Generación Covid, ¿la generación perdida?

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), unos 27 millones de estudiantes universitarios han visto interrumpida su enseñanza escolarizada en América Latina y el Caribe (ALC), y, en condiciones normales, dos y medio millones de ellos se habrían estado graduando en 2020.

0 264

Probablemente esto ya no sucederá, o no en los formatos y calendarios habituales, y, si ocurre, se enfrentarán a un mundo distinto al que imaginaron cuando empezaron sus estudios superiores.

Ahora, a menos que los formuladores de políticas públicas, las autoridades universitarias y la comunidad empresarial encuentren pronto alternativas viables para integrar productivamente a esos egresados, su destino a corto plazo puede ser una tragedia humana, económica y social para ellos y sus familias. Pongamos las cosas en perspectiva.

Por efecto de distintas variables positivas, la tasa bruta de matriculación en educación superior creció aceleradamente en ALC: mientras en 2000 era de 21 por ciento, en 2018 alcanzó casi 51 por ciento.

Más aún: aunque no se tienen datos agregados para todos los países de la región, la incorporación de jóvenes de familias pobres explica aproximadamente el 45 por ciento de ese incremento. Con el impacto económico de la crisis sanitaria, ¿puede esta generación estudiantil convertirse en una generación perdida? Veamos.

Una de los signos de la emergencia ha sido la explosión de reportes acerca de cómo abordar provisionalmente la anormalidad escolar (solo Google arroja 1.190 millones de resultados a la entrada «Covid y educación») lo que se explica por la necesidad de identificar información sobre buenas prácticas y modalidades para proveer un servicio educativo en casa, usar la tecnología, preparar materiales didácticos o atenuar pérdidas de aprendizaje, todo lo cual suena bien.

Es menos puntual, sin embargo, el tratamiento respecto de grupos específicos como los universitarios, que egresan este año pero lo harán en el siguiente.

Por consecuencia, la primera asignatura es entender el aspecto humano, psicológico y emocional del egresado que recién pensaba en sus opciones profesionales. No disponemos aún de información concluyente, pero algunas cifras son alarmantes.

En Estados Unidos, por ejemplo, encuestas de abril (Active Minds) muestran que entre el 80 y el 91 por ciento de los estudiantes universitarios están padeciendo sentimientos profundos de estrés, depresión o ansiedad, lo que tendrá un efecto relevante sobre su equilibrio personal y puede llegar, como sugiere una guía reciente de OCDE y Harvard, a agotar «las reservas psicológicas de todos, incluidos estudiantes y maestros».

Es urgente, por tanto, la formulación y la ejecución de una política de largo alcance en los sistemas universitarios para ayudar a los estudiantes a recuperar la seguridad y la confianza en su presente; pensar en su futuro en un contexto impredecible y sombrío, y sobre todo reconstruir el «circuito de recompensa» (emocional, motivacional y cognitivo) que les facilite incorporar este drama al resto de su existencia y estar en condiciones de salir adelante.

La segunda prioridad es afrontar la crisis del desempleo entre egresados. Partamos de que todas las estimaciones económicas son muy malas, que la salida puede ser lenta y que por diversas razones la inserción laboral de los universitarios ya exhibía desde antes de la pandemia serias dificultades.

Ahora no funcionarán las transferencias directas o temporales, al menos para este colectivo, sino que es indispensable articular y financiar, con presupuesto público, políticas focalizadas que faciliten la absorción de un capital humano calificado, en el que ya se invirtió, en los sectores más productivos y que muestren una tendencia más rápida hacia la recuperación. De otra suerte, ese talento ya formado puede traducirse en una pérdida tal vez irreparable.

La tercera cuestión es el financiamiento público. Las universidades enfrentarán, en todas partes, mayor competencia por la asignación de recursos.

Por ende, es imperativo que las autoridades educativas y universitarias demuestren que bajo ciertas condiciones y supuestos, entre ellos que las diferencias de ingresos responden a la mayor o menor disponibilidad de capital humano bien calificado en relación con su oferta, el gasto eficiente en educación superior obtiene no solo un retorno más elevado para un país y a mediano plazo se paga solo, sino que también mejora los niveles de productividad, innovación y competitividad, variables clave en el post-Covid.

Finalmente, en algunos países, una de las fuentes más dañinas de inestabilidad emocional será la imposibilidad de pagar las deudas estudiantiles, problema que ya se arrastraba, ahora acentuado si consideramos que en ALC la provisión privada de educación superior representa ya, en promedio, 50 por ciento de la matrícula total (OEI).

Solo en EEUU, antes del Covid-19, había 44 millones de personas con este tipo de adeudos y 4 de cada 10 no alcanzarían a pagarse en una vida laboral.

En Chile, donde más del 70 por ciento de los estudiantes va a una universidad particular y tiene un modelo peculiar de financiamiento privado con aval del Estado, 616.000 estudiantes deben unos 4.500 millones de dólares y el 27% estaba en mora desde antes, y algo parecido sucede en Colombia.

Con la crisis económica, esas deudas no podrán pagarse y los gobiernos deberán instrumentar un programa selectivo de rescate o condonaciones, semejantes a los que se han aplicado en el pasado con el sector financiero o las deudas soberanas.

En suma, para evitar que las opciones de recuperación, crecimiento y desarrollo de los países de la región fracasen, los gobiernos tendrán que darle la máxima prioridad política y presupuestal a una educación de calidad. De ello dependerá evitar que esta sea, también, la era de una generación perdida.

También podría gustarte

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat