Negociación Colectiva en tiempos de pandemia

En junio del 2020 vencieron la mayoría de los convenios colectivos acordados en la VII Ronda de Negociación Colectiva. Por tanto, este año corresponde una nueva negociación, la VIII desde que se retomó la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo en el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005, informaron a LA REPÚBLICA desde SIMA.

Los Consejos de Salarios fueron creados en 1943 a través de la Ley Nº 10.449, sin embargo, pese a existir el marco legal, no siempre hubo voluntad política para convocarlos por parte del Poder Ejecutivo.

Éstos no fueron convocados durante la dictadura cívico-militar y tampoco lo fueron en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1994), ni con el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-1999) y tampoco con el de Jorge Batlle (2000-2004). En el año 2005 se retoman bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2009) y en 2009 se promulga la Ley N° 18.566 que regula el marco de actuación de la Negociación Colectiva.

Se puede esquematizar la negociación colectiva en dos grandes componentes, uno vinculado a lo estrictamente salarial, es decir, a la fijación del salario mínimo por categoría laboral y por actividad y a su evolución durante el período de vigencia del convenio. Otro componente hace a las condiciones de trabajo dentro del sector de actividad, por ejemplo, la fijación de feriados sectoriales, régimen horario, capacitaciones, horas sindicales, licencias especiales por cuidados y muchas otras que hacen a las condiciones de trabajo, explicaron a LA REPÚBLICA desde el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA).

La propuesta del Poder Ejecutivo, en el marco de la actual coyuntura sanitaria y económica, es reducir la negociación a su mínima expresión centrándose únicamente en lo que refiere a la fijación salarial con una fórmula prácticamente universal para todos los sectores de actividad. Esta fórmula implica procesar una pérdida de salario real, que trae consigo, no sólo peores condiciones materiales para la reproducción de la vida, sino también mayores exigencias de trabajo al interior de los hogares.

El pretexto del contexto

Previo a la aparición de la Covid-19 y sus consecuencias, ya se avizoraba un marco diferente para esta gran ronda de negociación colectiva. En 2020 coincide el vencimiento de prácticamente todos los grupos de negociación, lo que hace que esta ronda tenga unas dimensiones muy importantes. Además, es la primera vez desde la reinstalación en 2005, que la representación del Poder Ejecutivo corresponde a un gobierno de coalición de derecha.

El pasado año la Organización Internacional del Trabajo falló a favor de la queja presentada por las cámaras empresariales e intimó al gobierno uruguayo a realizar algunos cambios regresivos para los y las trabajadoras en lo que hace a la negociación colectiva. Especialmente en lo que refiere a la ultra actividad de los convenios, es decir, que los acuerdos no salariales de los convenios caigan cuando vence el mismo, haciendo renegociar todas las conquistas en cada negociación. Si bien el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior no fue sancionado, es probable que el gobierno electo avance sobre esta materia en la brevedad, limitando el actual alcance de la negociación colectiva.

Por otro lado, fue sancionada la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada por el actual gobierno. La ley que modifica sustantivas y variadas políticas públicas que hacen al bienestar de la población -educación, vivienda, empresas públicas, entre otras-. Pese a que la LUC no profundiza en el ámbito de las relaciones laborales, sí introduce cambios que restringen el uso del espacio público y el derecho a huelga, herramientas de lucha para la clase trabajadora.

A este contexto político, se le agrega un panorama económico que no resultaba auspicioso previo a la llegada de la Covid-19, con previsiones de magras tasas de crecimiento y la firme promesa del gobierno electo de procesar un shock de austeridad sobre el gasto público. Esta promesa tuvo su primera demostración de realidad días antes de la declaración de la emergencia sanitaria con los recortes decretados al presupuesto público 2020, recorte generalizado a todos los incisos ministeriales.

Es sobre este escenario que se desata la pandemia, golpeando fuertemente la economía y el empleo y es bajo este marco que el gobierno presenta los primeros días de junio al Consejo Superior Tripartito los lineamientos propuestos para la VIII Ronda de Negociación Colectiva.

