Argentina. Cladem: más de 3.000 menores de 14 años son obligadas a ser madresObligadas a ser madres: niñas violadas que no son amparadas por la ley ni el Estado

La semana pasada estuvo teñida de dolor e impotencia para las mujeres del mundo, de la región y principalmente para las mujeres argentinas.

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Una vez más el sistema, ese en el que el Estado está ausente, se ensañó con la inocencia y obligó a una niña de 11 años a ser madre, no por elección, -obviamente- sino como producto de una violación.

“Niñas obligadas a ser madres” tituló Página/12, lo que constituye una tortura, una marca que la niña en cuestión -oriunda de la provincia de Tucumán- llevará toda su vida.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), en su informe anual da cuenta que cada año, en Argentina, más de 3.000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres. Por lo general el camino que recorren común a todas ellas: son víctimas de abuso sexual y quedan embarazadas -muchas veces se enteran tarde, cuando las llevan al médico por un “dolor estomacal”- y luego son victimizadas por el sistema de salud, que les niega el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y a la fuerza les impone la obligación de ser madres, cuando aún juegan con muñecas.

Sin embargo, este caso desgraciadamente no es un caso aislado, se están repitiendo en el tiempo y en diferentes provincias del vecino país.

Según información consignada por Página/12, uno de los casos de maternidad forzada más recientes es el de la nena jujeña de 12 años que quedó embarazada luego de haber sido violada por un hombre de 60 años. Pese a haber solicitado la ILE, la intervención fue demorada lo suficiente como para someterla a una cesárea. Nació un bebé prematuro de 23 semanas que falleció días más tarde. El caso se convirtió en un claro ejemplo de vulneración de derechos: funcionarios provinciales difundieron datos clínicos y no respetaron su intimidad, sectores antiderechos realizaron un escrache en el hospital, dos centros de salud impidieron la interrupción amparada por el fallo FAL y, luego de la cesárea, hasta el propio gobernador Gerardo Morales dijo que una “familia importante” quería adoptar al recién nacido.

Recién después del escándalo público que generó ese caso, en ese mismo hospital jujeño se garantizó el derecho a ILE a otra nena de 13 años, violada por un hombre al que conoció a través de Facebook.

Las trabas para que una niña violada pueda acceder a una ILE no solo provienen del sistema de salud y el sistema judicial, sino también de sectores antiderechos que intervienen en espacios y momentos clave para obstaculizar el proceso. En San Juan, por ejemplo, en agosto del año pasado dos activistas antiderechos llegaron a hacerse pasar por médicos del Hospital Rawson, donde estaba internada una adolescente de 14 años con retraso madurativo y que estaba embarazada producto de una violación, para convencer a su madre a través de engaños para que no se llevara a cabo la ILE. Finalmente, como los profesionales del hospital garantizaron la práctica, los antiderechos denunciaron a los médicos que la realizaron.

En setiembre del año pasado, una niña de 11 años de la localidad cordobesa de Villa Dolores no pudo acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo por un amparo al protocolo de aborto no punible provincial presentado por la asociación civil Portal de Belén, que prohibía llevar a cabo estas prácticas en hospitales públicos de Córdoba. La práctica tuvo que realizarse en la Maternidad Nacional, que no se encontraba afectada por el amparo. Tras la repercusión de este y otros casos, en diciembre –luego de seis años de espera– el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de amparo del Portal de Belén y habilitó el protocolo de procedimientos para la práctica del aborto no punible.

EL DATO Antiderechos
Las trabas para que una niña violada pueda acceder a una ILE no solo provienen del sistema de salud y el sistema judicial, sino también de sectores antiderechos que intervienen en espacios y momentos clave para obstaculizar el proceso.

La legislación argentina
El equipo de salud debe asesorar y acompañar a quienes consultan respetando los derechos a la autonomía, la privacidad, la confidencialidad, el acceso a la salud, la información y la no discriminación. También debe realizar el procedimiento o proveer el medicamento apropiado (Misoprostol) sin demoras innecesarias.
Para acceder a la interrupción legal del embarazo no se requiere presentar una autorización judicial. En caso de violación (ya sea por la pareja, un conocido o un extraño), solo se requiere una declaración jurada en la que manifieste que el embarazo es producto de una violación. No se necesitan pruebas ni denuncia policial y/o judicial.
Para acceder a la práctica sí se requiere el consentimiento informado.
Estos casos, contemplados por la ley, son “no punibles”. Esto quiere decir que ni la mujer ni el/la médico/a que realiza el procedimiento pueden ser denunciados/as ni sancionados/as.

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