Sigue la polémica en Tacuarembó por desalojo a 12 familias

Doce familias que viven en Paso de los Toros están siendo notificadas de desalojo para febrero. Esta situación generó una disputa entre las posiciones que mantienen los vecinos que están en los terrenos notificados, el alcalde, Juan José López, y los concejales municipales por el Frente Amplio José Luis Langorta y Walter Sánchez. Las versiones son contrapuestas cuando se refieren al organismo responsable del desalojo o sobre la posibilidad de que el Municipio incentivara a los vecinos para alojarse en el lugar. El alcalde Juan José López declaró a LA REPÚBLICA que esta situación es una “historia muy larga” y que pretende ser lo “más ecuánime posible”. “La verdad es que los juicios vienen de hace muchos años y son impulsados por parte de UTE, ya que es el dueño de la tierra. No fueron propuestos ni por el Municipio ni por la Intendencia”. Mientras tanto, Adriana Videla, una vecina del lugar que aún no ha sido notificada por el desalojo pero que forma parte del grupo de vecinos movilizados, dijo a LA REPÚBLICA que “las órdenes de desalojo están firmadas por el propio alcalde y el abogado del Municipio. UTE jamás molestó a la gente ni dio un aviso. El responsable de todo esto es el alcalde, que incluso no se pone de acuerdo con lo que él dice. La gente se unió para desmentir sus dichos porque nos está usando de escudo”. En la misma sintonía, Eli Rodríguez, también vecina de la zona, declaró que UTE no fue el que pidió el desalojo, sino que fueron el alcalde y su secretario. “El que toma la intervención es UTE. Sin embargo, en el 2010 circuló un documento -que no sé hasta dónde es el causante de esta decisión de desalojo- en el que el municipio comunicó a UTE que muchas personas estaban haciendo construcciones dentro de la cuota 60. En el mismo escrito se le pedía a dicha empresa estatal que interviniera en este asunto. Esta notificación pudo ser la causante, pero antes del 2010 ya había comunicaciones”, expresó a LA REPÚBLICA Langorta. Por su parte, López negó que en 2010 el municipio le pasara una nota a UTE pidiéndole que desalojara a los vecinos del lugar. “Nunca se le dijo a UTE que echara a esta gente que hace 30 o 40 años que está acá. Lo que se votó por unanimidad en el municipio, donde hay concejales del Frente Amplio y del Partido Nacional, es que no se permitiera que más personas se radicaran en ese territorio”. Según sus palabras, el municipio “no está de acuerdo” en desalojar a los vecinos si no se le da una solución habitacional. Tanto Sánchez como Langorta, coincidieron en que a pesar de que las personas están radicadas de forma “ilegal”, algunos actores políticos los incentivaron para que se instalaran en el lugar con el objetivo de conseguir “réditos electorales”. “Determinados actores políticos, buscando réditos electorales, verbalmente les decían que se metieran ahí porque nunca los iban a sacar, pero es una zona de riesgo. Con las crecidas siempre hay que estar evacuando a esa gente, lo que produce desgaste en los organismos. Repito, con el deseo de conseguir el voto de esta gente, los metieron ahí y nunca más se preocuparon de nada. La mayoría de esos actores políticos que hicieron eso fueron del Partido Nacional”, afirmó Langorta. “No se podía construir en esos lugares, pero en estos años actores políticos locales han fomentado la creación de asentamientos en esa zona, inclusive llevando camiones y arrimándole a la gente materiales. Pero después, cuando vienen los problemas, se lavan las manos y dejan a la gente abandonada”, declaró Sánchez. En la misma sintonía, Langorta afirmó que algunos individuos les llevaron materiales para la construcción de las casas.  “Desde el municipio hemos intentado eliminar estos asentamientos y buscar una solución, pero hay organismos institucionales y dependencias municipales que le aportan materiales. Es una situación muy grave y delicada”. “El municipio tomó la resolución de no prestar servicios a esa zona, pero por otro lado lo hacen: en vez de descargar los materiales en el asentamiento, los dejan a 100 metros y la gente se lo lleva para sus casas”, agregó. Por su parte, el alcalde negó esta situación. “De los 7 años que yo estoy al frente de la alcaldía, nunca se le dio materiales a los vecinos. Nosotros ayudamos a toda la ciudad con posibilidades de relleno, de algún material, pero cuando nos dan la dirección y vemos que es de la cuota 60, no se le entrega absolutamente nada de parte del municipio. Si otra gente hace entregas, yo no puedo decir nada, pero de parte del municipio, desde que estoy al frente de él, no damos ningún material a las personas que está dentro de la cuota 60, porque si no estamos convalidando una cosa que está mal. Que otra gente, otras autoridades, no sé quién puede ser, lo haga,  yo no pongo la mano en el fuego. Pero repito que desde el municipio no ha salido nunca un material para la cuota 60”. Sin embargo, la versión de los vecinos es contrapuesta a la del alcalde. “El tema es que el alcalde nos autorizó a venir, edificar y nos dio materiales: Pero ahora son otras épocas, son electorales. Hasta hace dos meses él estaba mandando materiales, arena, portland, chapas y relleno. Aún en las veredas todavía hay restos de ellos”, declaró Videla. “Lo que pasa es que ahora se están sacando el lazo, pero todo el mundo sabe que se entrega materiales. No lo van a reconocer, pero nosotros vemos los camiones del municipio cuando llegan con piedras. Les dicen