La LUC y las cárceles: ¿educación a distancia o cárceles como escuelas del delito?

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Ante la existencia de 11.700 presos, una tasa de reincidencia del 62% de los liberados y una tasa de prisionización que alcanzo a 293 por cada 100 mil habitantes siendo la segunda más alta de América Latina,  las miradas de la sociedad uruguaya se han colocado bajo una visión altamente crítica sobre las cárceles como mecanismos reinserción ante  la constatación de que ellas se han constituido dominantemente en escuelas de profesionalización del delito.  

La mayor parte de la población carcelaria es también la que tiene menores niveles de escolarización. El I Censo mostró que el 13% de la población carcelaria no había terminado primaria, el 26% había concluido ese ciclo de primaria, un 20% no había terminado el primer ciclo de secundaria, apenas 8% había terminado la secundaria y 15% tenía incompleto o completo el segundo ciclo o la UTU. Apenas el 2% había ingresado a la educación terciaria. Bajos niveles de educación y delito, son así variables altamente correlacionadas. La alta reincidencia y la cantidad de personas jóvenes detenidas llevó a que la cárcel fuera lentamente dejara de ser concebida como un instrumento de castigo y sanción, sino también como un ámbito de capacitación para lograr una real inserción. Uruguay, como muchos países también comenzó a revalorizar el estudio y trabajo en la política carcelaria y aplicó normas incentivándolos asociado a la reducción las penas.  

En Uruguay esta filosofía tiene años pero no se ha logrado concretar realmente en su dimensión necesaria. La ley N° 17.897, del 14 de septiembre de 2005, estableció la redención de la pena por estudios y trabajo, y dispuso que a todos los procesados y condenados, así como quienes estudiaran en régimen de salidas transitorias, se les conmutara un día de reclusión por dos días de trabajo, no pudiéndose computar más de ocho horas diarias de trabajo, y un día de reclusión por dos días de estudio, computándose como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes, y no pudiéndose computar más de seis horas diarias de estudio. Ello implicó crear un grupo de custodia de tratamiento en cada  Establecimiento a cargo de la movilización interna de los reclusos para su traslado y control a donde realizar la actividad laboral, de capacitación o educativa. Sin embargo, tal modelo tuvo fuertes limitaciones en tanto las plazas de estudio y trabajo estaban sujetas a las posibilidades económicas de cada Establecimiento.  

Gracias a esta norma general, ya en el 2010 según el Censo del 2010, el 35.7% de la población carcelaria realizaba actividades de trabajo o educación con la cual se les reducía la pena. Ello continuó creciendo y alcanzó al 41% de la población carcelaria en el 2017. Sin embargo, esa información no desagrega entre educación y trabajo, ni en el Censo, ni en los Informe del Comisionado Parlamentario, y la evidencia empírica muestra que la mayor parte del personal privado de la libertad participa más activamente en programas laborales pero  no en programas educativos, que se caracterizan por formas presenciales tradicionales con enormes dificultades logísticas, de funcionamiento y con bajos niveles de eficiencia y eficacia para el logro de los fines.  

Hay además una escasa oferta de programas disponibles al interior de las instituciones, una baja disposición de los profesores a asistir a las cárceles, enormes problemas de traslado, complejidades logísticas del ingreso de tutores docentes a las cárceles y mucho ausentismo, así como problemas de infraestructura, problemas de coordinación en las salidas transitorias o incluso problemas cuando una próxima liberación afecta la motivación para participar en los programas de estudio; así como una oferta educativa no suficientemente diversificada y segmentada para todos los tipos de reclusos; (y) finalmente los efectos perversos de certificados de estudios que al tener el sello del penal  disminuyen las posibilidades de obtención de ciertos empleos al salir de prisión.  

Todo ello responde fundamentalmente por la aplicación dominante de un formato de enseñanza presencial y la carencia de una organización integral de educación a distancia específica dedicada a tales objetivos. Este formato presencial docente ha tenido problemas de no poder cumplir con las visitas que se habían planteado porque las cárceles tienen pocos funcionarios para ello, y además las agresiones, peleas, suicidios y otros eventos han determinado muchas otras veces limitaciones al ingreso de personal externo. También, ha habido problemas en muchas docentes de trabajar en esos ambientes. 

La Ley de Urgente Consideración encara el tema y aunque mantiene la norma en sus aspectos generales, excluye claramente de ese beneficio a los condenados por los delitos de estupefacientes, los delitos de violación, de abuso sexual y especialmente agravado, de homicidios incluyendo el especialmente agravado y muy especialmente agravado, así como de rapiña, de rapiña con privación de libertad y de extorsión. Aunque los datos no son precisos, si tomamos el I Censo Nacional de Reclusos, realizado en el 2010 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la población en condiciones de no poder beneficiarse de los sistemas de reducción de la pena, puede estar en el entorno del 50% en función de la distribución de los delitos cometidos. Los datos mostraban que la educación para las personas que tenían condenas por estos delitos, no impactaba en reducir su  reincidencia en el delito e insertarse en el mercado laboral, sino que al contrario eran mecanismos para un regreso más pronto al oficio del delito. 

Sin embargo, la evaluación de la norma anterior no debe limitarse a ello y debe ir más profundo impulsando un sistema de educación a distancia para la población carcelaria que ha desbordado los pequeños, ya viejos, presenciales y débiles mecanismos de capacitación o enseñanza. A escala mundial, las cárceles son grandes centros de demandas educativas, y la educación a distancia a escala mundial se ha constituido en el instrumento fundamental de la formación de la población carcelaria, en nuestro caso más eficiente  para cubrir las necesidades de todas las 28 unidades carcelarias del país, con una atención individualizada a los presos en función de sus niveles de escolarización diferenciados, sus propios intereses y que les permita ir a sus propios tiempos de aprendizaje, y continuar dichos estudios incluso luego de su liberación.  

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