Tercer Informe Hemisférico de Belém Do ParáPaíses latinoamericanos destinan apenas 1% de sus presupuestos a combatir la violencia de género

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Los países de América Latina apenas destinan 1% de sus presupuestos a erradicar la violencia contra las mujeres, advirtió la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (Mesecvi), Sylvia Mesa Peluffo, al dar a conocer el Tercer Informe Hemisférico sobre su aplicación, que se hizo con la cooperación del gobierno de Panamá.

Durante el lanzamiento del documento en el marco del Día Internacional de las Mujeres en la sede de Naciones Unidas (ONU), Peluffo, también presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Costa Rica, destacó que es fundamental que los gobiernos de la región aumenten los recursos destinados a ese fin. Antigua y Barbados, que es el que más destina, llega al 4,6% anual, y hay países donde el aporte es prácticamente nulo. El gasto público de Ecuador es de 0.910% y el de México de 0.030%, en tanto que en Argentina es de 0.004%.

De todos los países que conforman las Américas, solo el 75% proporcionó datos para este tercer informe. Peluffo lamentó que el 25% no lo hiciera (Bahamas, Belice, Brasil, Dominicana, Guyana, Haití, Nicaragua y Santa Lucía).

En el informe se midieron las marcas normativas, la transformación de la estructura del Estado para eliminar los esquemas administrativos y jurídicos basados en género y la discriminación contra las mujeres, así como los esfuerzos del Estado por capacitar y formar en materia de derechos humanos de las mujeres a quienes componen su estructura y a la sociedad civil.

De 24 Estados que respondieron a los indicadores, el 30.84% cuenta con alguna disposición legislativa relativa a la erradicación de conductas basadas en la subordinación o inferioridad de las mujeres; 14 países tienen leyes o políticas públicas para la prevención de la discriminación, entre ellos México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Granada, Honduras, Uruguay y Venezuela.

Pese a la grave violencia femicida que se enfrenta en la región solo en 17 países hay leyes que contemplan el delito de femicidio, y apenas ocho reportaron el número de procesos con sentencia.

En lo referente a las legislaciones para la atención de la diversidad en las mujeres, ocho países tienen leyes de salud mental dirigidas a su protección: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Trinidad y Tobago.

Un módulo del Informe Hemisférico se enfoca en la ejecución e implementación de planes, estrategias y/o acciones nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como la incorporación de la perspectiva de género en ellos.

También se midió la existencia de políticas públicas para erradicar los estereotipos de género en la educación: solo 11 de 24 Estados participantes presentaron su información al respecto; apenas seis aportaron datos sobre la revisión curricular de todos los niveles educativos, para la disminución y prevención de todas las formas de discriminación y el empoderamiento de las mujeres o la erradicación de estereotipos.

Fortalecer la realización de informes de monitoreo y asimilar su importancia para la elaboración y mejora de las políticas, públicas es una tarea pendiente en la región.

En relación con el funcionariado que desempeña puestos que tienen interacción directa con mujeres afectadas por violencia, solo el 37% de los 24 países reportó el número de personas ocupadas en esta labor, cifra que refleja la insuficiencia para la atención. Un ejemplo es la oficina de violencia doméstica de Argentina, donde 160 trabajadores atendieron 33 mil 569 casos.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que participó como otras organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Tercer Informe Hemisférico, incluyó tres ejes temáticos: la situación de las niñas madres, el acceso a la justicia y un panorama sobre el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos, concluyendo que corresponde a la sociedad civil incidir para que los Estados prioricen la prevención sobre las sanciones.

En Uruguay, en lo que va del año 2018 (menos de tres meses) se registran siete femicidios y otros dos continúan en investigación. Uno cada 11 días; los perpetradores fueron parejas o exparejas de las víctimas.

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