#OpiniónLa inamovilidad y el «Pacto del Chinchulín»

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Corría el año 1929 y el quiebre de la bolsa de Wall Street ponía el mundo en jaque. La globalización de la que tanto hablamos hoy ya hacía sentir sus efectos en aquellos tiempos; el mundo conoció la crisis económica, el desempleo y los economistas liberales quedaron en offside ante los nuevos desafíos mundiales. Tuvo que aparecer un tal John Maynard Keynes para dar una teoría diferente y marcar un camino -para el mundo capitalista de entonces- que encauzara los graves problemas insolubles.

Uruguay no fue la excepción. Por el año 1931 la situación política y económica del país ardía. Un nuevo Presidente en el país -Gabriel Terra- que llegó impulsado por el Batllismo, pero que luego que se subió a la silla presidencial le dio la espalda al Partido y a su sector actuando de manera «independiente»; un Consejo de Administración con mayoría colorada y batllista, y una Cámara de Senadores con mayoría del Partido Nacional. En lo económico una desocupación galopante, devaluación del peso, crisis y estancamiento como Uruguay no conocía luego del próspero período batllista.

Como parte de respuesta a la crisis en Octubre de 1931 los batllistas y los blancos independientes pactaron que los cargos en los entes autónomos y en el Estado se repartirían de manera proporcional a la representación que los partidos tuvieran en el Consejo de Administración. Pero no solo los cargos de los directores políticos sino también de los funcionarios «los cargos de trabajo, servicios y oficios…». Inmediatamente se creó UTE y ANCAP, había tela para repartir.

Los herreristas quedaron afuera del arreglo, por lo que su líder, Herrera, denominó a dicho acuerdo «El pacto del Chinchulín» haciendo referencia a las achuras (las sobras) que los comensales se repartían en el ruedo de un asado. No fue una actitud de altruismo ni mucho menos, ya que el planteo era hacer ese reparto pero por ley e incluyendo a quienes habían quedado afuera. Luego -en los hechos- los herreristas fueron por más, diríamos mucho más…se quedaron con absolutamente todo, ya que Herrera y Terra fueron los autores intelectuales y ejecutivos del golpe de estado del año 1933 y ambos se repartieron la totalidad del gobierno.

De allí en más los funcionarios públicos cada vez que había una nueva realidad política era removidos de sus puestos y asumían con la tarjeta y la recomendación del Partido que había ganado la nueva proporción de votos. De este descalabro clientelístico, que se convirtió en una política de estado, nació la inamovilidad de los funcionarios públicos, norma que fue incluida en la Constitución para evitar que el cambio de gobierno implicara un cambio arbitrario de los funcionarios.

La inamovilidad es un instituto que otorga la garantía de la necesidad de la venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, para los funcionarios presupuestados de la Administración Central establecida en los arts. 60 y 168 Nral. 10 de la Constitución de la República. Es una secuencia más en el proceso de destitución desarrollada en el procedimiento administrativo disciplinario, y para destituir a un funcionario se necesita un motivo, una falta administrativa que tipificaría generalmente en una o más causales. Es el único antídoto que se ha encontrado para evitar el clientelismo legalizado.

Alguno puede pensar que este asunto clientelístico está desterrado en el país, y principalmente de la práctica de los partidos tradicionales (que fueron sus creadores), que es cosa del pasado, de otra época y de otros contextos cuando se manejaban otros códigos. Algunos hechos recientes nos indican lo contrario.

Sergio Botana, actual intendente de Cerro Largo, admitió públicamente que contrató a 202 funcionarios fuera de la ley «por justicia» dado que según él son exiliados políticos expulsados injustamente de la comuna por su antecesor Pedro Saravia (también integrante del Partido Nacional pero de una fracción diferente a él). Pedro Saravia dice que los echó porque habían entrado todos por la ventana, por cuota política, cuando Botana había sido intendente en el anterior período con contratos precarios y removibles. El «Pacto del Chinchulín» vive y lucha.

Algunos precandidatos presidenciales empezaron a hablar en contra de la inamovilidad de los funcionarios públicos sin explicar el origen de ella, ni que para corregirla se necesita una reforma constitucional; esto es plebiscitar la norma y obtener mayorías populares. Son restricciones importantes que deben evaluarse si de forma responsable se pretende introducir cambios en esta materia.

Obviamente la inamovilidad de los funcionarios públicos no es una norma que favorezca o estimule la buena calidad de la función pública ni es un instrumento idóneo que ayude a mejorar la gestión en el sector estatal.

Son institutos que tienen una norma de rango superior que son difíciles de encarar y que necesitan imperiosamente un acuerdo interpartidario muy amplio que permita reformar la Constitución. Pero lo más importante, cualquier mecanismo alternativo debe asegurar un nuevo antídoto contra la arbitrariedad, el clientelismo y las garantías del debido proceso que se convierta en un muro ante estas prácticas perversas.

Sería bueno que los candidatos que hablan de la inamovilidad de los funcionarios públicos lo realicen con responsabilidad política y con sentido de país; no para entonar buenos cantos de sirena que deje contento algún colectivo circunstancial.

Y sobre todo recordar, que cuando hablan de ciertas tiendas políticas recuerden que la norma no nació sola ni por capricho de algún legislador sino que tiene fundadas y sórdidas historias que la respaldan. Y que aún hoy en día seguimos luchando contra esos flagelos: Cerro Largo es nuestra memoria viviente.

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