#ContraseñaLey de Urgente Consideración (I)

Se develó el misterio. La Ley de Urgente Consideración (LUC) es una propuesta que debilita los procesos democráticos, promueve la evasión fiscal, el lavado de activos y la flexibilización laboral, generando pérdida de derechos y retrocesos en avances reconocidos internacionalmente, en aras de una visión ideológica neoliberal y desreguladora, en perjuicio de los más vulnerables.

Finalmente, el presidente electo ha dado a conocer el anunciado, pero hasta ahora nunca detallado, anteproyecto de ley de Urgente Consideración.

Una breve consideración sobre la extralimitación del recurso previsto en el numeral 7° del artículo 168 de la Constitución. Esta disposición necesariamente debe entenderse limitada a los casos y temas de urgencia como lo dice la propia Constitución y no ser un compendio de casi 460 artículos con 10 secciones y 20 o más temas (cada uno de los cuales podría ser objeto de una ley particular). La única urgencia que existe es tratar de aprobarlo antes que la coalición creada con el único objetivo de sacarle el Gobierno al FA se divida (con síntomas ya evidentes).

No se puede tratar legislativamente temas de esta envergadura y variedad al mismo tiempo en plazos tan breves y con la consecuencia que el no pronunciamiento de una Cámara en los primeros 45 días significa la aprobación de esa Cámara y el pase a la siguiente, que tiene solo 30 días para su tratamiento (y aquí nuevamente se da que el no pronunciamiento provoca la aprobación).

Para compararlo con una ley de Presupuesto, que tradicionalmente tiene similar cantidad de artículos y variedad de temas, el no pronunciamiento de cualquiera de ambas Cámaras significa su rechazo. En el caso de esta ley de Urgente Consideración las mayorías parlamentarias podrían «jugar» a dejar transcurrir los plazos para su aprobación tácita.

Esto, además de ser reputado de inconstitucional (dejo a los especialistas su consideración) es profundamente antidemocrático y poco republicano, ya que afecta la representatividad de las minorías y la separación de Poderes.

«Libertad Financiera»

Uno de los temas incluidos en el proyecto es el llamado «Libertad Financiera» que esconde detrás de su nominación un poderoso ataque a la Transparencia, Formalización del Trabajo, lucha contra el Lavado de Activos y lucha contra la evasión.

Si bien la Ley de Inclusión Financiera es de 2014, tiene diversos plazos de vigencia y ha tenido varias modificaciones y flexibilizaciones para facilitar su cumplimento y aprovechamiento de sus derechos y beneficios. Estas modificaciones siempre fueron hasta ahora en el sentido de profundizar sus objetivos.

En este anteproyecto de ley, por el contrario, se modifican 5 artículos, se agregan otros 2 y se derogan 13 de la Ley de Inclusión Financiera, actualmente vigente, con un propósito de eliminar o limitar esos objetivos. En alguna de las modificaciones se aclaran varios puntos de las intenciones de desregular del gobierno electo, pero otros quedan peligrosamente sujetos a la reglamentación de la ley si es aprobada así en el Parlamento.

Reiteramos lo que tantas veces hemos dicho y escrito. La Ley de Inclusión Financiera da derechos en general y no obliga a nadie, en operaciones comunes (las de todos los días) a comprar y vender con medios electrónicos. El trabajador que cobra a través de ellos puede retirar la totalidad del efectivo (mucho más fácil que cuando cobraba con un cheque).

No está obligado a usar medios de pago electrónico, como tampoco los comerciantes están obligados a vender con medios electrónicos. Lamentablemente esto se ha tergiversado por actores políticos y empresariales, lo que ha confundido a mucha gente que cree lo contrario.

El primer punto que se modifica en el anteproyecto, y que es central en el tema de la inclusión universal de la población en estos beneficios, es la obligatoriedad a los patronos del pago de sueldos y jornales a través de medios electrónicos (con la excepción de trabajadores en el medio rural que no dispongan de puntos de extracción, entre otras).

Son los trabajadores los que eligen dónde recibir el importe de sus remuneraciones (a diferencia de lo que pasaba antes de la ley que era el patrono que lo determinaba. Puede elegir una institución bancaria como otro tipo de instituciones de intermediación financiera que no lo son (ejemplo Tarjeta Mi Dinero o ANDA).

El principio que quiere establecerse es el de la libertad de elección de ambas partes de la forma de pago a través del acuerdo, sin tener en cuenta la obvia diferencia de capacidad de negociación entre el trabajador y el patrono. También son claras las diferencias que existen entre la capacidad de negociación del trabajador aislado y del trabajador agremiado, y dentro de ellos, dentro de los afiliados a sindicatos grandes y poderosos y los afiliados a sindicatos de menor poder.

Pero aún más, la redacción del artículo 177 del proyecto puede interpretarse incluso que, si el pago del patrono es en efectivo, ya no es necesario acordar nada más. El artículo 177 del proyecto que modifica el artículo 10 de la ley 19.210 original dice: «(Pago de nómina) sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones (…) podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta (…) en instituciones (…) que ofrezcan este servicio y de conformidad con las disposiciones que se dicten para reglamentarla». La remisión a normas reglamentarias hace aún más peligrosa la aplicación de esta norma.

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