#OpiniónLas misteriosas urgencias de Lacalle Pou

A un mes que los uruguayos/as tenemos que decidir quién será nuestro próximo Presidente de la República, uno de los principales aspirantes -Lacalle Pou- ha anunciado una Ley de Urgente Consideración de entre 300 y 500 artículos de la que nadie tiene la menor idea de qué se trata, y lo poco que sabemos nos genera serias discrepancias. La situación es al menos muy alarmante.

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El Art. 168 de la Constitución de la República prevé que el Poder Ejecutivo envíe a la Cámara de Legisladores proyectos de ley considerados de «urgente consideración», siempre y cuando no sean temas reservados a las leyes de presupuesto nacional o que requieran el voto de 3/5 o 2/3 del total de cada Cámara. Si en determinados plazos perentorios ambas Cámaras no rechazan el proyecto enviado, éste se considera aprobado (plazo máximo de 90 días).

La argumentación principal de la «urgencia» ha sido relatada por el propio Lacalle Pou: «Los problemas de los uruguayos son urgentes y no pueden esperar meses, como espera este gobierno para que lleguen las cosas»; «no hay ningún gato encerrado». Realmente si el candidato del Partido Nacional está convencido que no hay nada para esconder, ningún programa oculto y se piensa actuar con total transparencia ante la ciudadanía, no se entiende como de 300 o 500 artículos (es lo que ha trascendido) apenas se conozcan -sacados a regañadientes unos 7 puntos, dichos de forma salteada en diversas entrevistas.

Es válido pensar que hay un rango entre 293 a 493 artículos y medidas que desconocemos y que el Uruguay se va a desayunar el 1º de marzo del 2020 si Lacalle Pou es electo. En 90 días -de lograr las mayorías parlamentarias necesarias- esas normas «invisibles» y que nadie sabe de qué tratan, estarán aprobadas.

Es muy grave, y creo que nadie ha alzado la voz con la vehemencia y la contundencia que esta situación amerita. Es hora de despertar y exigir al candidato nacionalista que explicite el contenido de esta ley ómnibus.

Podrían ser normas inocuas o por el contrario normas muy trascendentes, que por ejemplo pretendan cambiar en 90 días todo el rumbo de los últimos 15 años de gobiernos frenteamplistas. Algo muy alejado al concepto de la «positiva» primero, y «evolucionar» después.

Lo poco que sabemos de este vendaval, podríamos resumirlo:

1 – Derogar la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera y convertirla -según ellos- en la ley de «libertad financiera». Esto significa que quedaría al libre albedrío de los empleadores si utilizan los medios financieros para pagar los sueldos a sus empleados, los alquileres, las ventas de inmuebles, la venta de autos y todo aquello que la ley obliga a que deba realizarse por transacciones bancarias.

La ley parece querer convertirse en la «libertad financiera para los empleadores», ya que la libertad y la elección de los trabajadores la eliminan de un plumazo.

Tiene el agravante además que afectará de manera muy importante la recaudación fiscal, ya que gran parte de esas «obligatoriedades» tienen como objetivo que se reduzcan sustantivamente las partidas salariales o de documentación de ventas dejando el mensaje de volver al viejo sistema, en el que las empresas tenían facilidades para eludir el pago de sus obligaciones fiscales, lo que se da de bruces con la preocupación que dicen mantener para abatir el déficit fiscal. Un paso atrás en todo.

2 – Derogar el monopolio de ANCAP. Deberían explicarnos qué van a hacer con la refinería de ANCAP, qué va a pasar con los funcionarios de ANCAP que trabajan en la producción y el refinamiento del combustible y cuál será el papel de ANCAP en los próximos 90 días de un gobierno de Lacalle Pou. Y lo más importante, si esa medida logrará que los combustibles bajen de precio, a cuánto, en qué porcentaje y en qué se basan para realizar tal afirmación. Parece que la propuesta es comprarse un problema mayúsculo con un ente del Estado al que dejarán al borde del abismo, sin ponderar beneficios y dificultades, discutido entre gallos y media noche en una ley de urgencia, bien rapidito. Cuando decimos que no están preparados para gobernar; ¿aún te queda la duda?

3 – La legítima defensa policial: el gatillo fácil. Pretenden flexibilizar las normas para que la Policía dispare primero y pregunte después; con eso y una reunión del 1º de marzo de Lacalle Pou con todos los policías en donde les dice «arriba, uds. pueden» van a solucionar el problema de inseguridad en el país. Mano ciega NO mano dura, como dijera el flamante candidato a ministro del Interior del Frente Amplio Gustavo Leal.

4 – Una agencia de evaluación y monitoreo de empresas públicas. ¿Y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? ¿Para qué está? ¿Acaso no es esa una de sus funciones? Si el discurso de la derecha y los liberales es que se necesita achicar el Estado imperiosamente. ¿Proponen más oficinas a las que ya hay? ¿En qué quedamos? Lo que no me queda claro es con qué cara van a mirar a la gente de Un Solo Uruguay que armaron piquetes y movilizaciones de todo tipo denunciado un Estado que debía reducirse para aliviarlos a ellos de sus impuestos.

5 – Una regla fiscal. Dependiendo el cómo y de qué forma, puede ser una medida atendible. Conversada en un acuerdo político sin un revólver en el pecho es una cosa, metida en una ley de 300 artículos sin posibilidad de discusión parlamentaria es otra. Una medida que tiene posibilidades de ser de consenso la «queman» en el medio de una catarata de artículos, una señal que parecen proponer una confrontación lisa, llana y al barrer.

6 – La eliminación de la participación de los gremios en los organismos de conducción de la enseñanza. La primera medida para encarar una reforma educativa es de enfrentamiento con los gremios, a las que según este diagnóstico es el culpable principal de los problemas de la educación del país. Edu21, al que Lacalle Pou ponderó en el debate con Daniel Martínez no está de acuerdo con dejar de lado la participación de los gremios en la reforma educativa. Si arrancamos así…nos empieza a dar una idea en que quedará la reforma educativa planteada por la oposición.

7 – La otra eliminación es la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación. La participación ciudadana se borra de un plumazo, nada de opiniones diferentes, que molestan, que perturban y que además no tienen legitimidad para participar de ningún gobierno. Dos conceptos de democracia totalmente diferentes.

De lo poco que conocemos ya vemos adónde quieren llevar al país; y conocemos el 2,33% de lo que dicen que van a hacer.

Es hora de transparentar el proyecto de país que tienen redactado y oculto. De terminar con tanto misterio y tanto secretismo.

Es hora de desenterrar y decirle a los uruguayos/as qué piensan hacer en 90 días y adónde piensan conducir al flamante Titanic.

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