regulación de la marihuanaSalud pública, seguridad y DDHH

La iniciativa del Poder Ejecutivo a estudio del Parlamento relativa a la Regulación y Control por parte del Estado del cannabis y sus derivados se ha visto fortalecida en los últimos días con el Informe que la OEA elevó a los presidentes latinoamericanos, denominado “Problema de las drogas en Latinoamérica”, donde se recomienda que tarde o temprano se deberán tomar acciones en relación a la despenalización de las drogas, pero específicamente a la despenalización de la venta y el consumo de marihuana.

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Considera que la marihuana no es más dañina que el alcohol y el tabaco, y que considerarla droga ilegal lo único que ha logrado es llenar las cárceles de usuarios reclutados por criminales e introducidos al circuito criminal del narcotráfico, gastando millones de dólares de represión, fondos que podrían ser utilizados para financiar campañas masivas para que las personas no consumieran drogas o para crear servicios de tratamientos y rehabilitación suficientes, los que no existen actualmente para dar respuesta a la creciente demanda.

Este Informe, que ha sido celebrado por varios ex presidentes latinoamericanos, como Henrique Cardoso, Zedillo, Gaviria, Lagos y otros, que integran, junto a otros políticos, intelectuales y economistas la Comisión Global sobre Política de Drogas, se debatirá en la Asamblea Anual de la OEA que se reunirá el próximo mes en Guatemala y que ya tiene el apoyo de Colombia, Guatemala, México y Uruguay, países contrarios a la actual estrategia prohibicionista- represiva, que ha dejado decenas de miles de muertos y presos en los últimos años; una guerra perdida mientras hay cada vez más consumidores. Uruguay siempre ha estado en la avanzada en materia de políticas sobre drogas. Desde la Junta Nacional de Drogas se han elaborado políticas integrales es esa materia, actuando sobre el consumo y la oferta. En 1998 se introdujeron cambios en la legislación en materia de consumo y tenencia tanto de drogas ilegales, despenalizándolo para consumo personal, a criterio del juez actuante, así como también la exitosa política sobre el tabaco, droga legal, regulando fuertemente su consumo.

Pero no ha sido suficiente. La estrategia represiva, sobre todo contra la marihuana, que no es la que más daño produce, viene fracasando estrepitosamente. Su consumo se ha acrecentado, a pesar de que las incautaciones también han crecido. Siendo la droga ilegal más consumida, mayoritariamente de uso social, genera dependencia física y psicológica de leve a moderada, en relación a otras drogas como el tabaco, el alcohol, la cocaína, la pasta base y los psicofármacos. Sin embargo, los daños más graves no son las psicofísicos, sino los que derivan de su prohibición y represión, que expone a los consumidores a los riesgos psicológicos, sociales y legales, producto de tener que acceder ilegalmente a la droga con sus consecuencias (estas sí gravísimas) en un escenario de violencia extrema, desde la cárcel hasta la muerte por ajustes de cuentas, sicarios, secuestro, el robo, rapiña. Exponiéndose además al consumo de drogas mucho más riesgosas.

El 80 por ciento de los presos en nuestras cárceles son pequeños traficantes de cantidades menores de marihuana. Se dilapidan recursos financieros y humanos en una guerra equivocada, en vez de volcar esos recursos a combatir el consumo en acciones educativas y sanitarias, orientadas a la información, persuasión, prevención, reparación de daños, tratamiento y rehabilitación de los usuarios, además de campañas de propaganda e investigación.

A eso apunta el Proyecto de Ley a estudio del Parlamento. Crea el Instituto Nacional del Cannabis, organismo público no estatal, dependiente del Ministerio de Salud Publica, que junto al Ministerio de Agricultura y Pesca y la Junta Nacional de Drogas regulará y controlará todo el proceso de producción y distribución de la marihuana y sus derivados, lo que se hará a través del otorgamiento de licencias que se otorgarán exclusivamente a autocultivadores, a clubes de membresías, a fabricantes de medicamentos o a empresas que tendrán límites de producción y de acopio. Se establece que no se permitirá una tenencia de más 40 gramos por usuario y por mes, bajo pena de caer en infracción por la Ley de Estupefacientes. La sustancia será distribuida por la Red de Farmacias del Uruguay, de acuerdo a lo ordenado por la Ley de Farmacias y la Ley de Estupefacientes, con fuerte regulación del consumo, similar a la del tabaco, con recursos financieros que se volcarán a la creación -dentro del Sistema Nacional de Salud- de servicios de tratamientos y rehabilitación para consumidores problemáticos, en todo centro poblado mayor de 10.000 habitantes, y dentro del Sistema Nacional de Educación Pública, para crear potentes programas curriculares dedicados a la información sobre promoción de salud y uso problemático de drogas.

Con este nuevo paradigma se fortalecerá la estrategia de la lucha contra el consumo de marihuana, encarándolo como un problema de salud pública, de seguridad pública y de derechos humanos, desde una óptica de reducción del daño y responsabilidad compartida.

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