Los lineamientos del Poder Ejecutivo

Con la pandemia como motivo, las pautas buscan simplificar al máximo la negociación colectiva, promoviendo un esquema de cuasi homologación de los lineamientos a nivel de rama. Este mecanismo, que sólo se enfoca en la fijación de los incrementos salariales, inhibe el desarrollo de elementos que atiendan la nueva realidad de las trabajadoras/es, como lo son las nuevas condiciones del empleo y las nuevas y mayores exigencias de cuidado familiar impuestas por la emergencia sanitaria.

La propuesta consiste en un aumento salarial único de 3% a realizarse en enero/2021 o abril/2021 para aquellos sectores cuyos cotizantes a noviembre 2020 sean 90% o menos que los del 2019. Luego de la sugerencia del PIT-CNT de considerar especialmente a los salarios sumergidos de la economía, la propuesta contempló, para los salarios menores a $U22.595 nominales, un aumento de 4% en vez de 3%.

En ambos casos, esta propuesta implica una caída del salario real desde el día uno del convenio, ya que supone una espera de 6 o 9 meses para obtener el primer aumento salarial, siendo que los precios de los bienes y servicios que consumimos aumentan cada día. Ante un escenario donde la inflación ha aumentado considerablemente su ritmo, esta pérdida de poder de compra puede ser bien importante y esto repercute inmediatamente en las condiciones materiales para el desarrollo de la vida. Esto es especialmente difícil para aquellas personas con bajos salarios ya que la pérdida de poder adquisitivo se traduce muy probablemente en la renuncia a la satisfacción de ciertas necesidades.

Las pautas no sólo implican pérdida salarial desde el inicio, sino que obliga a que las/os trabajadoras/es asuman el 100% de la caída del producto bruto interno (PIB) a través de una reducción en el correctivo final del convenio en esta magnitud. Esta propuesta, sin una pauta clara de cuáles serán las condiciones que permitan la recuperación ni cómo se procesará, implica sin duda un avance del capital sobre el trabajo.

Una crítica compartida por las cámaras y el PIT-CNT es que se tome el PIB nacional como indicador para todos los sectores, siendo que existen sensibles diferencias entre estos. Para aquellos sectores que experimentaron subas, ¿estas serán trasladas también a las/os trabajadores? Además, es posible cuestionar que se considere lo que le pasó a la economía en el 2020, año para el que se espera una caída del orden del 3,5%, siendo que el convenio abarca el primer semestre del año 2021, año para el que se espera crecimiento del producto cercano al 4%.

La propuesta de pérdida salarial se hermana con la premisa de que existe una tensión entre empleo y salario real. Entonces, si las/os trabajadoras/es van a sacrificar poder de compra para sostener el empleo, esto debería estar respaldado con alguna medida concreta y contundente que garantice la mantención del empleo. El mecanismo presentado por el gobierno es subsidio de $u 5.000 durante tres meses a las empresas que reincorporen trabajadoras/es a su plantilla o que tomen personal nuevo. Este subsidio, que captará directamente el empresario, será muy bienvenido para aquellos que ya planeaban retomar o contratar trabajadoras/es, pero puede no ser incentivo suficiente para aquellas empresas que se encuentren en dificultades.

No debemos olvidar que el salario es una relación social y representa en qué medida las/os trabajadoras/es logran apropiarse del producto de su esfuerzo. Estas reconfiguraciones de la negociación colectiva impactan sobre la puja entre capital y trabajo por la apropiación de ese valor generado. ¿Cómo se revertirá esta pérdida salarial cuándo la economía se recupere? Por otro lado, no a todos los sectores les va mal en las crisis, sino que existen oportunidades sectoriales específicas que hacen que algunos sectores estén mejor. En estos casos, de aplicarse estos lineamientos, el capital avanzará sustantivamente sobre el trabajo, ya que a un sector en crecimiento se le aplicarían unas pautas regresivas.

