Hugo Acevedo, AnalistaLos secuaces del poder imperial

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En 1992, el cineasta argentino Fernando «Pino» Solanas estrenó «El viaje», un desafiante alegato político que denunciaba los estragos provocados por las devastadoras políticas neoliberales de los gobiernos de derecha en la década del noventa en América Latina y la inmoral y recurrente injerencia del imperialismo, que prolongaba el drama de la guerra fría.

En esa controvertida película -que destacaba por su valentía y frontalidad- el agudo realizador cinematográfico imaginaba irónicamente una organización internacional denominada OPA (Organización de Países Arrodillados), obsecuente hasta el hartazgo con el poder hegemónico liderado desde Washington.

Obviamente, la OPA era una ácida parodia de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, salvo excepciones, ha sido históricamente cómplice y una herramienta política funcional a los intereses y apetitos neocoloniales de los Estados Unidos.

No en vano, el 31 de enero de 1962, en una reunión celebrada en Punta del Este, la OEA acordó la expulsión de Cuba, con el voto de gobiernos americanos lacayos de los Estados Unidos.

La resolución se inscribió en el paquete de acciones tendientes a aislar al país socialista y, obviamente, en el marco del bloqueo emprendido contra la revolución liderada por Fidel Castro.

Si bien este episodio se registró hace ya 57 años, los acontecimientos recientes relacionados con la situación de Venezuela, corroboran, en forma absolutamente inequívoca, que el organismo interamericano sigue operando como un dócil peón de los norteamericanos en el ajedrez geopolítico regional.

En efecto, con la secretaría general del ex canciller uruguayo Luis Almagro, la postura de la OEA se parece mucho a la del pasado, en un contexto histórico lamentablemente no demasiado diferente.

La gestión de Almagro, que en diciembre pasado fue expulsado del Frente Amplio con el voto unánime de los miembros del Plenario Nacional, ha resultado una auténtica decepción.

El diplomático se ha transformado en un feroz enemigo de Venezuela y ha avalado, en flagrante complicidad, las inverosímiles posturas belicistas del gobierno norteamericano.

Esa actitud de rastrera obsecuencia ha sido bastante más notoria desde la inauguración de la administración de Donald Trump, al punto que el funcionario ha exhibido posiciones bastante ambiguas con respecto a la grave amenaza de una eventual invasión estadounidense al flagelado país sudamericano.

Resulta muy notorio que el agresivo discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no descartó la posibilidad de emprender acciones militares contra la República Bolivariana de Venezuela, supone un abrupto retroceso de los relojes de la historia a los tiempos pretéritos de la denominada guerra fría.

Los reiterados anuncios, que recrean los fantasmas del pasado, confirman que el poder unipolar está operando fuertemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro e imponer un gobierno títere en la patria de Simón Bolívar, para apropiarse de sus cuantiosas reservas petroleras.

El riesgo es que Venezuela se transforme en una nueva Libia o en un nuevo Irak, dos casos donde la opción militar operó como instrumento de los intereses económicos corporativos.

Tan o más paupérrima es la actitud de la derecha uruguaya, apoyando la insólita auto-proclamación de Juan Guaidó como apócrifo presidente de Venezuela y eventual encargado de conducir una transición política hacia nuevos elecciones.

El apoyo del Partido Nacional y el Partido Colorado y sus socios del bloque conservador a ese cipayo secuaz del intervencionismo, constituye ciertamente toda una contradicción con sus recurrentes gárgaras de presunta vocación democrática.

Aunque sea el titular del parlamento venezolano, ello no otorga a Guaidó, mal que les pese, la legitimidad para ser proclamado presidente de un país que tiene un gobierno constituido.

En consecuencia, la deplorable oposición uruguaya está apoyando a un mandatario de facto y con su actitud -que es a todas luces irracional- convalida una suerte de virtual golpe de Estado.

Evidentemente, el pasado los condena. Como se recordará, durante la dictadura referentes blancos y colorados colaboraron con el gobierno autoritario y, en la posdictadura, votaron una ley que consagró la impunidad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los usurpadores uniformados.

Paralelamente, estos señores -que de demócratas no tienen nada- están adhiriendo a la postura de Washington y, con su silencio cómplice, avalan indirectamente una eventual agresión militar.

Sin embargo, se permiten la osadía de criticar la tesis del gobierno uruguayo, que convoca -como corresponde- a los actores políticos a participar en una solución negociada en Venezuela. Esta propuesta sí es acorde a nuestras mejores tradiciones en materia de política exterior.

La clave es reivindicar el principio de no intervención consagrados por el Artículo 2º de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que ha sido reiteradamente violado y groseramente ultrajado por el imperialismo yanqui y sus aliados.

Cualquier otra opción que se aparte de esa premisa, es, por supuesto, abiertamente ilegal y contraria a las más elementales normas en materia de derecho internacional.

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