Crímenes de lesa humanidad y corrupciónRechazan prisión domiciliaria para exgobernante en Perú

Es criticado el proyecto de ley destinado a beneficiar a Alberto Fujimori.

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Un nuevo proyecto de ley que insiste en disponer prisión domiciliaria para adultos mayores motivó este miércoles inmediato rechazo de juristas y parlamentarios por estimar que se trata de una norma destinada a beneficiar al exgobernante Alberto Fujimori.

El proyecto fue aprobado por iniciativa de la bancada de Fuerza Popular (FP), partido de la hija mayor de Fujimori, Keiko -en prisión preventiva por posible corrupción- como reemplazo de una ley similar vetada por el presidente Martín Vizcarra en octubre último.

Según el proyecto aprobado por la comisión de Constitución del Congreso de la República, el objetivo es beneficiar humanitariamente a mayores de 70 años que no sean peligrosos y que sufren enfermedades graves físicas o mentales o que puedan agravarse por el encierro.

El nuevo intento mereció el rechazo del abogado Carlos Rivera, quien representó a la parte civil en el juicio que en 2009 condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Según Rivera, la propuesta ‘es tan ambigua que capaz un interno con dolor crónico de cabeza podría evadir la acción de la justicia; se trata de una ley con nombre propio’, lo que es anticonstitucional.

La comisión de Justicia rechazó previamente aceptar el veto presidencial y optó por insistir con el nuevo proyecto cuyo contenido, según el exprocurador anticorrupción Luis Vargas, es similar al observado por el presidente Vizcarra, por lo cual, apuntó Rivera, también debe vetarlo el presidente.

El legislador progresista Oracio Pacori, de Nuevo Perú, denunció que sus colegas fujimoristas ‘metieron de contrabando un texto sustitutorio que lo aprobaron solos’, sin presencia de opositores.

Vargas añadió que, en la medida que los sentenciados por crímenes de lesa humanidad están excluidos de beneficios carcelarios, según la ley peruana y los compromisos jurídicos internacionales del país, el proyecto no tiene futuro.

Vizcarra observó la primera ley porque fue aprobada a marcha forzada, sin debate en las comisiones concernidas, y porque beneficiaba también a presos de alta peligrosidad, al incluir a los condenados por homicidio y secuestro agravados, delitos por los que fue sentenciado Fujimori.

Aquella norma y la anunciada hoy buscan evitar que Fujimori vuelva a prisión debido a que en octubre el Poder Judicial anuló el indulto otorgado en diciembre de 2017 a Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por un pacto con una fracción fujimorista, a cambio de impedir la destitución del gobernante.

Al conocer la noticia, Fujimori sufrió una descompensación y fue ingresado en una clínica privada, donde permanece desde entonces, evitando así volver a la cárcel exclusiva en la que permaneció desde 2007, cuando llegó extraditado de Chile.

Paradójicamente, la bancada de FP, que hoy busca la libertad del exgobernante, expulsó al menor de los hijos del preso, Kenji Fujimori; y a una fracción, por intentar evitar por segunda vez, la destitución de Kuczynski, lo que puso en evidencia que el indulto no fue humanitario sino político, por lo que fue anulado.

Fujimori padre tiene pendiente un nuevo proceso por una matanza ejecutada por un escuadrón ilegal de aniquilamiento, similar a las dos masacres por las que fue condenado en 2009 y la fiscalía busca incluir en el juicio otro caso de iguales características. (Fuente: Prensa Latina)

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