#OpiniónLa reforma de la Seguridad Social

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La Seguridad Social forma parte de nuestra vida diaria, desde la cuna hasta la tumba, abarca a todas las personas, que de una forma u otra se relacionan con el sistema.

Su carácter Intergeneracional determina que las decisiones tomadas en un momento dado no afectarán solamente a los contemporáneos, sino que tendrá repercusiones en el futuro, abarcando incluso a quienes aún no nacieron.

«En este ámbito, la consulta individual no es realista. Solo la consulta con los portavoces de las poblaciones afectadas por los procesos de ajuste resulta realista, además de necesaria. En un período corto, las consultas que hayan sido llevadas a cabo con los representantes de los grupos sociales centrales pueden marcar la diferencia entre política resistida y/o saboteada por falta de colaboración o una política aceptada al haber sido diseñada en parte, por los grupos que se ven afectados por ellas. Estos grupos son los que pueden contribuir a una formulación más equitativa de los programas, y a su conocimiento y puesta en práctica.»

Cualquier reforma que se pretenda realizar a los sistemas de seguridad social debe hacerse con el máximo consenso posible, siendo el diálogo social el mecanismo idóneo para ello.

Así también lo expresa la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

«La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y, en especial, los siguientes:

(…)(d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común.»

Uruguay cuenta con organizaciones sociales representativas fuertes y consolidadas, las que desde 1991 han llevado adelante una experiencia exitosa de diálogo social, en el Directorio del Banco de Previsión Social.

Allí gestionan en pie de igualdad con el sistema político el subsistema de Seguridad Social más grande del país, ostentando hoy la representatividad y experticia necesaria para participar en un diálogo de este tipo.

La Constitución de la República pone bajo «reserva de la ley» el otorgamiento de prestaciones y la creación de tributos, los que además deben contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ello, las decisiones que se tomen en un diálogo de esta naturaleza, no obligan a los actores políticos.

Sin perjuicio de esta falta de obligación «legal» de llevar adelante las decisiones tomadas en el ámbito del diálogo, el hecho de haberlas debatido en un ámbito amplio, sin dudas genera un grado de compromiso muy diferente, al que puede tener una iniciativa sin diálogo previo.

En este siglo, las dos reformas de Seguridad Social que se han implementado, lo han sido a través del mecanismo de diálogo, amplio, entre organizaciones representativas y los partidos políticos con representación parlamentaria. Estos, plasmaron en leyes los cambios acordados, con la necesaria iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que, la no obligatoriedad de los acuerdos alcanzados, no fue un obstáculo para su cumplimiento.

Nuestra Seguridad Social presenta problemas, aunque está muy lejos de una crisis de envergadura en el corto plazo. Por ello, el país debe tomarse el tiempo necesario para el análisis y el debate, sin perjuicio que una instancia muy dilatada conspiraría contra los resultados, por el desgaste que inevitablemente produce en las partes, y en las expectativas de la sociedad.

A nadie escapa que dadas las características mencionadas de la seguridad social, y fundamentalmente su influencia en toda la sociedad, una reforma de esta naturaleza debe sancionarse dentro de la primera mitad del período de gobierno, ya que luego, tiene muy pocas posibilidades.

Por ello, el próximo gobierno debería instrumentarlo dentro de su primer año de gestión, a fin de que el Parlamento aprobará las leyes dentro de un tiempo político apto para ello, a una prudente distancia de la siguiente elección.

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