Los enemigos de López Obrador también están en casa (I)

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La lucha de Andrés Manuel López Obrador no se centra en adoptar posiciones de derecha o izquierda sino en la factibilidad republicana, de ahí que su héroe predilecto sea Benito Juárez, liberal que restauró la República tras derrotar al emperador austríaco Maximiliano en 1867. En tal sentido, la tarea es reconstruir una nación confundida por mercado durante los últimos treinta y seis años.
Si bien existen paralelismos con algunas propuestas gubernamentales progresistas sudamericanas, la diferencia es que en México el neoliberalismo gozó de buena salud pese a sus abominaciones. Un hecho posible, gracias a la tradición autoritaria gubernamental, el fraude electoral, sumado a la corrupción desatada, alcanzó a los partidos políticos. La victoria de AMLO implicó sobrevivir a dos fraudes descarados y aplastar al PRD (unidad de izquierda surgida en 1989) que se benefició con sus votos al candidatearlo a la presidencia en dos ocasiones antes de crearse MORENA. Esos perredistas, una vez instalados en gubernaturas y puestos parlamentarios, se pusieron muy orondos al servicio del presidente en turno. Dicho en criollo: Andrés Manuel es otra cosa, un político que se hizo a sí mismo y se vio obligado a derrotar a la supuesta izquierda (al menos la nominal) para llegar al Palacio Nacional. De alguna manera, se dirime hoy la dilatada pulseada entre dos instancias del PRI entradas en conflicto en 1988: neoliberales salinistas vs. la Corriente Democrática. Ahora, si nos empecinamos en ver en AMLO a un progresista, debemos definir esa posición derivada del peronismo en Argentina, batllismo en Uruguay, cardenismo en México, y otros. Postura discutible, aunque ronda la urgente recomposición del Estado benefactor.

A quince días de que sea investido presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el reto se presenta harto difícil. Como era “vaticinable”, los poderes fácticos cerraron filas para impedir los cambios que se pretenden realizar concorde a la proclamada “cuarta transformación”; las anteriores fueron la Independencia, la Reforma y la Revolución.
No se acaba al proviso con una cultura basada en la corrupción y un poder político que siempre ha resuelto sus problemas avivando componendas en lo oscurito. Se necesita una transición y en ella testimoniaremos la deserción de diputados y senadores, interesados en conseguir mejores resultados económicos poniéndose al servicio de patrones privados, dado que las famosas prerrogativas parlamentarias se diferencian notoriamente de las acostumbradas en sexenios pasados, aunque tampoco obedecen a la prometida austeridad republicana. Por otra parte, algunos secretarios intentarán imitar a Arlequín que servía a dos patrones, promoviendo confrontaciones internas realmente inquietantes. Hoy mismo, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (ex ministra de la Suprema Corte), defendió el derecho de los actuales magistrados a percibir ingresos rayanos en los 600 mil pesos cuando el presidente se bajó el sueldo a 108 mil pesos. Al hacerlo, saltó que posee una pensión de 258 mil pesos más otros gastos que sufraga la Suprema Corte. Sin olvidar el inconveniente mayor, Alfonso Romo (presidente del Consejo del Grupo Plenus, corporativo dedicado a actividades empresariales en los sectores de biología sintética, agrobiotecnología, educación y servicios financieros) será el encargado de mitigar los contragolpes del sector del capital, al encargarse de la Oficina de la Presidencia. El periodista méxico-uruguayo Carlos Fazio, clarificó en varias columnas, las intenciones del personaje de impulsar negocios en Chiapas y Centroamérica, como parte de un proyecto sub-Continental diseñado en EEUU e iniciado durante el lejano sexenio del panista Vicente Fox, a quien auxilió de cerca. Asimismo, el futuro secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Víctor Villalobos, es alguien asociado a la ley Monsanto que permite usar transgénicos a discreción; en cuanto a la cartera de Educación, la ocupará Esteban Moctezuma Barragán, quien fue gente de Carlos Salinas de Gortari, se adosó a la derechosa Televisora Azteca y asumió la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Ernesto Zedillo (el primer presidente norteamericano de México) en días del levantamiento zapatista.
Si la información no tuviera contexto, parecería que la propuesta morenista es un vulgar engaño. Sin embargo, es imprescindible entender que el gabinete y los parlamentarios elegidos fueron parte del equipo necesario en aras de ganar las elecciones enfrentados a instituciones originadas a propósito de asegurar la continuación neoliberal. Así arrancará el gobierno lopezobradorista, cuidando la retaguardia. Empero, llegada la elección intermedia y contabilizado el apoyo popular, el segundo tramo del sexenio estará marcado por cambios en el staff, en especial, una más certera selección de legisladores.

Dicho lo anterior, cabe señalar lo obvio: a medida que AMLO empiece sus proyectos, las contradicciones con el sector del capital se agigantarán. Dicha confrontación comenzó hace varios meses cuando Andrés Manuel aclaró que discontinuaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM), verdadero monstruo traga recursos.

El debate o mejor dicho, la refriega, implicó un ataque frontal del sector empresarial que intentó convencer a la ciudadanía de que esa inversión era indispensable para demostrar la calidad de un país moderno echado “p´adelante”. Sin embargo, Andrés Manuel evidenció que ese monumental gasto se destinaría a llenar los bolsillos de algunos pocos, entre ellos el insaciable Carlos Slim. Si bien el proyecto arquitectónico es fascinante, no correspondía a un país pobre que posee uno de clase mundial (el Internacional de Benito Juárez). En todo caso, el actual debía ligarse a aeródromos vecinos si se quería solucionar la saturación atribuible a la mala privatización de Mexicana de Aviación, cuyas rutas habían sido canceladas aumentando las conexiones en Ciudad de México. La lógica era imbatible, levantar el nuevo aeropuerto con un costo superior a los 13 mil millones de dólares, resultaba inviable para un gobierno altamente endeudado (50% del PIB). Asimismo, el importe era parcial ya que se debía sumar la pérdida de anular el actual, lo que elevaría el costo sobre los 20 mil millones de dólares. Como el tema es engorroso y los cinco grandes consorcios implicados en la edificación del NAIM no cedían, se realizó la primera consulta al pueblo mexicano (consulta histórica) cuyo resultado fue el previsto, la cancelación de la obra. Tras el fallo popular, los consorcios afectados salieron a proclamar que la consulta había sido un fiasco, entonces, AMLO destapó la olla. Informó a la población que el negocio excedía la construcción del nuevo aeródromo. En efecto, en forma subrepticia se planeaba el desarrollo inmobiliario en los alrededores, en terrenos adquiridos a precios irrisorios. Asimismo, los quejosos se frotaban las manos al apropiarse del aeropuerto a descartar (el Internacional de Benito Juárez) que cuenta con dos hoteles resort, varios restaurantes, cafeterías, confiterías, boutiques e infinidad de servicios, enfocados en cimentar un nuevo Santa Fe, esto es, un centro empresarial de lujo (debidamente bardeado) sobre lo que fueron pistas de aterrizaje. Desde ese momento, la contienda tomó otro cariz, una guerra que involucra a las cámaras (comercial, industrial, hombres de negocios) y medios, también al Congreso, ávido por destapar entuertos y perseguir responsables de trapacerías impunes. Todo lo anterior previo al inicio del sexenio. Mientras Andrés Manuel (respetuoso de la división de poderes) pide paz, el Congreso promete echar luz sobre los últimos gobiernos que incurrieron en delitos descarados y crímenes inconfesables.

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