Ex presidentes de la ARU y de la FRU forman parte del equipo del presidenciable nacionalistaAsesor de Lacalle tildó de “terrorismo de Estado” inspección de DGI al agro

Asesor de Lacalle tildó de “terrorismo de Estado” a las inspecciones de la DGI a establecimientos rurales que facturaban más de 5 millones de dólares al año sin pagar impuestos.

0

Miguel Sanguinetti, ex presidente de la Federación Rural del Uruguay (FRU), es uno de los asesores del agro del candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle, junto al ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Miguel Lusich.

Sanguinetti fue uno de los productores que promovió el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR). Antes de que la Suprema Corte de Justicia considerara ese impuesto como inconstitucional, el producto efectuó duros reclamos exigiendo una declaración de la Corte, a tal punto que el diario El País tituló: “Sanguinetti presiona a la Suprema Corte por el ICIR”. El asesor de Lacalle dijo entonces “si la Suprema Corte de Justicia rechaza los recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR, la pobre Constitución quedará muy manoseada”.

Sanguientti encabezó también la resistencia a pagar el Impuesto al Patrimonio, considerando que era tan malo como el ICIR.

El ex presidente de la FRU también salió duramente contra la Dirección General Impositiva cuando se anunció que se iban a inspeccionar unos 100 establecimientos agropecuarios que facturaban en promedio unos 100 millones al año sin pagar sus impuestos.

“Consideramos que están haciendo terrorismo de Estado, que es lo que se hace en Argentina. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Que la población sepa que están atacando a la mayor empresa que hay en el país: la agropecuaria”, dijo Sanguinetti en agosto de 2012.

Por otra parte, Manuel Lussich se opuso a la ley de manejo de suelos y rechazó la ley que regula las tercerizaciones.

En su último discurso como presidente de la ARU en 2010, cuestionó los planes de uso y manejo del suelo. “No le damos la derecha ni al Estado ni a nadie; este sería un principio ajeno a nuestra conciencia jurídica y al derecho a la propiedad”, aseveró al rechazar que el Ministerio establezca pautas al respecto.

“Cuidado con este tema, porque como muchos otros en los que se invoca el cuidado del medio ambiente que suena políticamente correcto, se corre el riesgo de avasallar derechos que son más importantes que los mismos objetivos de conservación”, sostuvo el productor rural entonces.

Sobre la llamada ley de tercerizaciones, que establece que frente a una situación donde un patrón o empresario utilice subcontratistas es el “responsable solidario” de las obligaciones laborales no cumplidas,

Lussich sostuvo entonces que “no parece lógico que el productor rural se haga cargo de deudas de sus proveedores de servicios, que cada vez son más necesarios”.

Lacalle en disputa por la contribución inmobiliaria

Admitió que pagaba poco, pero dijo que “tendrían que pagarme para vivir ahí”

El candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle, entabló un fuerte reclamo contra la Intendencia de Canelones, cuando esta modificó la contribución inmobiliaria que pagaba, de terreno baldío a propietario de una casa en un barrio privado.

Al inicio del año 2012, la Intendencia canaria realizó una actualización de los pagos de las contribuciones inmobiliarias utilizando para el nuevo recaudo mediciones de Catastro y la utilización de fotos aéreas que mostraban los cambios en las propiedades en los últimos años.

En varios casos la Intendencia revisó los aumentos establecidos después de un control caso por caso, y en otros mantuvo los nuevos aforos. El diputado Luis Lacalle Pou, propietario de una vivienda en el barrio privado La Tahona, inició una campaña contra el aumento de la contribución, que lo afectaba personalmente, y llegó a presentar 3 mil firmas ante el Parlamento para impedir el cambio de contribución que lo afectaba.

Lacalle denunció en ese entonces que los valores llegaron a incrementarse entre un 50 y 900%. La prosecretaria de la Intendencia entonces, Loreley Rodríguez, explicó entonces que el barrio La Tahona “pasará a pagar como nunca antes lo hacían. Son barrios privados que no estaban aforados, y a partir de este 1º de enero pasan a pagar como nunca lo habían hecho”.

La jerarca departamental dijo entonces a LA REPÚBLICA, que no le parece lógico que Lacalle Pou diga que el reaforo es injusto por la mala administración, cuando hace unos días la Intendencia financió el 80% de su deuda. Sostuvo que no habla bien de un legislador que priorice su situación particular y personal por el nuevo valor que tiene su propiedad.

Las viviendas de ese barrio privado pasaron de tributar unos $ 10 mil a casi $ 100 mil por año.

La Intendencia aclaró entonces que de los 210 mil padrones existentes en el departamento, el 81% experimentará una baja en la Contribución o un incremento de hasta $ 200 mensuales. En el 19% restante, habrá un aumento superior a los $ 200 al mes.

En su disputa por la suba de la contribución inmobiliaria, Lacalle Pou fue entrevistado en Radio El Espectador. Entonces Cotelo le preguntó si “desde el punto de vista del precio de la contribución inmobiliaria que venía pagando, ¿ya estaba contemplada la construcción?”. A esto el hoy candidato nacionalista respondió: “Eso hay que preguntárselo a la intendencia.

Si a mí me preguntan ¿tenés que pagar más contribución inmobiliaria?, una pregunta fuera de lo tributario, yo creo que sí, no el 900%, pero es un tema particular mío.

¿Quizás estaba pagando un poco bajo? Sí, calculando el inmueble, calculando dónde. Si tuviera que calcular los servicios de la Intendencia, me tendría que pagar por vivir acá, como a todo el resto del departamento, porque la verdad que los servicios si te he visto no me acuerdo”.

 

También podría gustarte

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.