En agosto se cumplirán tres décadas de la salida negociada de la dictadura, en medio de las movilizaciones y la presión internacionalLa salida pactada y el acuerdo del Club Naval

El viernes 27 de junio de 1984, al cumplirse once años del golpe de estado, Uruguay quedó en silencio. El paro cívico dispuesto por la oposición política y las organizaciones sociales, resultó en extremo exitoso.

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El régimen cívico-militar, vivía en particular desde 1983, una creciente presión ciudadana que exigía vivir en libertad; y en el mundo, su aislamiento era cada día más grande. El 6 de julio, empezaron las negociaciones cívico-militares; y el 3 de agosto se formalizó un acuerdo, en el Club Naval de Montevideo, que fijó elecciones, con proscripciones, para el 25 de noviembre. Un mes antes, Joan Manuel Serrat, que estaba prohibido, pudo cantar en el estadio Centenario.

Las conversaciones se iniciaron el 6 de julio de 1984 en la sede del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), de la avenida 8 de octubre (Montevideo), y concluyeron el 3 de agosto, en las instalaciones del Club Naval.

Los negociadores fueron, los jefes del Ejército (general Hugo Medina, que había asumido el 7 de junio), la Armada (vicealmiante Rodolfo Invidio), la Fuerza Aérea (teniente general, av., Manuel Buadas), y delegados del Partido Colorado (Julio Ma Sanguinetti, Enrique Tarigo), el Frente Amplio (José Pedro Cardoso, Juan Young), la Unión Cívica (Juan V Chiarino, Humberto Ciganda). Los blancos, son su líder preso (Wilson Ferreira), no acudieron, pero después aceptaron intervenir en las elecciones acordadas, que se realizaron el 25 de noviembre de aquel año.
El proceso fue complejo y por momentos tenso (ver recuadros con las declaraciones de Young), hasta que se llegó a la definición de los aspectos neurálgicos de la salida. Como señalaron Gerardo Caetano y José Rilla en su “Breve historia de la dictadura” (1987), cinco fueron los puntos reclamados inicialmente por los partidos concurrencistas: “liberación paulatina de los presos (unos 800, entre los que estaba Ferreira), derogación de los actos institucionales 7 y 14; desproscripciones, libertad de prensa, y cese del sometimiento de los civiles a la justicia militar”.
Desde el cuartel en el que estaba detenido en la ciudad de Trinidad (Flores), Ferreira se opuso a estas conversaciones, sosteniendo que existía “un pacto Sanguinetti-Medina”, el que fue negado con énfasis por los colorados.

En 2009 se publicó una investigación periodística (ver recuadro), que aportó datos precisos sobre conversaciones secretas mantenidas entre el entonces secretario general de los colorados, (Sanguinetti, candidato presidente electo en los comicios de finales del 84, en los que no pudieron intervenir, por estar inhabilitados, ni Ferreira ni Seregni), y el general Medina, no conocidas por los demás negociadores en el Club Naval.
Por su parte, Diego Achard, que era el secretario político del líder blanco, reveló en un ensayo publicado varios años después de la apertura del 84 (“La transición en Uruguay”, 1995), que entre el 14 y el 31 de julio (de 1984), el Partido Nacional y la izquierda, que había estado proscrita hasta entonces, “realizan negociaciones en la búsqueda de un acuerdo que permitía nuevas elecciones, sin proscripciones, luego de 1985”, las que fracasaron.
Medina, que había sustentado posiciones duras en el pasado (por ejemplo, en las fracasadas negociaciones del Parque Hotel, de 1983), lideraba ahora posturas más conciliadoras, ante las resistencias de una corriente castense que respondía al entonces dictador, el general Gregorio Alvarez. “Hay que quitar presión a esta caldera”, había confesado, en relación a la protesta publica en aumento. Seregni, -liberado en marzo de aquel año de la cárcel-, dijo: “negociamos, porque somos fuertes. De lo contrario, se nos impondrían las soluciones (…) la historia de las luchas de liberación en el Tercer Mundo, nos demuestra que ninguna dictadura cae sola (…) la dictadura, aislada social y políticamente, tiene el monopolio de la lucha armada. Es ineludible, pues, negociar” (ver Caetano y Rilla). Buscó, entonces, mancomunar la movilización y la negociación política.
El 31 de julio, las reuniones cívico-militares se trasladaron al Club Naval de Carrasco, donde el 3 de agosto llegaron a su término: Quedó definida la fecha de las elecciones, la vigencia de normas transitorias que consideraría una Asamblea Constituyente (al final, nunca convocada); la habilitación de partidos (la democracia cristiana como lema permanente), el levantamiento de unas 600 proscripciones. Previamente, fueron derogados actos institucionales (7, 14); se liberaron presos políticos con la mitad de la pena cumplida (la amnistía fue en marzo de 1985); la Cruz Roja Internacional visitó los centros de reclusión.
Tres días mas tarde, el directorio del Partido Nacional se opuso al acuerdo. El 10, el Frente Amplio convocó a un acto en la Explanada Municipal, donde, ante varios miles de partidarios, Seregni aseguró que la izquierda buscaba “encauzar al país en la senda de la democracia”, negando cualquier pacto “No hay nada de contrapartida. No hay nada verbal o secreto que le reconozca a la dictadura, derecho alguno”, subrayó. Al día siguiente, el acuerdo fue aprobado por la convención de los colorados y los cívicos. El acto 19 (con las normas transitorias) quedó rubricado el 15 de agosto. El 17, los blancos decidieron intervenir en las elecciones con una fórmula alternativa, porque los militares, en el Club Naval, reiteraron que Ferreira seguiría proscrito. El 22, la dictadura dispuso el fin de la intervención a la Universidad de la República. En setiembre, se instaló la Concertación Nacional Programática (Conapro), regresó Daniel Viglietti del exilio, los partidos pudieron movilizarse con libertad y contratar espacios publicitarios en los medios de comunicación, de cara a las elecciones. Todo había cambiado en poco tiempo.

