#RepublicanasLa población trans emprende el camino hacia la justicia en derechos

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Nuestro país cuenta ahora con una ley que protege los derechos de colectivos que estaban en desventaja social con respecto al resto de la población. Por 62 votos en 88 legisladores presentes la Cámara de Diputados aprobó la Ley Trans. Acompañaron la iniciativa los legisladores del Frente Amplio, el Partido Independiente, parte del PN y del parte del PC.

En opinión de la diputada del MPP Margarita Libschitz “el Estado debe hacerse cargo de las desigualdades existentes”.

Para la diputada de la 711, Susana Andrade, en estos colectivos hay “gente especialmente castigada, con gran ejemplo de resiliencia y empoderamiento, de lucha colectiva por derechos y dignidad, que nos harán una mejor sociedad modelo para el mundo entero no solo para el Uruguay”.

Lucha que nos da la oportunidad histórica de ser protagonistas de esta ampliación de la democracia republicana que si se precia de tal, “nos debe incluir a todas, a todos, y a todes, con el mismo índice de felicidad en el ejercicio de la ciudadanía”, agregó Andrade.

Otra sin embargo, es la visión de algunos legisladores de la oposición como el nacionalista Rodrigo Goñi quien señaló que esta ley “trae oculta la ‘ideología de género para destruir a la familia’”.

Las personas trans son una realidad muy numerosa en nuestra sociedad y un fuerte componente dentro de los cultos de matriz africana.

Andrade expresó que su comunidad afro-umbandista ha sido testigo de su peripecia humana, “tal vez porque, como lo expresan, muchas veces se sintieron abandonados por otras religiones al querer corregirlos o cambiarlos, juzgarlos y por supuesto condenarlos”.

Los colectivos trans han sufrido en nuestro país el racismo étnico, la discriminación por identidad de género, la demonización, la transfobia. Explicó la diputada Andrade que como resultado de esos axiomas sociales padecemos una sociedad culturalmente hegemónica, machista, clasista, racista, homófoba, y hasta hace muy poco tiempo se daba el lujo de no percibirse como tal y negar o invisibilizar la problemática de quienes no responden al statu quo o lo cuestionan.

Este avance de la sociedad civil y legislativa de “reconocimiento a comunidades postergadas, son semillas sembradas, desafíos para las transformaciones culturales, herramientas para el trabajo social, avances preciosos en la batalla por la equidad aunque no exista la solución total”, concluyó Andrade.

La flamante “Ley Trans” establece becas para cursar en instituciones educativas, capacitaciones en Inefop, un 1% de cupo para personas trans en los concursos públicos, una pensión reparatoria para las personas que sufrieron de violencia institucional y garantiza el acceso a una serie de prestaciones médicas. El proyecto de ley se modificó en el Senado, expresando que para un cambio quirúrgico o una operación de cambio de sexo en un menor de 18 años, se necesita la aprobación de los padres. En el caso de que no estuviera, tendrá que esperar hasta la mayoría de edad.

En opinión de la diputada Cristina Lustemberg “La población trans ve que con esta ley que sus derechos empiezan a transitar un camino de restitución, de acceso a sus derechos, que desde que se asumen una identidad de género diferente son vulnerados o suprimidos. Esta población desde siempre se ha sentido desplazada, de tal manera que afecta hasta su desarrollo físico. Realmente pierden derechos”, señaló la diputada, que fue la informante del proyecto.

La población trans, según detalla el último censo, asciende a 933 personas de las cuales un 88% son mujeres, y un 12% son hombres. La edad promedio es de 36 años, y solo el 2% supera los 65 años.

“No hay grupo más vulnerable que los colectivos trans, ya que viven la marginalidad desde la adolescencia. Suelen abandonar el hogar a los 18 años los varones, y a los 14 años las mujeres. En la mayoría de los casos son expulsados por la propia  familia. El comercio sexual que practican para poder sobrevivir alcanza al 80% de sus integrantes”.

Otro dato también absolutamente discriminatorio ya que solo “el 17% de esta población llega a los 50 años, el resto muere por lesiones ejerciendo la prostitución, se suicida, o fallece por infecciones que provocan las inyecciones de siliconas industrial o por automedicarse con hormonas de uso animal”, añadió la legisladora oficialista.

 

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1 comentario
  1. ffrgrgtrgtrgtr dice
    Si quieren subsidio que laburen o le brinden algo a la sociedad me parece pésima la ley .

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