#OpiniónRefrescando la memoria colectiva

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La divulgación del número de personas en situación de calle en Montevideo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que marca un aumento del 18,4% en los últimos tres años, generó previsibles reacciones políticas desde tiendas de la oposición, en plena campaña electoral.

A partir de la difusión de esta información oficial, que corrobora el proceder transparente del gobierno en un tema tan sensible para la sociedad, el bloque derechista aprovechó la oportunidad para golpear al oficialismo.

La actitud es naturalmente congruente con el talante opositor, que pone mayor énfasis en la crítica y la descalificación que en la mera formulación de propuestas con sustento programático.

De tal calibre fue la virulencia de los ataques contra el gobierno, que no se preocuparon ni siquiera en analizar el resto del informe presentado públicamente por el MIDES, el cual explica la génesis multicausal que deviene en estas circunstancias extremas.

En efecto, de acuerdo al relevamiento censal realizado por la Secretaría de Estado, el 50% de las personas que viven cotidianamente a la intemperie o que buscan amparo en los refugios del Estado han sido directamente expulsados de sus hogares y padecen graves problemas de convivencia. En tanto, otro 30% tiene consumo problemático de sustancias adictivas.

A su vez, el 82% declaró haber estado privado de libertad o bien internado en instituciones que asisten a la población afectada por patologías mentales.

Contrariamente a lo que podría pensarse, el 78% de los relevados son población activa que trabaja, aunque la mayoría desempeña tareas de baja calificación y lo hace en la informalidad.

Si bien este panorama revela inocultables omisiones del Estado en la atención, la protección y la inserción social de algunos uruguayos que se encuentran situación de vulnerabilidad, ello para nada pone en tela de juicio ni la inversión ni el éxito de las políticas sociales aplicadas por los gobiernos del Frente Amplio.

Aunque aun quedan asignaturas pendientes para construir una sociedad cada vez más justa y con una distribución más equitativa de la riqueza, la coyuntura difiere radicalmente de la de hace quince años, cuando se inició el ciclo progresista.

Por entonces, el país comenzaba a emerger trabajosamente del abismo económico y social provocado por la devastadora crisis del 2002, que aun hoy condiciona el destino de miles de uruguayos que no han logrado reinsertarse en el sistema.

Antes de emitir críticas oportunistas, los partidos de derecha, particularmente los blancos y colorados, deberían asumir sus culpas y sus responsabilidades en la peor debacle de la historia. Obviamente, nunca lo hicieron y en cambio sí apostaron a la desmemoria y a la prostitución de la verdad, con el apoyo servil de un oligopolio mediático obsecuente y siempre funcional a los intereses de la clase dominante.

Según información del Instituto Nacional de Estadística, cuya veracidad es avalada por irrefutables estudios de organismos internacionales, en 2004, último año de gobierno de la coalición blanqui-colorada, la pobreza trepó a un 39. 9% (casi un 40%), lo cual equivale 1.330.000 personas. Ya en 2002, la pobreza alcanzaba a una tasa del 35,2% y en 2003 a un 39,4%.

Estas escalofriantes cifras -además de otros indicadores sociales explícitamente negativos- corroboran la intrínseca falsedad del discurso de la derecha y de sus aliados estratégicos, que afirman que ese año la crisis ya estaba superada y que entregaron el gobierno al FA con el país en pleno crecimiento.

No en vano, una de las primeras medidas que adoptó la administración frenteamplista fue la creación del MIDES, cuyo cometido inicial fue la atención de la grave emergencia social que afectaba a bastante más de un millón de uruguayos, víctimas de los estragos provocados por las políticas neoliberales, la rampante desregulación y el libertinaje de mercado.

Hoy, quince años después, la tasa de pobreza de personas medida por ingresos está situada en el 8,1%, lo cual equivale a la quinta parte de la medida a comienzos del ciclo progresista. En tanto, la estimación de la pobreza por hogares alcanza al 5,3%.

Asimismo, también ha caído sustantivamente la cantidad de hogares bajo la línea de indigencia que se mantuvo estable en un 0,1%, según estimaciones del INE con aval internacional.

En tanto, a título ilustrativo y para refrescar la memoria colectiva, en 2002 -año de eclosión de la crisis- la indigencia afectaba al 2,3% de la población, en 2003 al 3,1% y, en 2004, al 4,7%.

Es decir, por entonces 160.000 uruguayos eran indigentes, lo cual equivale a más de dos veces la capacidad colmada del Estadio Centenario y a cuatro estadios Campeón del Siglo llenos de bote a bote.

Si bien este auténtico catálogo de calamidades no oculta el problema social contemporáneo generado por el aumento de los montevideanos que viven a la intemperie, ello no le otorga credenciales a la derecha para criticar y denunciar un supuesto fracaso de las políticas sociales.

Los blancos y los colorados no tienen autoridad política ni moral para cuestionar nada en este tema, porque, hace diecisiete años hundieron al país y provocaron la peor crisis de la historia.

El desafío de FA es refrescarles la memoria a los uruguayos y particularmente a los votantes indecisos.

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