La industria farmacéutica como ejemplo

La industria farmacéutica constituye un ejemplo de un sector que no sólo no se ha visto paralizado por la emergencia sanitaria, sino que tiene condiciones para desarrollarse favorablemente. Esta industria muestra un crecimiento ininterrumpido desde el año 2003 hasta la actualidad, tanto en el volumen de medicamentos generados, como en su valor. Esto último es debido a que los precios a los que los productores venden los medicamentos han aumentado sistemáticamente desde entonces.

Estas condiciones sectoriales, junto a condiciones políticas específicas, como un sindicato fuerte -SIMA- y un buen diálogo de negociación con las cámaras empresariales -CEFA y ALN- permitieron al sector crecer y mejorar condiciones laborales, tanto en lo salarial como en las condiciones del empleo.

Pese a este crecimiento y a que el SIMA logró posicionarse con un acuerdo que mejoraba los lineamientos propuestos por el entonces gobierno de Vázquez en la VI Ronda de Negociación Colectiva (2016), el valor producido por la industria desde entonces aumentó por encima de estas conquistas. El resultado de esto, es que, en la distribución del valor generado, los empresarios se apropiaron de mayor proporción de valor que los/as trabajadoras/es.

En números gruesos podemos decir que del 100% del valor producido en un año, una parte se la apropian los trabajadores/as (masa salarial) y la otra los empresarios (excedente de explotación). En el año 2003, en momentos de crisis económica y sin consejos de salarios, este reparto fue de 40% para los y las trabajadoras y 60% para los empresarios. Dadas las condiciones económicas sectoriales y políticas de los años siguientes, el trabajo logró avanzar alcanzando su pico máximo de apropiación de valor en el año 2014 con 64% del valor generado. Luego, con un contexto de negociación más adverso, comenzó un descenso sostenido que llevó a que en 2019 los empresarios lograran apropiarse de niveles similares al 2003.

Este sector no fue perjudicado por la Covid-19, por el contrario. La pandemia hizo aumentar los precios de venta de estos productos, a su vez que creció la demanda, hecho que repercutió en mayores niveles de producción en relación al pasado año. De aplicarse los lineamientos del Poder Ejecutivo en este sector, se generarán innecesarias e injustas pérdidas salariales para los y las trabajadoras y se perderá la posibilidad de avanzar en la mejora de ciertas condiciones de trabajo. Por ejemplo, acuerdos a nivel de rama que contemplen el empleo con la reproducción de la vida, en un sector donde la mitad de las trabajadoras son mujeres y donde en el 60% de los hogares hay menores de edad a cargo.

Los hogares como espacio de contención

Conviene tener muy presente que las implicancias del deterioro del salario real, no sólo se traducen en menor capacidad de compra, sino que implican un mayor desgaste en la economía doméstica ya que ese menor ingreso debe ser compensado a la interna con mayor tiempo de trabajo reproductivo. Esto ocurre en un momento donde los hogares y las redes comunitarias ya se encuentran sobrecargadas por las mayores exigencias impuestas por las medidas sanitarias, y donde el gobierno empezó, a días de asumir, a mostrar las primeras señales de recorte en la provisión social del Estado. Recorte que tendrá en la Ley de presupuesto su expresión culmine.

Esta forma de procesar el reajuste para recomponer el sistema productivo supone un robustecimiento de la gestión y el trabajo doméstico como mecanismo compensatorio, lo que se traduce directamente en una todavía mayor sobrecarga de trabajo para las mujeres, principales responsables de los cuidados vitales.

La emergencia sanitaria ha dejado en evidencia que el capital necesita el trabajo vivo para reproducirse y que las personas somos interdependientes y también precisamos del trabajo vivo de otras/os para el desarrollo de nuestras vidas. Aunque éste se trata quizás del momento más exigente para conciliar el empleo con la vida cotidiana y donde las formas del empleo han cambiado radicalmente, estos aspectos, centrales para el quehacer de la vida, no se ponen sobre la mesa en la negociación colectiva. Es importante volver a insistir ya que son elementos constitutivos de nuestras condiciones vitales.

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