que construyan ahí, que no les va a pasar nada. Al alcalde propiamente dicho no lo veo venir hasta acá, pero la orden de que vengan los camiones viene de arriba sino ninguno vendría”, agregó Rodríguez. Otro polémico tema: UPM Rodríguez afirmó que en una oportunidad los vecinos se reunieron con el alcalde. “Cuando nos encontramos, el Alcalde le echó la culpa a UTE, OPP y a UPM. Sin embargo, nos llegaron un montón de notas donde los que piden el desalojo es el alcalde de nuestra ciudad José López Sánchez y el secretario de la Junta local Jorge Urcela”. Según sus palabras, el argumento para desalojar a las familias fue la instalación de UPM en la zona. Consideró que el desalojo tiene una “implicancia política”, porque “nos dijeron que estaban en contra de UPM”, lo que muestra, según sus palabras, “un tire y afloje” entre el gobierno nacional y el departamental. En la misma sintonía, Sánchez negó que el desalojo tuviera relación con UPM. “El alcalde manifiesta que para él el desalojo llega por UPM, yo no estoy de acuerdo con eso. UTE nunca molestó a los vecinos, las veces que se ha dado ha sido por alguna denuncia. Además, una de las cosas que se ha planteado en la negociación con UPM, es que muchas de las viviendas que se van a construir para los trabajadores van a ser destinadas al municipio de Paso de los Toros para que se pueda solucionar el problema habitacional que tenemos”. “En una reunión que tuvieron los vecinos, el alcalde dijo que este tema es un coletazo de UPM. Puede ser que de repente vaya a aumentar el nivel de río en determinado momento, pero eso nadie lo dijo oficialmente. En mi opinión, no creo que UPM sea el causante de esto”, agregó Langorta. Por su parte, el alcalde negó que el municipio expusiera como motivo de desalojo la instalación de dicha planta. “Nosotros, en una conversación aparte con los vecinos, dijimos que el Ministerio de Vivienda, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Intendencia y el Municipio, estamos tratando de regular esta situación por la venida de UPM, pero estos son juicios viejos con UTE, la tierra es de dicha empresa pública y no de UPM. Son juicios que como están en la Justicia se mueven durante 3, 4 o 5 años y no se hacen de un día para otro”. La historia López afirmó que en el año 54, el gobierno le entregó 2 millones de pesos a la UTE para que expropiara y pagara los terrenos que estaban en la cuota 60, ya que se cerraba la represa Baygorria y el río pasaba a ser un lago. Explicó que esta cuota 60 es un cálculo que se hizo en su momento para que cuando vinieran crecientes normales, el agua no llegara a los terrenos de los vecinos. Declaró que existen diversas situaciones en dichos territorios. Afirmó que  hay 71 familias dentro de la cuota 60 y que la mitad de las mismas son “viejas familias” que hace más de 30 años que viven en el lugar.  Sin embargo, señaló que el resto es un “caserío” que se formó cercano a la playa Santa Isabel. En la misma sintonía, Sánchez afirmó que UTE adquirió los terrenos de esa zona cuando construyó la represa. Afirmó que las personas que tienen más años en el lugar han construido casas con techos de hormigón y fabricación de bloque, y nunca les ha llegado el agua por las inundaciones, mientras que los que han venido en los últimos años han construido “casas precarias”. Asimismo, mencionó que los que los que viven hace más años pagan luz y agua. “Esto es una injusticia, tenemos un montón de gente que ha construido en todos estos años casas de costaneras, muy precarias, y hoy en día UTE le está mandando cedulones a gente que hace 30 o 40 años que está instalada, con casas bien fabricadas y que tiene al día todas sus obligaciones”, agregó. López: “La señora Rodríguez no dice la verdad” Según el alcalde, Eli Rodríguez, vecina del lugar, no ha dicho la verdad cuando habló con LA REPÚBLICA en una nota anterior. “La señora Rodríguez no dice la verdad. No está desalojada, no se le pasó ningún desalojo por parte de UTE porque su casa está en el límite de la cuota 60, por lo que no tiene por qué estar saliendo a defender a la otra gente”. Por su parte, Rodríguez afirmó que no ha recibido la orden de desalojo pero si le llegó una notificación previa al mismo y señaló que ya está en el Juzgado de Paz con su firma. Videla: “Romero tuvo un trato con el propio alcalde” Según Videla, parte de los territorios de la zona van a ser dados a un señor de apellido Romero, quien “es el que hizo los puentes sobre la Playa de Sauce. Tuvo un trato con el propio alcalde, para poder hacer un chalet. Pienso que son amigos, es alguien que tiene dinero acá en Paso de los Toros y hacen convenios entre ellos”. “Es muy contradictorio porque nos están desalojando y están autorizando construir al fondo de nuestras casas un chalet para un señor que se apellida Romero. Él dijo que estaba autorizado por el alcalde. Supuestamente son amigos y Romero le está construyendo algunos puentes al alcalde”, agregó Rodríguez. Por su parte, el alcalde negó esta situación. “No es verdad. Romero es un proveedor del municipio, como lo es mucha gente, que nos hace algún trabajo. Pero de ese punto al hecho de que le estemos ayudando hay una gran diferencia. No ayudamos a nadie dentro de la cuota 60 y menos para hacer un chalet. Lo que la señora Rodríguez dice va ser estudiado por mis abogados. Yo no puedo dejar pasar eso, porque no es cierto, es mentira. Además no tengo nada que ver con el señor Romero”.

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