las filas de un partido que aspira a gobernar.

Como en materia política nada es casualidad sino causalidad, esta suerte de terrorismo verbal confirma -por si había dudas- a quién votarán los militares más reaccionarios y pro-golpistas.

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