Ominosos resabios de la impunidad

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La fulminante destitución de la cúpula del Ministerio de Defensa Nacional y de seis generales, entre ellos el propia comandante en Jefe del Ejército, José González, que había asumido hace apenas dos semanas en reemplazo del también removido Guido Manini Ríos, desató una auténtica tormenta política.

El motivo de la drástica medida fue el fallo que homologó las actas del Tribunal de Honor que juzgó la conducta de notorios represores de la dictadura, como es el caso de José Gavazzo.

En los controvertidos textos, que insólitamente no fueron cuestionados en el curso del trámite que concluyó con la firma del propio Vázquez, Gavazzo admitió -explícitamente- que procedió a la desaparición del cuerpo del asesinado tupamaro Roberto Gomensoro, en marzo de 1973.

La primera reflexión que merece el caso, que ahora aflora inesperadamente a la visibilidad pública, es que Gomensoro fue ultimado y desaparecido tres meses antes del golpe de Estado que derribó las instituciones en la madrugada del 27 de junio de 1973.

Aunque no se trata del único crimen perpetrado por los militares antes de la disolución de las cámaras, este episodio confirma, una vez más, que las violaciones a los derechos humanos precedieron a la instalación formal de la dictadura.

En efecto y contrariamente a lo que afirma el discurso de la derecha, desde 1968 regían serias restricciones a las libertades públicas, había detenciones arbitrarias, se asesinaba a estudiantes en las calles y se torturaba a los presos políticos.

Esa ofensiva represiva, que tuvo su primer pico durante el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco, cobró una nueva y dramática dimensión a partir de la promulgación de la Ley de Seguridad del Estado 14.068, de julio de 1972, que, con los votos de blancos y colorados, entregó literalmente el poder a los militares. Ese fue el primer golpe de Estado perpetrado por el luego dictador Juan María Bordaberry y el contubernio reaccionario integrado por los partidos tradicionales.

En lo sucesivo, los uniformados contaron con impunidad para cometer toda suerte de tropelías y los civiles opositores al régimen fueron sometidos y hasta juzgados por tribunales militares, en lo que constituyó una grosera trasgresión  a la Constitución de la República.

Aunque los autores intelectuales de estos delitos fueron militares, tan o más responsables que ellos fueron los civiles que integraban el Poder Ejecutivo de la época y quienes levantaron la mano para sancionar una norma que convalidó un estado de excepción en cuyo marco se violaron groseramente los derechos humanos.

Aunque el segundo golpe de Estado fue la ruptura institucional de junio de 1973, hubo un tercer golpe de Estado en plena democracia tutelada -que tuvo también como protagonistas a los blancos y los colorados- con la sanción de la Ley de Caducidad 15.848, del 22 de diciembre de 1986.

Como es notorio, ese texto normativo operó como paraguas para amparar a los represores uniformados que perpetraron todo tipo de aberraciones durante la noche autoritaria.

En el transcurso de casi veinte años, la ley fue defendida a capa y espada por sus autores materiales e intelectuales, quienes, pese al tiempo transcurrido y a su notorio fracaso, no han cesado de lisonjearla.

Por supuesto, la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, permitió la reapertura de cientos de expedientes penales que estaban archivados, la apertura de nuevas causas y el procesamiento de notorios represores, entre ellos José Gavazzo.

Pese a que aun quedan cientos de casos por ser dilucidados, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, la Justicia no tiene cortapisas ni restricciones para investigar y dictar condenas.

Un concluyente testimonio de ello es que, hace apenas dos meses, a pedido del fiscal Ricardo Perciballe, fueron procesados otros dos militares imputados de delitos perpetrados en el Batallón de Ingenieros Nº 4 en Laguna del Sauce, durante la dictadura.

Los dictámenes judiciales se aplicaron en el ámbito de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que, como se sabe, fue creada el año pasado.

La destitución de los militares por parte del presidente Tabaré Vázquez, generó insólitas reacciones por parte de referentes del Partido Colorado y el Partido Nacional, colectividades hermanadas por el apoyo a la impunidad.

La más increíble es la del ex presidente y actual precandidato colorado Julio María Sanguinetti, quien calificó las confesiones del represor José Gavazzo como “horrorosas”.

Sus afirmaciones constituyen un auténtico desiderátum en materia de desfachatez, tomando en cuenta que Sanguinetti fue el presidente preferido por la dictadura y un auténtico paladín de la impunidad instalada en el país durante su primer gobierno.

Tan o más indigeribles fueron las reflexiones del precandidato blanco Luis Lacalle Pou, quien afirmó que “por una investigación periodística nos enteramos de hechos aberrantes que sucedieron en nuestro país”. Resulta inverosímil que alguien que aspira a presidir el país, afirme que no estaba enterado de lo que todos los uruguayos medianamente informados sabemos que sucedió.

Hasta 2005, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, Gavazzo y otros criminales paseaban libremente por las calles de Montevideo como si fueran ciudadanos ejemplares. Obviamente, estaban amparados por una ley blanqui-colorada tan o más inmoral que los delitos que perdonó.

 

 

 

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2 Comentarios
  1. Bersuit Vergarabat dice
    LEEMOS: “Por supuesto, la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005”,DONDE DISCREPO PORQUE VOTE AL “ENCUENTRO PROGRESISTA”QUE A LA POSTRE: “EL SOCIALISTA VÁZQUEZ GANA LA PRESIDENCIA “En unas elecciones que resultaron históricas, ayer Tabaré Vázquez Rosas, oncólogo de 64 años, se convirtió en el primer presidente electo de izquierda en la vida política de Uruguay, poniendo fin a 174 años de bipartidismo”. LUEGO: “permitió la reapertura de cientos de expedientes penales que estaban archivados, la apertura de nuevas causas y el procesamiento de notorios represores, entre ellos josé Gavazzo, INCLUSO AL “goyo”etc.”Pese a que aun quedan cientos de casos por ser dilucidados, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, la Justicia no tiene cortapisas ni restricciones para investigar y dictar condenas”, PERO…. PERO TODO ELLO QUEDA PARADO EN EL TIEMPO POR LA MURALLA QUE ESTA TODAVIA EN LA SUPREMA CORTE, LEVANTADA POR 4 MINISTROS.ETC.
  2. ugo codevilla dice
    El escándalo tiene valor de campaña. Gavazzo hoy Amodio ayer. Lo cierto es que Gavazzo dijo lo que dijo frente a un tribunal militar insensible que ha vivido 34 años bajo el paraguas de la impunidad. La confesión le produjo cosquilla como el esfuerzo civil por inhumar a los desaparecidos. Lo trágico es que pasado octubre, las aguas volverán a su cauce y el ejército (uno inútil envalentonado por lo acontecido en Brasil) continuará llevándose parte del pastel presupuestal.

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