Endurecer el combate al crimen organizado, a la corrupción y a los delitos violentos son los puntos cardinales del nuevo plan de gobierno para la seguridad y la Justicia presentado la semana pasada bajo un aluvión de críticas de la oposiciónPolémicas medidas de Bolsonaro para combatir la violencia y la corrupción

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El paquete de medidas responde a uno de los principales estandartes de la campaña electoral de Bolsonaro que defendió mano dura contra corruptos y bandidos. El anteproyecto de ley, que propone 19 alteraciones de las leyes existentes, ha sido elaborado y presentado al Parlamento por una de las figuras más aclamadas del actual gobierno: el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Río de Janeiro, Sérgio Moro, anteriormente juez y responsable del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sentenciado por corrupción.

Más protección para los policías

Entre las medidas más polémicas figura la ampliación de las hipótesis en las que las acciones violentas de la policía puedan calificarse como legítima defensa. La ley actual exime de culpa al agente que use «moderadamente los medios necesarios» para defenderse de una «agresión actual o inminente». Moro propone alterar este apartado del Código Penal para eximir de culpa al policía que se exceda en sus funciones, siempre y cuando sea para adelantarse y prevenir cualquier agresión.

El cuerpo policial de Brasil está considerado como uno de los más violentos del mundo. De acuerdo con los últimos datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la policía mató en 2017 a 5.144 personas, del total de 63.880 homicidios registrados en este año. La policía de Brasil también es una de las más expuestas a la violencia, con 367 fallecimientos de agentes durante este periodo, pero la permisividad de acciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad viola las normas nacionales e internacionales según argumenta el Instituto Carioca de Criminología (ICC).

Penas más estrictas para organizaciones criminales

El crimen organizado es hoy uno de los principales desafíos para la política de seguridad brasileña. En la ley actual, se considera como grupo criminal a la reunión de cuatro o más personas para obtener beneficios de infracciones practicadas. Moro propone ampliar esta categorización y añade cualquier asociación que «se valga de violencia o de intimidación para adquirir, de modo directo o indirecto, el control sobre una actividad criminal o económica» y cita como ejemplos el Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho o las milicias, entre otros.

Prisión obligatoria tras condena en 2ª instancia

El paquete de propuestas incluye prisión directa para todos los condenados en 2ª instancia aunque les resten vías de recurso disponibles. Actualmente la Constitución brasileña establece que nadie es considerado culpable hasta la conclusión de su proceso de sentencia, no obstante en 2016 la Corte Suprema (Tribunal Superior Federal, TSF) abrió una brecha para que la Justicia determinase si ciertos presos deberían ingresar en prisión y comenzar a cumplir la pena aunque no hayan agotado sus posibilidades de recurrir la decisión.

A la espera de que el TSF votase y tomase una posición definitiva sobre este parecer, Moro, en sus antiguas funciones como juez, sentenció en abril de 2018 a Lula como culpable por corrupción y dictaminó -entre acaloradas polémicas- su encarcelamiento tras la sentencia en 2ª instancia sin esperar a los resultados de los recursos disponibles. Ahora, Moro pretende que la prisión tras la segunda sentencia se convierta en ley y se aplique a todos los condenados.

El anteproyecto de Moro también pretende incluir en el derecho brasileño la vía de la negociación para conceder beneficios a los delincuentes que confiesen su culpa, proceso conocido como ‘plea bargain’ en el sistema estadounidense, y que el ICC considera como una depreciación de los procedimientos del sistema de Justicia actual. Otra de las novedades podría ser la creación de la figura del «buen delator», que denuncia un crimen en el que él no está implicado, y a cambio recibe protección y una recompensa del 5% del valor recaudado, en casos en los haya en juego fondos desviados.

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1 comentario
  1. jorge dice
    Polemicas? que tienen de malo? viva la pepa.

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