 

Conversaciones secretas entre Sanguinetti y Medina

“Aspectos fundamentales del pacto (que derivó en el acuerdo celebrado en el Club Naval de Montevideo), fueron preparadas por (el líder colorado, Julio María) Sanguinetti, y (el jefe del Ejército, general, Hugo); Medina, en reuniones secretas y bilaterales que mantuvieron durante las negociaciones, en el domicilio de Carrasco de quien luego sería el presidente e PLUNA, Emilio Conforte. El lugar ofrecía reserva, y Conforte era un hombre de extrema confianza de Sanguinetti.
Estas reuniones fueron reveladas al autor por Medina, y confirmadas por el propio Sanguinetti “Allí se habló de todo”, dijeron por separado, Medina, poco tiempos antes de morir, Sanguinetti en febrero de 2009.
Resulta claro que en encuentros de este tipo, en los que ambos trataban de pulir la agenda del Club Naval, no hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos. Medina, incluso, era contrario a cualquier amnistía a los militares, porque consideraba –al igual que muchos otros uniformados-, que no habían cometido ningún delito.
(…) la casa de Conforte se transformó en secreto punto de conversaciones bilaterales entre Sanguinetti y Medina, una vez con la participación de (Enrique) Tarigo. Esa sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores del Club Naval.
Todos los participantes del Club Naval, han asegurado enfáticamente que la cuestión de los derechos humanos no fue explícitamente abordada en las negociaciones formales realizadas allí. Estuvo, según palabras de los participantes recogidas después por (el lider del FA, Lçiber) Seregni, subyacentes o sobrevolando en la mesa de negociaciones, pero no fue directamente discutida. Sin embargo, estuvo presente en conversaciones anteriores con Sanguinetti.
Humberto Ciganda, negociador de la Unión Cívica en el Parque Hotel (1983) y luego en el Club Naval (1984), dijo al autor:
“(…) hay cosas que uno puede asegurar.A mi se me ha dicho que hubo un acuerdo a sotto voce, medio entre tinieblas y demás, entre algunos militares y algún candidato político. Yo eso no lo ví ni lo olfateé en ningún momento, porque no existió en el curso de nuestras reuniones. Puede ser que a la vuelta de la esquina, haya habido algún encuentro, pero yo no soy testigo, no conozco el hecho, entonces no puedo decirlo porque no conozco.
El tema de los derechos humanos lo teníamos todos en mente, no éramos extraños al tema, por cierto. Sabíamos que había gente que había sido torturada, gente que había sido muerta, que había desaparecido, que no se sabía el destino de los cuerpos de los desaparecidos, pero eso era como poner un palo a la rueda del carro para que no funcionara, y nosotros lo que queríamos era salir adelante, queríamos lograr las libertades”. (…)
Juan Young. democratacristiano, y uno de los dos negociadores del Frente Amplio, señaló al autor que el tema de los derechos humanos “no estuvo planteado nunca en las negociaciones, pero hubo un planteo por vía indirecta. “Ellos (los militares) presentaron distintos textos, a través de los cuales pretendían que la justicia militar siguiera entendiendo en los delitos comunes cometidos por los militares en el ejercico de sus funciones. Y entonces, todo aquello que pudiera haber sido violación a los derechos humanos hubiera sido competencia de la justicia militar, y no de la justicia civil (oprdinaria). Ese texto fue rechazado, y fue un momento muy duro de las negociaciones, donde se interrumpió por un largo rato hasta que finalmente se llegó a mantener el texto (constitucional) de 1967”.
Según Young, la “expresión “sobrevolando y subyacente”, es correcta. Se planteó por vía indirecta a través de un texto en el cual se pretendía extender (por parte de la delegación del gobierno militar) la jurisdicción militar. No se decía para qué ni se discutió para qué, pero todos sabíamos de lo que estábamos hablando”
(“La primera orden. Gregorio Alvarez, el militar y el dictador. Una historia de omnipotencia”, Alfonso Lessa, 2009, páginas 251 y 252)

 

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