El nuevo Parlamento Nacional y el papel de la mujer

La instancia de balotaje del pasado 24 de noviembre tuvo una particularidad: por primera vez se enfrentaron dos fórmulas paritarias. No hubo presidenta, pero sí, habrá vicepresidenta.

El panorama en cuanto a la paridad de género es bastante menos favorable en el Parlamento recientemente constituido. Para el período 2020-2025 serán 8 las senadoras y 19 las diputadas, solo una mujer parlamentaria más que en la legislatura anterior.

Durante siglos el fundamento de esta legitimidad se vio limitado, quedando muchos excluidos de dicho derecho de elección: los esclavos, aquellos que carecían de propiedades o de educación formal, los «no civilizados» o quienes no fueran parte de la cultura o la religión dominantes en la sociedad, la gente de color, de una raza o etnia particular, los pueblos originarios de países que habían sido conquistados o anexados por medio de superioridad militar y, por abrumadora mayoría, las mujeres.

El derecho al sufragio fue logrado como fruto de la lucha de las sociedades del mismo modo que en muchos países el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos fue el fruto de luchas anticolonialistas y movimientos de liberación. El derecho al sufragio universal a través de elecciones libres y justas es reconocido como una de las reglas básicas para la existencia de una sociedad democrática.

Si bien el debate sobre el derecho al sufragio de las mujeres y su participación de éstas en el proceso de toma de decisiones a menudo gira en torno a principios como la justicia, la igualdad y los derechos humanos, la representación femenina y la inclusión de sus perspectivas y experiencias en el proceso de toma de decisiones, conducirá indefectiblemente al logro de soluciones más viables que satisfarán a un espectro más amplio de la sociedad.

Es por ello que las mujeres deben ser parte del proceso político y es por ello por lo que es extremadamente importante ya que toda la sociedad se beneficia en la medida en que nosotras encontramos soluciones mejores y más apropiadas para nuestros problemas.

La mujer y la política en la historia de Uruguay

Una ley de diciembre de 1932, que lleva el número 8.927, puso fin al reclamo cívico de igualar los derechos políticos de hombres y mujeres en nuestro país. Después de muchos años de movilizaciones, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1938.

En las elecciones de 1942 resultaron electas una senadora colorada (Sofía Alvarez de Demichelli), y dos diputadas, una colorada (Magdalena Antonelli Moreno) y otra comunista (Julia Arévalo de Roche).

Abogada de profesión, Alvarez de Demichelli (1899-1984) había sido la cuarta candidata de la lista del sector Libertad y Justicia que obtuvo 31.903 votos, accediendo a cuatro escaños. Casada con Alberto Demichelli, integró con destaque a partir de 1934 el Consejo del Niño, y estuvo en la redacción de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, en 1946.

La otra senadora colorada en todo el período, pero del ala batllista, fue Isabel Pintos de Vidal (1885-1969), que ingresó por Mattiaude, y permaneció en esa cámara durante los cuatro años, siendo reelecta en 1946 y en 1950. Maestra primero, después abogada, presidió el Ateneo de Montevideo y cofundó la Asociación Cristiana Femenina. Fueron en total 10 los batllistas que integraron ese cuerpo.

En diputados, se integraron la batllista Magdalena Antonelli Moreno, -que ocupaba el lugar 11 de la lista 15 de Montevideo, que conquistó 13 bancas, y encabezada Ricardo Cosio, Eduardo Acevedo Alvarez, y Luis Batlle Berres,- y Julia Arévalo de Rocha, titular de la lista 63 de Montevideo del Partido Comunista, que alcanzó a obtener en total dos bancas (el otro titular, fue Antonio Richero).

Arévalo de Roche, que era obrera, integraba la dirección de su partido desde 1934, ocupó la fórmula presidencial postulada en los comicios de 1942 (Eugenio Gómez-Julia Arévalo, 14.330 votos en 574.700 votos válidos computados). En el período siguiente estuvo en el Senado (1947-1951), y después actuó como edila en la Junta de Montevideo.

En 1955, fue una de las impulsoras de la refundación comunista (caída de Gómez de la secretaria general; nuevo encuadre ideológico y organizativo), acaudillada por Rodney Arismendi.

Uruguay ha registrado varios avances en cuanto a derechos de las mujeres y, aunque la integración de las mismas en la vida política del país ha sido históricamente baja, caracterizándose no solo por un crecimiento lento pero también con períodos de declive.

En el primer período democrático (1985-1990) no hubo mujeres en la legislatura nacional y en la legislatura 2010-2015 la representación fue sólo del 14,1%.

La Unión Interparlamentaria (UIP) clasificó a Uruguay en el número 103 de los 188 países en cuanto al porcentaje de mujeres en la cámara baja o única. La presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo también ha sido muy baja: en el 2014 hay 2 ministras y 11 ministros.

También a nivel local se detectan problemas de representación de las mujeres, a pesar de que las elecciones departamentales del 2010 fueron un hito puesto que se consiguieron por primera vez mujeres en cargos de intendentas departamentales (en 3 departamentos: Artigas, Lavalleja y Montevideo).

También la ley de descentralización y participación ciudadana (Ley 18.567) creó municipios en los cuales se cuenta a partir de las elecciones pasadas con un/a alcalde/alcaldesa por municipio y 4 concejales/as por municipio.

Estos espacios locales y la política comunitaria facilitaron la participación pública de las mujeres. Pero de todas maneras, son pocas las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, ya sea en el ámbito nacional o local, público o privado.

Para el período 2020-2025, serán ocho las senadoras y 19 las diputadas, solo una mujer parlamentaria más que en el período que está terminando.

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