Entrevista con el director de la Secretaria Nacional contra el Lavado de ActivosEspinosa: «Con el FA se desmontaron los secretos y los fondos ilícitos»

Daniel Espinosa, secretario Antilavado, habló con LA REPÚBLICA sobre los cambios que ha impulsado el Frente Amplio en la lucha contra las actividades ilícitas. Según sus palabras, la «gran modificación» de estos últimos años ha sido que Uruguay ha podido «desmotar todos los secretos y los mecanismos de ocultamiento de fondos ilícitos». «Se logró eliminar la concepción de que nuestro país era una plaza financiera o un paraíso fiscal. No nos olvidemos que hace 20 años había un grupo muy importante que pensaba que ese podía ser un destino lógico para el país, por lo que proponían liberalizar aún más las leyes. El momento clave de rompimiento con ese pasado, fue cuando el gobierno frenteamplista resolvió eliminar las SAFIS (Sociedades Financieras de Inversión que daban cobertura legal a empresas off-shore) con la reforma tributaria del año 2006». «Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, ha habido varias medidas reglamentarias y legislativas que han fortalecido el marco legal y han permitido mejorar la lucha contra el lavado de activos. Se puede hablar de un cambio radical y muy grande. Se profundizó la línea de trabajo rumbo hacia la transparencia, aspecto que incluso es compartido por todos los partidos porque todos se dan cuenta que la inserción internacional de Uruguay no puede hacerse sobre la base de la opacidad o sobre la idea de ser un paraíso para recibir fondos ilícitos», agregó. Explicó que la primer Ley de Antilavado «fuerte» fue en el año 2004 -época en la que estaba en el poder el Partido Colorado-. Consideró que fue una «buena normativa» y señaló que dicha legislación fue complementada con la Ley del 2009 –impulsada en el primer gobierno del Frente Amplio- que fortaleció a la antigua reglamentación. Consideró que con la Ley que fue aprobada el 20 de diciembre del 2017, se llega al punto final en materia de previsión antilavado. Dijo que en estos últimos años de gobierno frenteamplista se ha fortalecido a los organismos de control, incluyendo la creación de Juzgados y Fiscalías de Crimen Organizado, lo que implicó, según sus palabras, un «avance significativo». Otro progreso que mencionó Espinosa fue que se estableció la obligación de identificación de los beneficiarios finales de las sociedades, lo cual era una «gran carencia» que había en el país y generaba muchas posibilidades de movimiento de fondos ilícitos. La Ley Antilavado El año pasado se reportaron en Uruguay 550 operaciones sospechosas de lavado, lo que implica un 14% más que el año anterior. Cabe mencionar que la cifra de reportes de actividades sospechosas viene en aumento, ya que en 2014 se habían detectado 363. Según «El País», entre 10 a 15 casos son presentados por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central a la Justicia penal. Ante esta situación, Espinosa señaló que la tendencia a este aumento de reportes es «permanente», ya que el sistema de controles «funciona». Explicó que el aumento de reportes se ha dado por el sector no financiero, que son aquellos sujetos obligados a notificar como son los escribanos, inmobiliarias, zonas francas y casinos. Afirmó que este mejoramiento se ha dado gracias a que ha habido una mayor capacitación y un aumento de las visitas de inspección que hace la Secretaria Antilavado. Afirmó que en estos dos últimos años se han realizado 700 inspecciones, lo que ha contribuido a un mayor cumplimiento de la normativa. En otras palabras, explicó que la Ley Antilavado es el «marco general» y el mejoramiento se ha dado por más conciencia de los sujetos obligados, más capacitación y más supervisión. Declaró que en el aumento de reportes, la Ley de Inclusión Financiera no tiene que ver, porque la parte «importante», que es la de hacer pagos de bienes con instrumentos financieros, todavía no se ha implementado. «Esta acción quedó para el primero de abril. Va a ser muy bueno para el futuro porque va a impedir comprar un inmueble en efectivo como puede ser, por ejemplo, un alto caro, pero todavía no está en aplicación». Con respecto a la Ley Antilavado que se aprobó hace dos semanas, destacó que tiene un último cambio «decisivo» y «significativo»: incorpora la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. Esto quiere decir, según sus palabras, que a partir de esa fecha no debería ser tolerado el ingreso de fondos informales provenientes de defraudación tributaria. «Hasta el momento eso no sucedía; al ser tolerados esos fondos, teníamos un riesgo importante de que se vinieran para Uruguay por eso puede ser que haya pasado el tema del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Puede haber muchos casos como este, porque eran alentados por esa legislación benévola que permitía el ingreso de esos fondos. Sin embargo, con la Ley que aprobamos hace pocos días, se va a bloquear una gran vía de ingreso de fondos oscuros, lo cual es un cambio radical de cara al futuro». Por último, afirmó que el plan de la Secretaría Nacional para este año es poner en práctica la nueva normativa, que incluyó a los abogados, los portadores y a las asociaciones civiles como sujetos obligados a reportar casos sospechosos. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un Estado que tiene un régimen tributario que da una reducción significativa o una exención total en el pago de los principales impuestos. También brinda el secreto bancario. Cabe mencionar que los paraísos fiscales son los instrumentos más utilizados por las personas que practican la evasión fiscal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) utiliza cuatro factores para determinar si un Estado es un paraíso fiscal: si el país no impone impuestos, la falta o existencia de transparencia, el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a los contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos y, por último, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen una actividad en el país. Uruguay dejó de ser considerado paraíso fiscal por la OCDE Antes del 2011, Uruguay era considerado un paraíso fiscal por otros países, ya que llevaba adelante una política de exoneración fiscal y secreto bancario para atraer inversiones. Sin embargo, el gobierno introdujo una reforma tributaria con Impuesto a la Renta de las personas físicas, eliminó las SAFI (Sociedades Financieras de Inversión que daban cobertura legal a empresas off-shore) y se comprometió a cumplir con los estándares tributarios de la OCDE. Esto generó que Uruguay no figurara en la lista de paraísos fiscales, realizada por la OCDE, de noviembre del 2011.

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