¿Quién es la víctima en el caso que mantiene expetantes a dos gobiernos?El caso Odebrecht y el pedido de asilo diplomático de Alan García

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Investigado por una trama de corrupción que ya ha salpicado a buena parte del establishment político en Perú, el ex presidente de ese país Alan García (1985-1990, 2006-2011) entró a la embajada uruguaya en Lima para escapar a la justicia y solicitó asilo diplomático a Uruguay, aduciendo persecución política.

El día antes de ingresar el sábado 17 a la embajada uruguaya en Lima, el ex presidente de Perú Alan García Pérez había sido objeto de un dictamen de la justicia peruana que le prohibe salir del país por 18 meses.

El fiscal José Domingo Pérez había basado su pedido de impedimento en una acusación contra el político aprista por lavado de activos y por recibir un pago de la «caja 2» de la empresa Odebrecht. El punto 21 del texto presentado por el fiscal detalla cómo la empresa creó la División de Actividades Estructuradas para pagar sobornos y cómo se empleó el sistema secreto de comunicación interna de Odebrecht, llamado Drousys, para lo relacionado a esta división. La empresa se presentó ante la fiscalía y entregó documentación –las comunicaciones del sistema Drousys entre los participantes en la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht– que acreditaba esta versión bajo el esquema de colaboración eficaz que ofrece la ley brasileña.

Dicha documentación incluye el reconocimiento de la empresa de un pago de 100 mil dólares a Alan García. Para ello se hizo un contrato entre el estudio de abogados Spínola Consultoría Jurídica y García Pérez después de haberse efectuado el presunto servicio de García en Brasil. Se construyó un mecanismo de pago para ocultar la operación, en la que intervino el abogado Américo Spínola. La documentación también comprende un recibo de recepción del pago firmado por Alan García.

El estudio Spínola cobró 15 mil dólares por efectuar dicho pago, el 9 de julio de 2012, a la cuenta de Alan García Pérez en el Banco Continental de Lima, que Odebrecht reconoció que no podía efectuar de manera directa (también según la documentación entregada al fiscal). La comunicación entre Odebrecht y Spínola muestra que Odebrecht quería ocultar el pago al presidente. Odebrecht tenía contratos con el Estado peruano y pagarle dinero al presidente en ese contexto constituía un soborno.

Y el metro de lima …

El fiscal Domingo Pérez también investiga a Alan García por presunta corrupción en el caso de la licitación para la construcción del metro de Lima, que fue otorgada a Odebrecht.

El delito de corrupción de funcionarios que reconoció Odebrecht ante la justicia estadounidense en diciembre de 2016 incluye este caso del metro de Lima. Según el acuerdo firmado por la empresa con la justicia estadounidense, entre 2005 y 2014 (bajo el segundo gobierno de Alan García) la empresa pagó sobornos a funcionarios peruanos por un monto total de 29 millones de dólares con el fin de obtener las licitaciones, algo que le generó a la constructora una ganancia de 143 millones de dólares. El texto del acuerdo de colaboración eficaz indica que la empresa «realizó pagos corruptos con fondos no declarados a funcionarios con dinero de la División de Operaciones Estructuradas».

El representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, visitó el palacio de gobierno diez veces sólo entre 2007 y 2008, según la Casa Militar, cuando Odebrecht participó en licitaciones del Ministerio de Transporte del gobierno peruano. Según los registros de ingreso al palacio de gobierno se puede constatar una visita del 23 de enero de 2009 de Barata a García en el palacio desde las 5.45 hasta las 8.55 de la tarde. El fiscal Pérez argumenta que el delito de colusión se puede demostrar a través de la celeridad con que las autoridades gubernamentales otorgaron la obra del metro de Lima a Odebrecht.

El proceso de emisión y publicación del decreto presidencial número 008-2009-Mtc del 10 de febrero de 2009 señala que la oficina peruana de vialidad Provías Nacional envió la «Nota de elevación 024-2009 MTC 20 Proyecto de decreto supremo» a las 16.01 de ese mismo día. El entonces viceministro lo recibió el mismo día y el asesor jurídico de Provías redactó el memorándum 407-2009 a las 16.46, es decir 45 minutos más tarde.

Provías emitió otro documento a su asesor jurídico a las 19.25, y a las 22 horas del mismo día se resolvió la emisión de dicho decreto supremo. Al día siguiente, el 11 de febrero, el trámite pasó de la asesoría jurídica del Ministerio de Transportes a la secretaria del Consejo de Ministros y el decreto supremo fue firmado por Alan García 12 de febrero.

Con este decreto, la responsabilidad por el proyecto de construcción del metro de Lima se retiró de la Municipalidad de Lima y pasó a estar en manos del Poder Ejecutivo, mediante una sesión del Consejo de Ministros extraordinaria que autorizaba al Ministerio de Transporte la ejecución de dicha obra. La autorización de ejecución por el Ministerio de Transporte fue dada el 19 de febrero y la justificación jurídica se efectuó diez días más tarde de manera anómala.

