Productores familiares proponen políticas públicas

La Comisión Nacional de Fomento Rural presentó un documento a los candidatos a la Presidencia que «no es un pedido a los Reyes Magos ni una lista de quejas».

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Como ya es tradicional, en cada año electoral, Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), hace llegar a los candidatos a la Presidencia de la República un documento en el que presentan su visión estratégica y una reseña de las políticas públicas que el Gobierno entrante debería aplicar para la consolidación y fortalecimiento de la producción familiar.

Según han manifestado autoridades de CNFR, este documento «no es un pedido a los Reyes Magos ni una lista de quejas». La entidad, fundada hace 104 años, nuclea a más de un centenar de organizaciones de base –sociedades de fomento rural; cooperativas agrarias y otras formas organizativas- a las que se integran 17.500 familias dedicadas a todos los rubros de producción en todo el territorio nacional, con excepción de Durazno, es la principal institución representativa de la producción familiar uruguaya.

El documento remitido a los presidenciables, se desglosa en varios capítulos, que refieren a políticas macroeconómicas; infraestructura y servicios; y productividad y competitividad, entre otros.

Entre las propuestas más destacadas, CNFR pone el foco en la política fiscal, que «debe generar confianza en el productor, y estabilidad para sus inversiones», sin trasladarle al sector ineficiencias propias de otras áreas de la economía. Tanto la presión fiscal como las tarifas públicas, deben estar en concordancia con «los espacios comerciales donde se desempeña la agricultura familiar».

En referencia a la política cambiaria, se propone «contar con un tipo de cambio estable y alineado a la realidad de las monedas en lo regional y lo internacional».

Pensar en el afuera

CNFR también apunta a la inserción internacional, expresando que «debería asegurarse una apertura comercial amplia que permita mantener el acceso a los insumos necesarios para la producción, alineados con el precio de los productos; una política de comercio exterior activa en cuanto a acuerdos comerciales, que evite la pérdida de competitividad de nuestros productos por el pago de aranceles excesivos en los mercados de destino; (brindar) apoyo a la competitividad de la producción familiar, contemplando a los rubros más sensibles; y alcanzar una integración regional equilibrada, con una reducción efectiva y progresiva de las asimetrías».

También se plantea participar en un seguimiento más cercano de las negociaciones comerciales regionales e internacionales, en coordinación con Cancillería, y los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La gremial además llama a que el próximo gobierno mantenga, como hasta ahora, el apoyo estratégico a la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, REAF, y que se comprometa en el desarrollo de acciones concretas para la celebración del Decenio de la Agricultura Familiar y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Un punto fuerte en la propuesta de CNFR refiere a la infraestructura y los servicios, en el que señalan la creación en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, de un «Registro Nacional de Caminos Rurales, que se actualice periódicamente, en donde se consigne el estado de todos los caminos, su año de construcción, y las fechas de los mantenimientos realizados, que esté acompañado de un registro de canteras y de empresas de vialidad y su capacidad operativa.

En cuanto a electrificación rural, propone hacer los máximos esfuerzos para bajar los costos de inversión en obra civil y cumplir la meta del 100% de productores con servicio de energía eléctrica.

La tecnología más accesible

La conectividad telefónica y de datos es parte de la propuesta de CNFR, que demanda disminuir costos de conexión y uso, y mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios. Esto permitiría también «crear y adaptar nuevas aplicaciones, útiles a los sistemas de producción familiar».

En materia de infraestructura pública de uso privado a nivel local, la CNFR sostiene que es necesario «utilizar el sistema de fomento rural mediante contrato de servicios o convenios, como herramienta para canalizar recursos públicos prestar servicios y administrar inversiones del Estado en beneficio de los productores familiares», para lo cual se debe «adaptar y ampliar el modelo de asociación público – privado».

La organización de productores pone particular énfasis en «fortalecer y ampliar las funciones a nivel del MGAP, de la DGDR como la institucionalidad especializada y necesaria en materia de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar, y concomitantemente, para el desarrollo rural», aseverando que es necesario dotarla «de un mayor presupuesto».

Las propuestas también se centran en el fortalecimiento del Registro de Productores Familiares y en la capacitación permanente de productores y trabajadores rurales.

Sobre la comercialización de la producción, CNFR entiende indispensable «con la mayor convicción sobre su acierto, el mantenimiento y profundización» de las compras públicas a la producción familiar», manteniendo los sistemas diferenciales de acceso, y la simplificación de los mecanismos de compra, sin que se pierda la calidad de los controles.

Acerca de las acciones vinculadas a las políticas de género, CNFR propone implementar un programa de promoción y prevención de salud para la mujer rural; establecer un Sistema de Cuidados para el medio rural.

Los jóvenes rurales también están considerados en el Documento a los presidenciables. EN este sentido, las propuestas pasan por generar condiciones atractivas para el afincamiento de los jóvenes en el medio rural, estimular el empleo, fomentar sus emprendimientos, y facilitar el acceso a tierra, recreación, cultura, y deporte.

