Otra debilidad del sistema educativo: la rehabilitación de los presos

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La educación a distancia con sus diversas especificidades es la modalidad de enseñanza más eficiente para las personas privadas de la libertad y dentro de ellas la virtual al interior de un campus virtual cerrado. Todos los intentos e iniciativas de educación formales, tutoriales o con salidas transitorias vigiladas para la población carcelaria son costosas, muy limitadas, desordenadas, parciales y redundan en baja calidad. Este “dato” de la realidad educativa se basa en muchas experiencias en la región, y personalmente lo reafirmé hace unos años cuando dirigí un proyecto Alfa de investigación con financiamiento de la Unión Europea a través de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa (UDE), cuando impulsamos un conjunto de estudios sobre la materia, un espacio de reflexión en el ámbito parlamentario y un programa de formación presencial en la cárcel de Punta Rieles con múltiples visitas y actividades con capacitaciones en microemprendedurismo para un grupo de presos. 

Varias sesiones de discusión en el Parlamento y un libro que se presentó con la propia participación del propio Bonomi, que reúne múltiples investigaciones conexas sobre la realidad carcelaria, los procesos de rehabilitación educativos y el análisis de las experiencias, me reafirmaron ya para el 2012 la imprescindible necesidad de impulsar una formación a distancia para la capacitación de la población carcelaria. En tal sentido, muchas de las iniciativas actuales, muy loables, carecen sin embargo de la eficiencia, la centralidad y los apoyos que se requieren y que solo en el ámbito virtual se alcanzan en esos contextos. 

E incluso, si una estrategia educativa virtual se pretende desarrollar desde las instituciones presenciales, que pretendan asumir las dos áreas en las cuales no tienen competencias, o sea enseñar a distancia y enseñar a una población privada de libertad con determinadas características sociales y culturales, tiende al fracaso y al derroche de recursos. Cada población o segmento social tiene una demanda educativa particular y, para este caso, sólo podrá cubrirse con una educación virtual, con instituciones, docentes, recursos de aprendizaje, sistemas de gestión y programas especializados en esta modalidad. En fin, requiere una institución especializada en la educación a distancia, y mientras ello no se cree en el Uruguay, la formación de la población carcelaria será incompleta, minúscula, con baja eficiencia y sin alcanzar resultados significativos a la escala del nivel del problema de reinserción de esta población. El análisis de la rehabilitación necesaria de la población carcelaria es una muestra clara de la necesidad de encarar la creación de una institución de educación a distancia, y especialmente para educación media y superior. 

Con 10.245 presos a enero del 2019, el 62% de las personas que anualmente salen de las cárceles -que son unas 2.000 normalmente- vuelven a ser detenidas por la realización de nuevos delitos. Esta alta reincidencia probablemente puede ser incluso aún superior, ya que es difícil saber a priori cuántos del 28% restante de los que salen anualmente son también reincidentes en la realización de delitos, por lo que podemos asumir que la inmensa mayoría de las personas que salen de las cárceles siguen en el mundo del delito y que la rehabilitación, que es el objetivo del sistema carcelario, no se efectúa. Con 321 presos por cada 100.000 personas Uruguay es uno de los países con mayor población carcelaria per cápita, pero es uno de los países con menos reintegración efectiva a la sociedad, por una enorme falla en los procesos de educativos de rehabilitación que se basan claramente en la adquisición de competencias laborales – más allá de las sociales y morales – para poder reinsertarse en un rol productivo y no nuevamente en el delito.

La política de seguridad es en toda su amplitud una política educativa. Por un lado en la dotación de competencias especializadas al personal policial y militar, y por el otro lado, una educación que cree competencias en actividades no delictivas. 

El ciclo de la seguridad se basa inicialmente en acciones de prevención, posteriormente en un sistema de justicia y castigo o sanción judicial y finalmente en una posterior rehabilitación carcelaria o no en función de la dimensión de la falta o delito y de lo dispuesto en las leyes. Por ello es un tema que está íntimamente asociado al sistema de educación, y una crisis de la seguridad es derivada indisolublemente de las carencias y debilidades del sistema educativo. No hay una sin otra, si se espera romper el ciclo vicioso que se repite y se amplía a medida que las cárceles se han vuelto escuelas del delito.

Ello ha sido muy lentamente entendido en lo conceptual y el tema educativo ha comenzado a estar presente en la política carcelaria, pero es encarado desde un enfoque parcial y desde una pedagogía limitada. El personal de seguridad y defensa se forma en instituciones de un nivel no superior y la población carcelaria no se rehabilita en la profundidad que se requiere en las posibilidades tecnológicas que existen. 

La sociedad, a través de la legislación, ha establecido una normatividad para impulsar la escolarización de la población carcelaria muy generosa por la cual se redime en un día de condena por cada dos jornadas de seis horas de estudio. 

La población carcelaria en Uruguay es fundamentalmente de hombres que no han ni terminado la primaria, coincidentes con los que abandonan las estructuras educativas. El último Censo de Reclusos del 2010 mostraba que 40% tenían primaria como máximo, 32% algo de enseñanza media, 9% formación técnica y 2% de estudios terciarios. En este sentido, el delito esta también asociado a la educación, a su abandono y a su capacidad de crear competencias y habilidades.

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