María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de Ecuador, presentó su renuncia, tras ser liberada de sus funciones, ante una investigación en su contra por recibir fondos indebidosRenunció la vicepresidenta de Ecuador investigada por recibir fondos indebidos

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En los últimos días, la vida de la vicemandataria, cuya petición debe ser analizada por la Asamblea Nacional, se trastocó, luego de salir a la luz una denuncia interpuesta en su contra, por cobrar diezmos a un exasesor, durante su etapa como asambleísta, entre los años 2011 y 2013.

El lunes pasado solicitó una licencia sin remuneración, hasta el 31 de diciembre próximo, para preparar su defensa tras ser acusada por concusión, y en esa misma jornada, el jefe de Estado decidió separarla de sus funciones. Horas después, fue difundida su petición de renuncia.

Curiosamente, la segunda al mando en este país sudamericano enfrenta una situación similar a la que experimentó, en octubre de 2017, Jorge Glas, su antecesor, electo democráticamente, en sufragios generales.

Glas fue vinculado al caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht bajo el presunto delito de asociación ilícita, solicitó un permiso y poco después se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.

Luego fue reemplazado por Vicuña, siendo aún el vicepresidente constitucional de Ecuador, en circunstancias que muchos tildaron de ilegales y hasta la fecha, a pesar de que sus abogados defienden su inocencia, permanece preso, tras una condena dictada en diciembre de 2017 y en medio de un proceso con un recurso de casación pendiente.

Hoy, la realidad de su sucesora parece sombría, pues tiene en contra a la derecha, que se opone al gobierno, y hasta a sus correligionarios de la oficialista Alianza PAIS la han dejado sola.

Todas las partes recurren al lema de ‘lucha contra la corrupción, desde donde venga’, y en medio de esa situación, le toca demostrar que no aceptó dinero ajeno para su beneficio propio, lo cual no parece fácil.

El abogado Ángel Polivio Sagbay, quien fue su asesor cuando fungía como legisladora, aseguró, en declaración juramentada ante notario, que entre junio de 2011 y mayo de 2012, debió depositar mensualmente 300 dólares en la cuenta personal de Vicuña en un banco de Machala.

Asimismo, añadió que a partir del 1º de junio de 2012, cuando fue ascendido dentro del mismo equipo de trabajo, los aportes aumentaron a mil 400 dólares cada mes.

Según declaró, el monto total colocado en las cuentas de la entonces parlamentaria, excedió los 20 mil dólares, supuestamente como colaboración para la formación política Alianza Bolivariana Alfarista, que no está legalmente habilitada por el Consejo Nacional Electoral.

Con ese mismo argumento comenzó Vicuña su defensa, en la cual sostiene que como la agrupación no tiene un Registro Único de Contribuyente, algunos de sus miembros aceptaban en sus cuentas las contribuciones de otros afiliados o personas interesadas en apoyar al movimiento y al gubernamental Alianza PAIS.

No obstante, la investigación previa está en curso, y la aún vicemandataria podría ser procesada y condenada, por concusión.

Por otra parte, la oposición recoge firmas entre las diferentes bancadas parlamentarias para solicitar un juicio político, mecanismo por el cual ya pasaron unos cuantos directivos en los 18 meses de la nueva administración.

En ese sentido, sostienen que sí existen causales para un mecanismo de ese tipo, por sacar provecho del cargo que ostentaba, para exigir dinero, recibido además, en una cuenta personal.

Con tantas presiones y un camino que puede resultar espinoso por delante, María Alejandra Vicuña decidió dar un paso al costado, algo imprevisible hace solo unos días.

Pareciera déjá vu, una situación ya vivida por los ecuatorianos, cuando producto de una arremetida mediática, exigieron lo mismo a Jorge Glas, a quien contrariamente, no le han encontrado un centavo mal habido, ni se le ha podido comprobar, hasta el momento, el delito por el cual lo acusaron, además, de que no renunció al puesto para el cual fue electo por el pueblo.

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