Financiamiento más a la mano

En referencia al acceso a financiamiento, para el conjunto de los productores pero especialmente para jóvenes y mujeres rurales, CNFR promueve se disponga de líneas de crédito de bajo costo, con tasas de interés con un componente de subsidio; la creación de fondos de garantía; la implementación de formas de pago que acompañen los ciclos biológicos y los momentos comerciales de los diferentes sistemas productivos; profundizar el rol del BRU como banco de fomento; y promover el mayor acceso al apoyo del FONDES.

Acerca de la política de tierras, entre otros puntos, propone una «política de Estado que ratifique y reconozca el papel del Instituto Nacional de Colonización como moderador del mercado de tierras y como herramienta estratégica que se ubica en las bases y fundamentos de todo el conjunto de políticas diferenciadas para la agricultura familiar» en este sentido.

El documento también incluye la creación de un sistema nacional multiinstitucional de transferencia de tecnología, en el capítulo referido a asistencia técnica y extensión rural.

Ante el riesgo climático, la propuesta es avanzar en la creación de «fondos de contingencia» que se puedan implementar en casos de crisis. Los seguros, además de contingencias climáticas, deberían tener en cuenta la afectación de la producción por plagas y enfermedades, y deterioro de los precios debido a trabas al comercio.

La conservación de los recursos naturales es un ítem en el que CNFR pone el énfasis. En este punto, se propone seguir avanzando en las políticas que estimulen la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas; la implementación del Plan Nacional de Agroecología; y el acceso a asistencia técnica directa y especializada para aquellos productores cuyas explotaciones estén ubicadas en áreas o cuencas frágiles desde un punto de vista ambiental.

La normativa

Según lo dispuesto por el artículo 311 de la ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, el 11 de noviembre de 2016 el MGAP promulgó una Resolución en la que determina los requisitos para que un productor sea categorizado como familiar.

De acuerdo a la Resolución, «Se considera Productor o Productora Familiar Agropecuario/a a toda persona física que gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria.

Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir los siguientes requisitos en forma simultánea:

a.- Realizar la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria con la contratación de mano de obra asalariada de hasta dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales no familiares de acuerdo con la equivalencia de 250 (doscientos cincuenta) jornales zafrales al año por cada asalariado permanente.

b.- Realizar la explotación agropecuaria de hasta 500 hectáreas, índice CONEAT 100, bajo cualquier forma de tenencia.

c.- Residir en la explotación agropecuaria, donde se realice la actividad productiva agraria, o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50 km.

d.- Que los ingresos nominales familiares no generados por la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria declarada sean inferiores o iguales a 14 BPC en promedio mensual».

Caracterización de la Producción Familiar

De acuerdo al análisis de técnicos y directivos de CNFR, «la producción familiar es un sector económico claramente definido e identificable por su participación en la economía del país; por su comportamiento; y por innumerables indicadores productivos, económicos y sociales».

Según el Registro de la Producción Familiar (RPF), implementado por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR-MGAP), al 2018 existían 21.206 registros activos de Unidades Productivas Familiares en todo el país, de las cuales 36.071 cuentan con la condición de Productor Familiar. Si tomamos en cuenta todos los integrantes del grupo familiar identificados en el RPF, suman unas 70.272 personas, con un promedio 3,1 integrante por grupo familiar, que mayormente ocupan su fuerza laboral en la explotación agropecuaria.

La producción familiar ocupa 1.421.165 hectáreas físicas, concentrando el 75% del área en Canelones, San José, Cerro Largo, Colonia y Lavalleja. La mayoría, 75% de los productores familiares, residen en su explotación donde realizan las actividades productivas con sus familias.

Una de cada tres es mujer

En el RPF el 36% son mujeres identificadas como productoras familiares. Por otro lado, el desglose por edad de los productores familiares no se diferencia proporcionalmente de los datos presentados para el Censo General Agropecuario, CGA. El estrato de productores familiares menores de 30 años ocupa el 7,8% del total de registrados, y al igual que la información expuesta anteriormente, 51,6% son mayores de 50 años. En este caso la edad promedio de los productores familiares es menor a la registrada en el CGA 2011 con 50 años de edad, visto que los totales relevados son mayores e involucran otros actores en el RPF.

CNFR entiende que el sector «ha sido y es generador de riqueza, empleo e ingresos para las familias rurales, y también, un protagonista de la vida social en el medio rural, con un papel relevante en la producción de alimentos. Contribuye no solamente a la seguridad alimentaria del Uruguay, sino también a sus exportaciones.

La producción familiar –en todas sus manifestaciones- significa una fuente de ingreso para la familia rural, y además, implica valores sociales, culturales y ambientales trascendentes. Es una forma de vida respetable y debe ser tomada en cuenta por las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por el Estado como un activo, muy importante para la sociedad uruguaya».

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