¿Llegó el tiempo de la revalorización de la ciencia?

La pandemia, desde muchas de sus vertientes, ha revalorizado el papel de la ciencia y la tecnología. Desde la comprensión de la irrupción del virus, hasta el desarrollo de la investigación para su solución, desde la logística para encarar la producción de vacuna, el transporte global y la propia vacunación, hasta la creación de información para la toma de decisiones.

Esta revalorización de la ciencia se ha expresado en mayores recursos financieros relativamente durante la pandemia, y un reconocimiento social a la labor científica que incluso se ha expresado en una mayor predisposición a los estudios universitarios en ciencia y tecnología, tanto en los niveles básicos y en los niveles aplicados.

Pero esta revalorización al tiempo muestra el atraso que las sociedades eufemísticamente llamadas en desarrollo tienen en la materia, y en la inserción en los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento que se está construyendo a escala global.

Es esta una tarea que no se ha realizado, y que se constituye en el desafío en los años futuros. La conciencia de la debilidad en materia de ciencia y tecnología es de hace largos años. Ella refiere a políticas, recursos e institucionalidad.

De hecho, los resultados de ciencia y tecnología más que todo expresan en qué medida la sociedad ha logrado cambiar su matriz productiva y educativa, y superar una lógica educativa de baja o media calidad, de escasas exigencias, de posgrados, y de articulación entre las empresas, el mundo académico y el Estado.

En el país, en el 2010 se aprobó el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti) elaborado por el Gabinete Ministerial de la Innovación, que contenía un crítico diagnóstico del estado de la ciencia y tecnología.

El informe expresaba una inversión en I+D muy baja –casi siempre inferior al 0.3% del PBI– altamente relacionada con el financiamiento externo (cíclico) y mayormente realizado por el sector público (67%), con una fuerte fragmentación y descoordinación institucional que conlleva ineficiencias en el gasto.

Una infraestructura científico-tecnológica altamente concentrada, casi exclusivamente en la UdelaR, el INIA, el Iibce y, en el ámbito analítico industrial, el LATU, junto con una comunidad académica muy reducida en términos absolutos y relativos con escasa participación del sector privado, tanto en el ámbito académico como productivo.

A ello agregaba una cantidad limitada de posgrados nacionales – y especialmente de doctorados- con dificultades para alcanzar niveles de excelencia junto a carencias en la preparación del personal técnico calificado en general como un problema crónico de la educación.

Agregaba además una débil articulación público-privada e insuficiente generación de conocimientos orientados a resolver los problemas reales, junto a escasos centros tecnológicos especializados. Aunque la mirada más crítica se centraba en el sector privado y no se miraba la realidad de la escasa matricula e investigación universitaria en ciencia y la escasa articulación con el mercado, el diagnóstico mostraba fuertes debilidades que el Plan Estratégico propendía a encarar.

Cinco años después, un informe de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay, desde una mirada más amplia, mostraba que el perfil de exportación del país no incorporaba conocimiento, y que apenas el 2% de las manufacturas tenían contenido tecnológico alto 2%.

El gasto público en ciencia y tecnología en relación al producto bruto, que era 0,24% en el 2008, se mantenía igual en el 2013, en tanto que en el gasto total había bajado de 0,38% a 0,33%, a pesar que en términos reales se había casi duplicado.

Para el 2013, el % de la población que había completado educación terciaria era apenas el 11%. Apenas 46 estudiantes egresaron de doctorado ese año, e incluso el 68% de estos eran en posgrados de ciencias sociales y humanidades. Los indicadores y el diagnóstico no han cambiado y la situación actual es relativamente similar.

Sin embargo, en estos años, no se cambió ese diagnóstico, sino que incluso la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología entró en conflicto.

Así, en el 2015, por la Ley Nº 19.355, se transfirió su gobernanza desde el Gabinete Ministerial de la Innovación que había entrado en conflicto a la Presidencia, donde se creó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con los cometidos específicos de proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias para la promoción de la investigación en todas las áreas de conocimiento y diseñar planes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Al tiempo, la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura dejo de tener los niveles de injerencia y funciones, y de hecho cambió su nombre a Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, por el artículo 129 de la Ley Nº 19.535 del 2017.

En las elecciones del 2019, varios proyectos se confrontaron en los programas electorales. Mientras que el Frente Amplio habló de la creación de un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, finalmente en su programa se hace referencia a un fortalecimiento «inicial» de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Presidencia.

Por su parte la Coalición planteó reforzar el rol regulador del MEC retrotrayendo parcialmente al diseño institucional pre-2005 con más centralidad e injerencia uniforme.

En esta línea, con el triunfo electoral de este sector, se planteó en la Ley de Urgente Consideración ratificar la competencia del Poder Ejecutivo para fijar la política de CTI y aprobar los Planes Estratégicos Nacionales de CTI (Pencti), pero adjudicar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el vínculo directo con la principal agencia operativa del sistema (la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

En este contexto en la Ley Presupuesto 2020-2024 se volvió a darle la función ejecutora al MEC donde se creó en el seno la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y se suprimió la «Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología», de Presidencia de la República.

Este nuevo marco tiene vigencia desde el 1ero. de enero de 2021 y tiene como eje asesorar al ministro de Educación y Cultura, diseñar, coordinar y evaluar las políticas y programas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el territorio nacional, administrar y ejecutar los fondos que le sean asignados, sean de financiamiento nacional o internacional, para desarrollar capacidades en la generación, la aplicación de conocimientos y el impulso a la innovación y coordinar el relevamiento y difusión, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, la información estadística e indicadores del área de su competencia.

Cabe pensar que es tiempo de nuevas esperanzas o una vuelta más en una larga tensión entre enfoques autonomistas de los investigadores, burocráticos o políticos desde el Gobierno, o de mercado y de eficiencia desde el sector privado.

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