Dura batalla ideológica entre herreristas y blancos independientesEl primer convenio de asistencia militar con los EEUU data de 1953

Este año se cumplen seis décadas de la aprobación del convenio de asistencia militar entre Uruguay y los EEUU (ley Nº 11.945 del 10 de junio de 1953), precedido de un importante debate en el entonces gobierno colegiado (6 colorados y 3 blancos), y el propio parlamento. Contrariamente a lo ocurrido en 1940 -cuando la pretensión de Washington de instalar bases militares en nuestro país con el beneplácito del presidente colorado Alfredo Baldomir, fue bloqueada por la oposición-, la mayoría de los sectores políticos apoyó en esta ocasión, este marco normativo, suscrito por otros 14 países de la región.

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“Apenas concluida la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las FFAA se afrancesaron decididamente. Aparecieron las misiones galas y nuestros oficiales concurrieron a Saint Cyr y academias similares a graduarse en distintas disciplinas técnicas. Complementando el programa, llegaron al país, con enorme profusión, los manuales de instrucción franceses”, recordaba Gabriel Castella, que siendo subsecretario de Defensa Nacional, falleció en abril de 2011, en su ensayo “Las Fuerzas Armadas Uruguayas en la Crisis Continental (ediciones Tierra Nueva, 1971, firmado con el seudónimo, Gabriel Ramírez).

Todo esto cambió durante los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en que los EEUU asumieron un rol central en la edificación de un nuevo orden político-militar en la región, acorde con sus intereses estratégicos (ver análisis de Selva López), y que culminó en una creciente dependencia de cada uno de las fuerzas armadas locales (el proceso fue llamado “la pentagonización”), al modelo norteamericano, en los más variados aspectos (doctrinal, tecnológico,  provisión de armamento, viajes de instrucción en guarniciones instaladas en su propio suelo o en la zona del Canal de Panamá, etc).

En 1940, casi se concreta la pretensión de Washington de instalar bases militares propias en nuestro territorio. El diario New York Times del 14 de octubre de aquel año se refería a la inminencia de la construcción de esas bases en Pará (Brasil), Valparaíso (Chile) y el Uruguay. El 21 de noviembre de aquel año, Eduardo Víctor Haedo, en nombre del herrerismo, interpeló al entonces canciller Alberto Guani, y logró que el Senado le cerrara el paso a esa u otra medida, que lesionara la soberanía nacional. (ver “El año del león. 1940: Herrera, las bases norteamericanas y el complot nazi, Aguilar 1999, con documentos secretos desclasificados, obtenidos por su autor en los EEUU).

La razón alegada para pretender crear bases aéreas o navales, era en aquella época el fenómeno nazifascista y su posible expansión a esta zona del mundo (después, para los EEUU y su visión geopolítica, el eje pasaría a ser el movimiento comunismo internacional, tópico permanente en la agendas de los encuentros de los jefes de los ejércitos americanos, desde los inicios de la década de 1960).

En 1942, a través de una ley de préstamos y arriendos, llegaron a distintos países de la región, materiales bélicos y pertrechos de origen estadounidense por valor de 400 millones de dólares. Eso implicó para Uruguay, desde jeeps y camiones, hasta blindados (40 tanques de guerra M3A1), obuses de 105 mms; tres fragatas livianas para la Armada; importante material aéreo (aviones F 51 Mustang, F6F Hercat, C47, de transporte). De lo francés, se pasó a lo norteamericano, en armas, logística, instrucción, manuales no siempre traducidos al castellano.

En este proceso, un momento clave fue la aprobación del Convenio de Asistencia Militar entre Uruguay y los EEUU, aprobado por el Consejo Nacional de Gobierno, el 27 de junio de 1952. El marco normativo, de 11 artículos, contó con el respaldo de los 6 consejeros colorados (Andrés Martínez Trueba, Antonio Rubio, Francisco Forteza, Héctor Alvarez Cina, Luis A. Brause, Eduardo Blanco Acevedo), y la oposición de los tres blancos (Martín R. Echegoyen, Roberto Berro, Alvaro Vargas Guillemette). El canciller era Fructuoso Pittaluga y el titular de la cartera de Defensa, Ledo Arroyo Torres.

En el Senado la bancada colorada tuvo el respaldo de los nacionalistas independientes, como Eduardo Rodríguez Larreta -codirector del diario “El Pais” de Montevideo-, y hasta la Unión Cívica representada en ese cuerpo por Juan Vicente Chiarino.
“Es a partir de la doctrina Monroe, que la expansión yanqui comienza a ser una dolorosa realidad y bien pueden dar fe de ello, Filipinas, Cuba, Nicaragua, Santo Domingo, Colombia, México, Puerto Rico y otros pueblos, que en carne propia experimentan las consecuencias de la vecindad del Leviatán, cuya bandera fue paseada en triunfo sobre los restos de soberanías pisoteadas en un clima de impunidad”, sostenía el herrerista Julio C. Vignale, en la sesión del Senado del 30 de agosto de 1953.

La respuesta de Rodríguez Larreta, del entonces Partido Nacional Independiente (PNI). fue: “El único país que podría estar dispuesto a asumir una actitud simpática hacia un país débil, agredido por otro país fuerte dentro del continente, son los EEUU (…) El rechazo de este convenio crearía un sentimiento de asombro y descontento en EEUU; sería casi un agravio suponer que nosotros los creemos capaces (a los norteamericanos), de abusar de su fuerza”. El convenio, respaldado por la mayoría legislativa, se convirtió en la ley Nº 11.945 (10/VI/1953), y circuló en el interior de nuestras Fuerzas Armadas  a través de un boletín del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 1 de agosto de 1953. Otros trece países de la región firmaron convenios similares.

Al preparar su tesis de maestría, presentada en la Universidad de la República  en noviembre de 2002, el politólogo uruguayo Julián González Guyer, al igual que Mercader, visitó los Archivos Nacionales en los EEUU, que contiene  muchos documentos desclasificados, y se encontró con un agregado de este convenio, fechado el 14 de octubre de 1953, en que Uruguay se comprometía, si ello fuera necesario, a enviar a la zona del Canal de Panamá, una batería de artillería antiaéreas, o una escuadrilla de bombarderos livianos al Mar Caribe. El documento, rotulado como secreto, lleva la firma del entonces titular del Ejército, general Oscar Gestido, que llegó a ser presidente de Uruguay (1967). Para este académico, el documento hallado, es demostrativo del grado de “subordinación” que el convenio de 1953 representaba en relación a los EEUU y su “política de dominación internacional enmascarada en el anticomunismo”.

“Apenas el convenio adquiere vigencia, llegan a Uruguay millones de dólares en armamentos, de los cuales buena parte de invierten en la Fuerza Aérea, en razón de la tirantez de relaciones con el régimen peronista”, señala Castella. “pero el advenimiento de la ‘revolución libertadora’ en la vecina orilla (1955), cuyo triunfo devolvió la tranquilidad a los inquietos norteños, el apoyo militar yanqui a nuestros B25 fue totalmente retirado”, añadió. Según fuentes militares, en esa época la FAU contaba con 25 cazas Mustang, 11 bombarderos B 25J, y tres transportes de carga, C47. Una compañía de tanques (20 M24), se sumó al arma de infantería del Ejército. Esos carros de combate (reciclados posteriormente en Brasil), integran la nueva Brigada Blindada, creada el año pasado en la ciudad de Durazno.

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