#OpiniónEl gran capital y el futuro del trabajo en Uruguay

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Las propuestas presentadas al sistema político por parte de la Confederación de Cámaras Empresariales revelan, una vez más, los deleznables propósitos del gran capital, que apuesta fuerte a la restauración del paradigma neoliberal que caracterizó a la década de los noventa.

Por supuesto, a nadie sorprende que la batería de medidas que reclama la clase empresarial a corto y mediando plazo, coincida, en lo sustantivo, con el programa de gobierno de la derecha.

No en vano, el acto de presentación contó con la participación de los precandidatos del Partido Nacional Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga y del Partido de la Gente Edgardo Novick. Dios los cría, y ellos se juntan.

En este caso, la proclama de la clase dominante, que más que una mera demanda parece un plan de gobierno, reitera los sempiternos reclamos de los propietarios de los medios de producción.

En ese contexto, uno de los temas de mayor énfasis es la drástica reducción del gasto público, que replica la insólita promesa electoral de Luis Lacalle Pou de ahorrar novecientos millones de dólares en el quinquenio.

Obviamente, también exigen la corrección del supuesto atraso cambiario para mejorar la rentabilidad empresarial, sin advertir que un dólar más caro genera más inflación.

Naturalmente, los empresarios ponen particular énfasis en las relaciones laborales, que, a su juicio, deben ser más flexibles, condición necesaria para generar puestos de empleo.

Este reclamo también sintoniza con las promesas electorales de todos los candidatos de la derecha encabezados por Luis Lacalle Pou, que promueven la modificación de los mecanismos de negociación colectiva que han regido durante los últimos quince años.

Si bien se cuidan de garantizar el mantenimiento de los Consejos de Salarios para no espantar a los votantes, anuncian algunos cambios radicales como la promoción de un esquema bipartido sin la participación del Estado y la masiva activación de las cláusulas de descuelgue para no otorgar incrementos de sueldos.

Este sistema, que rigió durante el gobierno blanco encabezado por Luis Alberto Lacalle, derivó en la desregulación del mercado de trabajo, la pérdida de valor del salario mínimo nacional como referencia y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, por primera vez en mucho tiempo, aflora una medida reaccionaria que nos retrotrae a los tiempos del pachecato y de la dictadura: la reglamentación del derecho de huelga, que, en caso de concretarse, lesionaría una inalienable garantía constitucional.

Por supuesto, se aboga por dejar sin efecto el decreto sobre ocupaciones, pese a que esta medida de lucha sólo ha sido aplicada por los sindicatos en caso de situaciones extremas de cierre inminente o de insolvencia patronal.

En materia de política macroeconómica, los empresarios abogan por la implantación de una regla fiscal que reduzca la discrecionalidad del gasto, tal cual lo propone -¡vaya casualidad!- el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou.

Sin dudas, el reclamado abatimiento del déficit fiscal está en perfecta sintonía con la motosierra encubierta del precandidato blanco, convenientemente camuflada con el eufemismo del shock de austeridad.

Empero, las cámaras empresariales también proponen su propia reforma de la seguridad social, tendiente a la reducción del gasto endógeno estatal. Obviamente, no falta la demanda de que se bajen los irrisorios aportes patronales, pese a que los empleadores vierten al BPS la mitad de lo que pagan los trabajadores.

Antes que demandar cambios radicales en este tema, estos privilegiados señores deberían dejar de evadir a la seguridad social y no tener trabajadores en negro, lo cual constituye una inmoral estafa a la sociedad en su conjunto.

No satisfechos con tanto dislate, los voceros del gran capital también demandan la reducción de la plantilla de empleados públicos y crear un sistema de seguro de paro para los trabajadores estatales excedentes, lo cual supondría un grosero ejercicio de privatización.

Mientras, el PIT-CNT denunció la pretensión de los empresarios de retroceder a los oscuros años noventa barriendo con todas las conquistas sociales de los últimos quince años, los precandidatos derechistas saludaron calurosamente las propuestas empresariales.

Incluso, en un reciente discurso, Luis Lacalle Pou afirmó, insólitamente, que «la torta está más repartida», insinuando que el Estado se queda con la riqueza de los uruguayos.

Es muy cierto que la torta está muy mal repartida desde hace décadas, porque la oligarquía a la cual pertenece Lacalle Pou y sus aliados detenta la porción del león.

En efecto, según una investigación del economista Mauricio Da Rosa, el 62% de la renta está concentrada en el 10% más rico de la población. A su vez, la cuarta parte está en manos del 1% más rico y más de la mitad de ese 25% pertenece al 0,1% de la población más acomodada.

La pregunta es de qué se quejan estos patricios mezquinos, rapaces, apátridas, insensibles y egoístas, que sólo aspiran a seguir acumulando, apropiándose inmoralmente de la plusvalía y explotando a la clase trabajadora.

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