#OpiniónLa debilidad del aseguramiento de la calidad al interior de la UdelaR

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Luego de varios años la UdelaR aprobó en el 2011 la Ordenanza de Estudios de Grado y Otros Programas de Formación Terciaria de la UdelaR que pretendía “sistematizar una orientación general para la enseñanza, modernizarla y enriquecerla, dimensionando mejor las carreras, adecuándolas al desarrollo del postgrado, facilitando tránsitos horizontales y flexibilizando trayectorias educativas.”

Arocena expresó entonces que por primera vez en su historia, la Universidad de la República contaba con una norma única aplicable al conjunto de las formaciones universitarias terciarias y de grado, cuando se aprobó por el CDC luego de una amplia y larga discusión en claustros y consejos de facultades y servicios. Ello se inscribía en planes mayores de renovación de la enseñanza y de impulsa a una llamada segunda Reforma Universitaria.

En su campaña de elección, el hoy rector Arim planteó que si bien la Ordenanza en cuestión generó un marco para cambios relevantes, hoy “se requiere evaluar lo hecho buscando corregir errores de diseño o de dirección académica que hayan llevado a configuraciones de dudosa coherencia formativa”. Es parte del intento de retomar el camino de la Reforma congelado por el efímero rectorado de Markarian, y de revisar una norma que tiene ya siete años, y que ya estaba obsoleta para las demandas de su momento histórico.

Esta norma que regula los estudios de Grado y Otros Programa de Formación Terciaria de la UdelaR es exclusiva de la institución y no constituye una norma articulada a las demás normas nacionales, como las de UTEC, ANEP o las de la educación superior privada. No buscó tampoco ser planteada o discutida para alcanzar una norma nacional que fijara un parámetro mínimo de licenciamiento y de estándares nacionales de la educación superior. En tal sentido, no contribuyó a una lógica de aseguramiento de la calidad con miradas y estándares externos, ni a reducir el actual sistema fragmentado de regulación.

Su eje central casi se limita a establecer para las carreras que cumplan un mínimo de 2400 horas de clase en 4 años o 1200 en 2 años, la intención de introducir una flexibilidad curricular sin colocar un mínimo de créditos o horas, admitir la posibilidad de incluir cursos presenciales, semipresenciales, virtuales u otros, pero sin establecer criterios de una regulación o estándares de éstas modalidades. Innova al incorporar ciclos iniciales optativos y otras modalidades de formación pero que quedaron imprecisos a nuevas determinaciones del Consejo Directivo Central que no se han hecho.

Tampoco habilitó un mínimo de cursos virtuales o a distancia en los formatos presenciales o a la inversa. Plantea la necesidad de una adecuada integración entre teoría y práctica, pero sólo establece que los estudiantes deben completar un mínimo del 6% o 10 como créditos en prácticas de formación social pero que incluso éstas pueden ser obviadas si son cursos en otros servicios de la Universidad. No impulsa la movilidad externa a la institución dentro del país al no habilitar sistemas fluidos de reconocimiento de créditos, sino que cualquier curso externo corresponde ser considerado a través de los engorrosos procesos de reválida, aunque por primera vez se abre la posibilidad de ser considerados créditos en programas evaluados, más allá que aún ello no existe como norma en el país, pero no aprobados por el MEC u otros organismos.

No se plantean requisitos del perfil de egreso, ni se establece la necesidad de estudios sobre el egreso, la trayectoria, la empleabilidad o la demanda de trabajo de los egresados. No hay un enfoque por competencias en el perfil del egreso, sino que se carece de un modelo en esta materia que implique cubrir determinadas demandas o prospectivas laborales. No se establecen la necesidad de competencias genéricas o interdisciplinarias como la capacidad de, innovar, comunicar, trabajar en equipo, con periféricos informáticos, idiomas, etc. El enfoque es tradicional respecto a contenidos transversales tales como estética, ciudadanía, media ambiental o formación social. No se habilita tampoco la fijación de cupos para los cursos, y las aprobaciones no están habilitadas para fijar cantidad de cohortes o grupos. Puede haber un estudiante o mil sin un criterio establecido. La normativa no planea limitación a la cantidad de estudiantes por grupo ni un porcentaje de estudiantes por metros cuadrado de aula.

La Norma tampoco estableció requisitos académicos de ingreso a las carreras para toda la institución, ni procesos de evaluación de conocimientos, competencias o análisis vocacional a los estudiantes, y por ende tampoco promovió la existencia de propedéutico mínimo que pudieran establecerse para apoyar a aquellos con deficiencias. La selectividad, atención particular a estudiantes o evaluación diagnóstica no se considera. No hay exigencias de infraestructura pedagógica ni se refiere a las bibliografías mínimas existentes en la Biblioteca de la institución para habilitar las ofertas. No se establecen consideraciones sobre los temas de la creciente sociedad digital ni se establecen mínimos de créditos u horas en temas de informática. El mercado, como ámbito de empresas o de trabajo está ausente.

En lo atinente a los Planes de Estudio, la Norma sólo plantea que deban ser revisados en plazos no superiores a 10 años, no exigiéndose procesos de evaluación o acreditación necesarios para ello. Los plazos son los mayores en todo el sistema nacional. No se plantean tampoco categorías o niveles de calidad de los programas según algún parámetro externo o interno para su actualización, cierre o renovación.

Los programas no son autorizados, revisados o acreditados por nadie externamente. No se establecen estándares externos en términos de rango académico de los docentes, tiempo de ejercicio docente, horas de laboratorio, recursos de aprendizaje, etc. La acreditación no es obligatoria.

Para efecto de instrumentación de la Norma se crearon más ámbitos de Consejos y Comisiones a lo largo de la estructura de la Universidad para asesorar, verificar, hacer seguimiento, etc. Igual la norma dispuso la existencia de Directores de Carreras o Coordinadores buscando reafirmar alguna lógica de mayor eficacia de gerenciamiento.

La Ordenanza de Estudios de Grado y Otros Programas de Formación Terciaria ya estaba obsoleta en el 2010 más allá de que pudiera ser un paso de avance. Hoy es un documento ya perimido que no muestra las complejidades de la enseñanza, la flexibilidad, la evaluación externa necesaria, la virtualización, las exigencias de mayor formación y la necesaria perspectiva sistémica y global de la educación superior de cara al mundo actual.

El cambio del ADN de la educación superior en el país centrado en la calidad es un paso necesario, y ello implica, al menos, renovar y mejorar normas ya perimidas. Lo merecen los estudiantes también.

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