#OpiniónLos nuevos concursos judiciales

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Las reformas estructurales del Frente Amplio han llegado para quedarse. Algunas de ellas desapercibidas, escasamente publicitadas, pero que han significado cambios profundos que muchas veces pasan inadvertidos.

Las reformas de los procesos concursales han sido uno de ellas. Cambios radicales para las empresas que se encuentran en dificultades fueron discutidos con todos los actores relevantes de la sociedad, consensuados y presentados como proyectos de ley desde los años 2005 al 2008.

Se actualizó y se profundizó -bajo otras bases- una vetusta y maquiavélica legislación del siglo XIX con algunas tímidas reformas a principios de 2000, cuya consecuencia inmediata era decretar -sin más- la muerte comercial de las empresas, y civil de los empresarios. Todo cambió y para bien.

Antes hablábamos de quiebras, concordatos preventivos, concurso civil, liquidaciones judiciales, moratorias, cada uno de ellos con un procedimiento judicial engorroso, tortuoso en el tiempo y que brindaba casi nulas salidas a la empresa que se encontraba en cesación de pagos.

Hoy hablamos de un solo proceso llamado CONCURSO que tiene un procedimiento común y simplificado y que permite dar opciones para estimular tanto al deudor como al acreedor a encontrar las mejores soluciones.

El objetivo es viabilizar a las empresas que tienen dificultades económicas y/o financieras para que puedan continuar con sus actividades o en caso de que éstas sean inviables realizar una liquidación que tenga el menor costo posible para la sociedad (trabajadores, acreedores, deudas con el Estado).

Se prioriza en primer lugar los acuerdos que puedan realizarse entre el deudor y los acreedores en cualquier momento del proceso y estos acuerdos pueden ser muy amplios.

Son opciones múltiples en un marco muy flexible para que todos los actores acuerden. Podemos hablar de una quita otorgada por los acreedores a la empresa, una espera en el plazo estirando los vencimientos previamente acordados, la posibilidad de que un inversionista pueda asumir la empresa, la venta total, en parte o en bloques de ella, capitalizaciones, constitución de fideicomisos, venta de activos para el pago de acreedores, acuerdos de reorganización, cooperativas de trabajadores, la participación de los trabajadores en el financiamiento de la empresa para su eventual gestión, etc.

La gama de soluciones es bien grande -a diferencia de la anterior legislación- matrizando un concepto que está detrás de ella: el principio de empresa en marcha. Se quiere cuidar la unidad productiva para que ésta no se detenga, siga trabajando y buscando soluciones. Mientras el auto está en marcha vamos arreglando el pinchazo de la rueda; pararlo es la peor de las hipótesis.

La legislación logró reducir los costos de estos procedimientos. Antes, los síndicos, los interventores cobraban honorarios muy onerosos que en definitiva iban a costo de los verdaderos titulares de los créditos, desnaturalizando el instituto. Los tiempos eran interminables, ahora se trata de reducirlos al mínimo, en el marco de cuidar las garantías para todas las partes.

Se mejoraron los procesos de decisión. Antes existían dobles mayorías de acreedores (en monto y en número) que muchas veces no fueron usados de la mejor forma. Ahora hay mayorías simples, mayorías especiales o mayorías reducidas dependiendo de la profundidad del acuerdo y como afecta en la masa de acreedores.

Hay un incentivo real para utilizar estos procedimientos ya que suelen encontrar soluciones a las empresas en dificultades. Esto se ha traducido en el crecimiento en la presentación de empresas en un número muy importante.

Nunca falta algún experto oportunista que nos habla de los «aumentos» de los concursos judiciales en el país queriendo dar la imagen de empresas fundidas y en quiebra. Es comparar legislaciones que no tiene nada que ver una con la otra y por lo tanto con datos y situaciones que carecen de homogeneidad.

El multimedio La República ha ingresado en una etapa de concurso voluntario, afortunadamente lo hace en un momento en que este Instituto se encuentra prestigiado y fortalecido.

Deseamos a todos los actores que intervienen en este proceso que puedan culminarlo de la mejor manera para todos y que no se pierda de vista lo más importante: la necesidad de que un medio como La República siga siendo parte de la cultura de cada uno de los uruguayos a lo ancho y a lo largo de todo el país, como lo ha sido en estos últimos 30 años.

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