#ContraseñaLey de Urgente Consideración (II)

Se develó el misterio. La Ley de Urgente Consideración (LUC) es una propuesta que debilita los procesos democráticos, promueve la evasión fiscal, el lavado de activos y la flexibilización laboral, generando pérdida de derechos y retrocesos en avances reconocidos internacionalmente, en aras de una visión ideológica neoliberal y desreguladora, en perjuicio de los más vulnerables.

Esta modificación, junto a las de los dos artículos siguientes, elimina no solo la obligación del patrono, sino la igualdad de condiciones de todo trabajador de acceder a una cuenta gratuita en apertura, mantenimiento y un número mínimo, también gratis, de retiros y transferencias locales (que antes se cobraban), tarjeta de débito y además se prohíbe cualquier discriminación en este tipo de cuentas según perfiles o montos operados por los titulares de la cuenta (por ejemplo, si una institución quiere promocionar el uso de sus cuentas de nómina con un premio, éste deberá ser para todos los usuarios por igual y no según el nivel de sus depósitos o cantidad de operaciones). También se perdería el descuento del IVA con el uso del débito, el derecho al crédito de nómina (mucho más conveniente que el crédito común), el subsidio con el ahorro para acceso a la vivienda, etc.

La gran aceptación de la forma de cobro a través de medios electrónicos puede valorarse mejor si se toma el caso de los pasivos para quienes ya no rige la obligatoriedad de esta forma de pago (porque las instituciones que pagan pasividades no pueden caer en la informalidad). Tanto los nuevos pasivos como los anteriores que ya cobraban por este sistema, frente a la opción de cobrar en efectivo, mucho más del 90% optan por el cobro por medios electrónicos sin que exista ninguna obligación.

La eliminación de la obligación de pago por medios electrónicos sólo atenta contra la universalidad de los derechos de los trabajadores en el acceso al sistema financiero, sino también contra la formalización del trabajo ya que facilita el pago «en negro» de todo o parte del sueldo.

Cuantas menos personas tengan libre acceso a los medios de pago electrónicos más se acentuará la desigualdad y retrasará nuestra convergencia con la tendencia mundial de disminución del uso de efectivo y la modernización de los medios de pagos con mayor seguridad y eficiencia.

El otro tema de «libertad» que se aborda en este anteproyecto es la derogación de la obligación de los pagos a través de medios electrónicos de los honorarios profesionales y otros servicios personales, tributos públicos, proveedores del Estado y aquellas actividades que el Poder Ejecutivo determine por razones de seguridad pública (como las estaciones de servicio en horario nocturno). Obviamente más que libertad aquí se está legislando para reducir la trazabilidad de los pagos y con ella la lucha contra la evasión. Adicionalmente se generan importantes problemas de seguridad (algunos que ya se habían resuelto como el de los reiterados asaltos nocturnos a las estaciones de servicio). Pensemos en que las oficinas públicas deban tener en la Caja cientos de miles de pesos (o dólares) para pagar en efectivo a sus proveedores.

Por último, se derogan una gran cantidad de disposiciones que se incluyeron en la Ley de Inclusión Financiera pero que tienen su origen en la lucha contra el Lavado de Activos y que refieren a que las operaciones de gran valor como compra de inmuebles, vehículos automotores o aportes patrimoniales a Empresas, no puedan realizarse en efectivo.

Pensemos en la situación previa a la vigencia de la ley (abril de 2018): ¿cuántas personas honestas hacían una transacción de miles de dólares en efectivo? Tanto comprador como vendedor seguramente, por seguridad y hasta comodidad, preferían en su inmensa mayoría una letra de cambio u otros instrumentos financieros. Uno tiende a pensar que quienes quieren ocultar el origen o destino de esos fondos o pretenden documentar la compraventa por un valor inferior al realmente pactado (para evadir tributos u otras obligaciones) pueden estar interesados en esta oportunidad que, de aprobarse este proyecto, les otorgará.

Vale la pena aclarar que ante el requerimiento de algunos actores profesionales se entendió conveniente flexibilizar esta norma y permitir que un pequeño importe como seña o saldo se pudiera otorgar en efectivo para facilitar las operaciones de liquidación.

Desde un primer momento dijimos que debíamos recordar el caso Balcedo, que operó en Uruguay sin tener una cuenta bancaria, compró importantes inmuebles, vehículos automotores e invirtió en empresas (en particular radios) sin utilizar instrumentos financieros que dejaran rastros. Desde abril de 2018 hasta que se apruebe este proyecto de ley, ni él ni nadie pudieron volver a hacerlo. Si se aprueba, sí podremos tener nuevos Balcedos. Será un enorme retroceso con consecuencias en la consideración que internacionalmente ha obtenido en los últimos años nuestro país. En reciente revisión de GAFI (organismo internacional de lucha contra el Lavado de Activos) estas disposiciones fueron sumamente elogiadas por cumplir con la normativa de Naciones Unidas al respecto.

En definitiva, una propuesta de mal procedimiento legislativo para abordar temas importantes (algunos urgentes y otros no), que generará pérdida de derechos, generación de nuevos problemas no previstos y retrocesos en avances reconocidos internacionalmente, en aras de una visión ideológica neoliberal y desreguladora, en perjuicio de los más vulnerables. Habrá que alertar y discutir mucho con la ciudadanía y buscar amplios acuerdos políticos y sociales para impedir estos retrocesos.

Puede leer la primera parte de este articulo haciendo clic aquí.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat