#OpiniónNuevo contexto del financiamiento de la educación superior en la región

En la última década la problemática del financiamiento de la educación superior pública había salido de la agenda política en América Latina dada la relativa holgura de recursos y el aumento de transferencias a las Universidades, asociado a la expansión económica casi generalizada y el crecimiento de los recursos fiscales.

Fue la época de oro del crecimiento del gasto público en educación en todos los países y particularmente en educación superior.

Sin embargo con el inicio de las restricciones económicas desde los años 2015 en adelante se ha comenzado a replantear un relativo regreso a un contexto de limitaciones con las tensiones de antaño entre las demandas de recursos adicionales por parte de las universidades públicas y la disponibilidad real de recursos públicos de los Estados.

Ello es dominante casi sólo en América Latina por la tradicional gratuidad indiscriminada y la relativa ineficiencia en el uso de los recursos en el ámbito universitario, que se han ido imponiendo en la región con los años, enfrentándose a limitaciones de seguir aumentando los recursos para cubrir esas realidades incluso agudizadas por incremento de nuevos estudiantes.

Han desaparecido las viejas holguras económicas en la mayor parte de los países de la región como resultado de la caída de los precios de las materias primas, la caída de la inversión y de las remesas, el exceso de gasto e incluso el aumento del endeudamiento externo, incentivados aún más por los déficits fiscales acumulados.

Pero si ya estábamos frente a relativas restricciones al incremento de los gastos en educación superior, con la pandemia y el enorme impacto económico en este 2020 tal situación se agravó y se plantea claramente no simplemente la restricción de recursos para seguir aumentando los abultados presupuestos universitarios, sino la capacidad misma de mantener los gastos de la época de auge económico donde el gasto educativo en todas partes alcanzó dimensiones significativas, incluso superiores a algunos países en desarrollo en términos relativos.

Entramos así de lleno en toda la región, y sin ninguna excepción, en una fase de ajustes fiscales y presupuestales, así como de gastos familiares en la educación superior y con ello en la agudización de las contradicciones y tensiones en curso previo.

En este contexto se está retomando la discusión sobre el financiamiento de la educación superior en América Latina, tanto en el sector público como referimos, como en el sector privado que por su parte está sufriendo una crisis derivada de la reducción de la matrícula, la caída de los aranceles y la pérdida de estudiantes que buscan transferirse a las universidades públicas.

En el sector público estamos viendo una reducción de los montos reales transferidos desde los Gobiernos a las universidades, en Ecuador, México, Honduras, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Panamá y Cuba, entre otros. En otros casos ello se está procesando a través de reducciones en términos reales mediante procesos inflacionarios como en Argentina o Venezuela.

En casi todos se han achicado las becas, y especialmente en Brasil. En general en educación el ajuste dominantemente se está produciendo inicialmente en las áreas de inversión, de becas y de investigación, que son a la vez las áreas donde se había innovado en el financiamiento en base a resultados, en fondos competitivos o en otras modalidades similares y por ahora se han limitado los impactos salariales a los profesores permanentes y a los administrativos.

En el sector privado, los problemas vienen desde el lado de la reducción de los gastos de las familias, en tanto estas cambian sus decisiones respecto a sus patrones de consumo.

La elasticidad de los ingresos familiares sobre la demanda educativa no es directamente proporcional en todos los casos, pero está impulsando una reducción de las capacidades de pago y de la demanda.

Aunque en algunos casos se pueda dar una mayor propensión al gasto educativo familiar, gracias a una alteración de la estructura del gasto de consumo e inversión y al des-ahorro de los ingresos generados para su transformación como inversión en capital humano, a mediano plazo sin embargo veremos una caída del gasto y de la demanda con impactos en las universidades privadas en términos de empleos, salarios y aranceles, y sin duda de flexibilidad de oferta a una mayor propensión a ofertas híbridas, cuando no lamentablemente de cierre de instituciones.

Estamos frente a un problema de escasez relativa de recursos (público y privado), que abre una discusión sobre las prioridades del gasto en la política, en las formas de asignación a las universidades, en los niveles de eficiencia en los gastos, en el origen de los fondos, en la medición de sus resultados.

El debate se pondrá nuevamente en la selectividad en el acceso al sector público, o en buscar mecanismos para garantizar los recursos y fijar un porcentaje del producto o del presupuesto nacional más allá de las realidades de caída de los ingresos públicos.

Otros enfoques se centrarán en cómo generar recursos adicionales por parte de las instituciones de educación superior, alcanzar ahorros, establecer prioridades o realizar reajustes en el uso de los recursos.

Sin duda, algunos promoverán utilizar los soldados estudiantiles. Otros más realistas deberán pensar en cobrar en los posgrados, congelar las becas internacionales, mantener gratuidad a quienes no aprueban en tantos años las carreras o, si repiten tantas veces las asignaturas, si no se debería reducir la carga presencial docente en los cursos y aumentar el peso de componentes virtuales de autoaprendizaje, y sin duda reducir los profesores de tiempo completo con bajas cargas de docencia, establecer ciclos generales por áreas y departamentalizar las estructuras académicas.

Es tiempo de decidir frente a la frase del Che Guevara: «seamos realistas, pidamos lo imposible» o tener capacidad de entender los difíciles tiempos y ajustarse el cinturón. Alcanzar más calidad es también más eficiencia.

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