#OpiniónSánchez, presidente de las tres Españas

Rojos» y «separatistas» contra «fachas», las dos supuestas Españas vuelven a polarizar sus posturas ideológicas con motivo de la elección de un nuevo jefe de gobierno sin mayoría parlamentaria que dependerá de los partidarios de la secesión del Estado.

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Pedro Sánchez es, por los pelos, -dos diputados- el nuevo presidente del gobierno español, en un gabinete donde se sentarán varios miembros de su hasta ahora principal enemigo y rival en la izquierda, Unidas Podemos.

Pero ese pacto de gobernación de las dos izquierdas no es la razón, o no es la única, del retorno a la evocación del «cainismo» español. El apoyo condicionado a Sánchez de la formación separatista catalana Esquerra Republicana de Catalunya y la abstención de los dos partidos independentistas vascos -Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu- es lo que encendió las pasiones en los dos días de debate para votar la investidura del nuevo dirigente.

Los representantes del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos recriminaron a Sánchez haber engañado incluso a los propios votantes socialistas por haber llegado al poder gracias al apoyo de quienes había renegado. En septiembre había dicho que jamás pactaría con Unidas Podemos porque ni él ni el 95% de los españoles «dormirían por la noche» con un gobierno de ese tipo. Además, había subrayado que no podía mantenerse en una mesa del consejo de ministros con políticos que defendían la autodeterminación de Cataluña. Antes ya había también asegurado que tampoco intentaría llegar a acuerdos con políticos exmiembros de ETA.

«El inicio de la demolición de España»

Para conseguir el apoyo de los independentistas de ERC, el PSOE ha negociado en secreto durante casi dos meses un acuerdo por el que se compromete a abordar «el conflicto catalán» de gobierno a gobierno, según un documento donde se dice que los resultados de las negociaciones se llevarán a consulta (solo) entre catalanes y donde la mención a la Constitución española no aparece por ningún lado.

Para las formaciones conservadoras o «las tres derechas», según el PSOE, se trata de una concesión sin precedentes que puede llevar a la desaparición del Estado y a la escisión de una parte de España. En ese debate se conocieron además las concesiones hechas por Sánchez para evitar el voto negativo de los nacionalistas vascos, también considerados por la oposición como pasos hacia la desaparición de la Constitución surgida en 1978 y acordada entre posfranquistas, comunistas y socialistas. La diputada de Canarias, Ana Oramas, que en un principio anunció su abstención en la investidura, se decantó más tarde por un no a Sánchez por no estar de acuerdo con lo que definió como » el inicio de la demolición de España».

Apoyo con humillación

Conscientes de su poder político, a pesar de su escasa representación popular a nivel estatal, la representante de Bildu, la vitrina política de la desaparecida banda terrorista ETA, recordó a Sánchez que «sin el apoyo de los independentistas no podría gobernar». Los portavoces de ERC, humillaron al nuevo jefe del gobierno español advirtiéndole en tono amenazante de que «sin mesa de negociación, no habría gobierno», calificándole de verdugo y carcelero de los políticos presos y afirmando que «les importaba un comino la gobernabilidad de España».

En esa mesa se hablará también de una posible amnistía para el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación a 13 años de prisión, y también de lo que Sánchez describió como evitar «la deriva judicial», lo que la oposición interpreta como impedir que los tribunales del Estado adopten medidas contra pasados y posibles futuros delitos cometidos por miembros del independentismo catalán.

Veteranos socialistas y algunos de los «barones» del PSOE que gobiernan en ciertas comunidades autónomas mostraron su rechazo o su oposición a un acuerdo con independentistas catalanes para poder gobernar desde la Moncloa. Pedro Sánchez siempre defendió que una abstención de la derecha (PP) y del centro (C’s) hubiera evitado un acuerdo de investidura con ERC.

Sánchez recalcó que la Constitución no desaparecerá y que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, pero su credibilidad ha sufrido bastante después de sus bandazos y cambios de opinión pre y poselectorales. La oposición y una parte de su propio partido le acusaba de perseguir el poder a toda costa y renunciando a las líneas maestras que han definido al PSOE como una formación socialdemócrata, defensora de la Constitución, de la unidad del Estado y de la España surgida de la Transición posfranquista.

Giro social bajo la lupa de Bruselas

Pedro Sánchez es ya presidente de gobierno y ha evitado unas terceras elecciones, pero nadie le va a conceder los conocidos como cien días de confianza a los nuevos dirigentes. Ha obtenido la investidura, pero deberá afrontar sin dilación la aprobación de nuevos presupuestos. El giro social a la izquierda prometido a sus socios de Podemos se traducirá en un aumento del gasto que deberá pasar los controles de la Unión Europea. Pero la política económica hasta el momento está quedando oscurecida por el problema del secesionismo.

Sánchez inicia su mandato con la amenaza y la vigilancia constante de sus socios de gobierno de Unidas Podemos, del apoyo/chantaje de los independentistas catalanes y vascos y, por supuesto, de la ya prometida dura oposición de Ciudadanos, Partido Popular y Vox.

No se puede hablar de «las dos Españas», sino como mínimo de tres: izquierda, derecha y los que no quieren ser España. Nada nuevo, por cierto. Los más pesimistas recuerdan cómo acabó esa misma configuración en la España de los años 30. Otros, como el exministro socialista de Cultura, César Antonio Molina, recuerdan que nadie en Yugoslavia podía suponer adónde llevaría el conflicto provocado por los nacionalismos.

Para Pedro Sánchez, estos argumentos pertenecen a los apocalípticos y son más que exagerados. A Sánchez no se le puede contestar su legitimidad para convertirse en primer ministro. Pero quizá lo que sus campañas electorales últimas han demostrado es que la palabra de los políticos ha perdido aún más credibilidad de la que contaban entre los ciudadanos de España.

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