Los avances de los últimos años en genética exigen reformas legislativas para regular las aplicaciones de la capacidad de conocer en profundidad el ADN de un acusadoLos marcos legales no se adaptan a la genética contemporánea

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En el año 2013, el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN cumplió sesenta años. En menos de un siglo el ser humano pasó de apenas comprender que la información correspondiente a toda la materia que lo compone está concentrada en el núcleo de cada una de sus células a poder modificar y manipular esa información según sus intereses. Aunque aún queda mucho por entender acerca de los códigos secretos que hacen posibles todas las formas de la vida, los avances de la genética han superado todas las expectativas y cada vez sorprenden más las posibilidades de la aplicación de sus conocimientos. Pero si hay una piedra en el camino de la ciencia es justamente lo mal que se lleva la sorpresa con lo tradicional de los comportamientos sociales. Un nuevo descubrimiento puede tirar abajo un paradigma en una milésima de segundo en la mente de un científico, pero llevaría décadas causar el mismo impacto en las raíces que tiene ese paradigma enterradas en las bases de las tradiciones de una población. Esto lleva irremediablemente al conflicto, sobretodo cuando la tecnología dispara al infinito capacidades para las cuales no se han ideado todavía marcos legales que encierren tales capacidades dentro de una cierta ética. Y la ética es la pata más importante de una tradición anclada en los valores que nos permiten funcionar como una comunidad, por lo que siempre irá corriendo detrás de los últimos avances científicos para dirigirlos en el sentido que hubiesen deseado nuestros ancestros. El problema es que la ciencia corre rápido. Y cada vez más rápido.

Hace unas semanas fue condenado a tres años de prisión el científico chino He Jiankui por haber modificado genéticamente embriones para lograr el nacimiento de dos niñas que fuesen inmunes al virus del sida, juicio que llevó bastante tiempo de decisión por lo inusual del caso. Una veintena de años antes, una chica de 16 años llamada Marianne Vaatstra fue interceptada en su regreso al hogar, violada y degollada. Tras analizar el cuerpo encontrado de la joven en Veenklooster, una aldea neerlandesa conocida por ser centro de tránsito de personas migrantes, las autoridades descartaron a los primeros sospechosos por no coincidir su secuencia de ADN con la del semen encontrado en el cadáver. Las primeras sospechas apuntaron a inmigrantes, un poco por xenofobia, un poco por el método de asesinato, el cual los vecinos no atribuían a ningún habitante local. “Poco después del crimen, los vecinos estaban convencidos de que el culpable debía de ser uno de los solicitantes de asilo, aunque solo fuera por el método del asesinato, el degüello, que se asumía que no podía ser europeo”, recordó a El País de Madrid el genetista Manfred Kayser, de la Universidad Erasmus de Róterdam. Fue por el aumento de las hostilidades hacia los inmigrantes a causa del caso que las autoridades decidieron recurrir a un análisis de ADN, el cual apuntó a una persona del género masculino del noroeste europeo. Fue este caso el que llevó por primera vez a Kayser a plantearse que la ciencia estaba avanzando mucho más rápido que las leyes. Todos los análisis de ADN debieron de ser realizados de forma ilegal ya que no existía ningún tipo de regulación al respecto, pero fue justamente por su osadía en el intento de resolver un crimen estancado que hoy Países Bajos conoció dos reformas legislativas y se volvió uno de los pocos países en poder utilizar análisis genéticos para rastrear el origen geográfico y el aspecto físico de un sospechoso. Y si los resultados no permiten llegar al culpable, siempre pueden llegar a algún familiar del mismo. Trece años luego del asesinato de Marianne Vaatstra, el asesino fue identificado, no sin antes analizar el ADN de 6600 vecinos. Así, en 2012 Jasper Steringa, un agricultor cuya residencia se encontraba próxima a la escena del crimen, fue detenido siendo acusado de homicidio.

“En España no tenemos un marco legal para saber hasta dónde podemos llegar”, lamenta el genetista Antonio Alonso, vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, dependiente del Ministerio de Justicia. En un mundo en el que el color de la piel, de los ojos y del pelo de un criminal puede ser descubierto con mucha exactitud a través de análisis genéticos, serios avances en materias legislativas se hacen imprescindibles. “Queremos promover una reforma legislativa para que se regulen estas aplicaciones, que ya se están utilizando porque las piden los jueces”, explica Alonso, también director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la localidad madrileña de Las Rozas. Los avances que la ciencia ha hecho en genética durante los últimos veinte años han logrado desempolvar y resolver casos policiales que habían quedado en el olvido por nunca haber encontrado un hilo de dónde tirar. Otro de estos casos es el de Eva Blanco, una joven de 17 años violada y asesinada pero en 1997 en Madrid. Gracias a los últimos descubrimientos en genética,  el laboratorio de Ángel Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela halló que el asesino debía de ser un hombre del norte de África con el pelo negro y los ojos marrones. Finalmente la Guardia Civil terminó deteniendo así a Ahmed Chelh, quien culminó su vida ahorcándose en la cárcel de Alcalá Meco en 2016.

“Hoy en día, si un juez te pide hacer estos análisis, se hacen, pero a la larga la prueba puede venirse abajo si los abogados argumentan que no hay un marco legal”, adviertió Alonso, quien sabe que “este tipo de técnicas pueden ser discriminatorias con respecto a minorías que suelen estar sobrerrepresentadas en las bases de datos”. Por estas razones, las regulaciones legislativas españolas sólo permiten realizar análisis sobre las regiones del ADN que no codifican para enfermedades genéticas o apariencias físicas, las bases policiales sólo pudiendo almacenar datos “que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y del sexo, pero, en ningún caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética”. El problema es que el límite entre lo que se considera que es «ADN no codificante» y lo que es «ADN codificante» es muy difuso, por lo que «ambos tipos de marcadores de ADN necesitan una regulación legal en la que se establezcan los fines, la proporcionalidad y los límites de su uso”, señala el informe de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Y las aplicaciones de estas tecnologías deberían de aplicarse solamente en caso de delitos graves y como último recurso.

“Cuando no hay testimonios de testigos y tampoco hay coincidencias en las bases de datos de ADN, los nuevos análisis genéticos ofrecen más detalles sobre los rastros dejados en la escena del crimen, pero estas pruebas todavía están dando sus primeros pasos para su aplicación de manera rutinaria en España”, reconoció Chris Phillips, genetista del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los líderes del consorcio europeo Visage, un proyecto financiado con cinco millones de euros para diseñar técnicas que determinen las características físicas, el origen biogeográfico y la edad de una persona a partir de su ADN. Phillips es consciente de que un análisis de ADN para identificar a un asesino o al responsable de un crimen serio puede poner bajo el foco de la ley a un montón de personas inocentes, quienes se verán arrastrados en el proceso de encontrar al verdadero culpable. “En mi opinión, pueden existir aplicaciones positivas y negativas, como ocurre a menudo con la ciencia. Si queremos evitar a toda costa las aplicaciones negativas, la única solución es no hacer ciencia, pero entonces tampoco tendremos las aplicaciones positivas”, sostuvo el genetista Manfred Kayser, quien también forma parte del proyecto Visage. Por su parte, Antonio Alonso consideró que: “Al final, en nuestro ordenamiento jurídico lo que más importa es la proporcionalidad. ¿Qué vale más? ¿La privacidad de determinadas personas inocentes o evitar otro muerto por un asesino en serie en un pueblo de España? Pues muchos jueces, y muchas personas razonables, dirán que prefieren cargarse un poquito esa privacidad personal para evitar un nuevo asesinato”.

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