Todos estos indicios apuntan hacia una suma de delitos públicos que motivaron el pedido que hizo al juez el fiscal Domingo Pérez para impedir la salida del país del ex presidente Alan García Pérez.

La primera reacción de García Pérez fue decir que se quedaría en Perú para enfrentar las acusaciones, tal como lo hace por ejemplo Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, y como lo hizo otro ex presidente peruano: Ollanta Humala.

Pero muy pocas horas después estaba pidiendo asilo en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, sita en la calle Pezet, de San Isidro, argumentando que era víctima de una persecución política.

Como se sabe, el caso Odebrecht ha abierto en toda América Latina un abanico de casos de corrupción que han sido enfrentados de manera distinta y que han impactado de manera diferente a la clase política.

La izquierda peruana rechaza pedido de asilo

Entre la izquierda peruana hay muchas expectativas de que el gobierno uruguayo no le conceda el asilo al ex presidente, y son muchos quienes se han congratulado por las declaraciones de figuras políticas uruguayas que se han opuesto a darle asilo a Alan García.

LAS RAZONES PARA RECHAZAR EL ASILO. La solicitud de asilo diplomático de Alan García Pérez enfrenta varios desafíos, ya que existen diversas razones jurídicas y de ética internacional por las cuales el gobierno uruguayo no debería concederlo.

El distinguido abogado internacionalista peruano Óscar Schiappa-Pietra afirmó que el caso que presenta Alan García no cumple con los requisitos establecidos en la convención sobre asilo diplomático de 1954. La internacionalista Jo Marie Burt, profesora de ciencias políticas de la Universidad de George Mason y asesora principal de Washington Office on Latin America, rechazó el argumento de García Pérez al afirmar que su investigación judicial no es producto de una persecución política. La aplastante mayoría de los observadores concluye que en Perú no existe un régimen autoritario, ni manipulación del sistema judicial por parte de las autoridades del Ejecutivo, y que los derechos fundamentales y procesales de García se encuentran a buen resguardo.

Según Schiappa-Pietra, el espíritu y la letra del artículo 3 de la convención sobre asilo diplomático indica claramente que el asilo no puede ser utilizado para sustraer a una persona de la investigación y procesamiento penales por delitos comunes cuando las garantías del debido proceso están suficientemente cauteladas.

Además, señaló el experto, Uruguay está obligado a cooperar en la lucha internacional contra la corrupción, tal cual está previsto en las convenciones de las Naciones Unidas y de la Oea sobre la materia. Conceder asilo en un caso en el que manifiestamente no es procedente y cuando el objetivo evidente del solicitante es el de procurar sustraerse a la investigación y procesamiento penal por delitos de corrupción implicaría para el Estado uruguayo trasgredir –y contradecir– esa obligación, sostuvo el abogado.

La razón por la que García escogió refugiarse en la embajada de Uruguay es porque este país no firmó el tratado de investigación fiscal por el caso Odebrecht, comentó a Brecha Aída García Naranjo, ex embajadora del Perú en Uruguay. Los países que sí firmaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Luego de manifestar su gran indignación por la noticia, la ex embajadora, en declaraciones a Ideele Radio, de Lima, aseveró además que «para las investigaciones, Uruguay es una pieza clave en la conexión entre la banca privada de Andorra con Odebrecht». Analizó asimismo que García se encuentra enfrentado al actual presidente, Martín Vizcarra, y que puede producirse un grave malestar en Perú y en Uruguay, donde se está debatiendo el caso. «Tengo confianza todavía en que no se le dé el asilo, ya que Uruguay no es un destino de corruptos», expresó.

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2 Comentarios
  1. Peter Munive dice
    Es generalizado el rechazo al pedido de Asilo por parte de Alan García; se nota la indignación incluso de notables militantes de su propio partido:APRA ; basta leer https://cavb.blogspot.com/2014/02/basta-ya-alan-fue-suficiente-el.html también una publicación actual: http://www.hildebrandtensustrece.com/
  2. Carlos Olivera Meléndez. dice
    En este momento el Perú esta actuando con valentía luchando contra la corrupción que nos ha hecho tanto daño. Que se entienda con mucho respeto que dar asilo es ponerse en contra de los pobladores del Perú, por que somos los que pagamos y sufrimos las consecuencias de una corrupción desmedida, practicada por parte de un grupo de sus ex gobernantes. La pregunta clave si Alan se considera perseguido político por que vino al Perú e incluso más por que no apelo a la decisión de su retención en el Perú. América Latina tiene que cerrar filas y desterrar de sus Países la corrupción que es la forma y meta que persiguen los políticos para hacerse millonarios. La corrupción se está queriendo institucionalizar en mi País, en personas que ven la Política como una forma de vida para hacerse fácilmente de aquello que no les corresponde, apropiándose ilícitamente de dineros en detrimento de su desarrollo. Hoy en el Peru se está reaccionando haciendo valer el concepto de DEMOCRACIA en su acepción más sencilla GOBIERNO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO Y POR EL PUEBLO., por ello somos los pobladores los que estamos reaccionando cansados de tanta impunidad, creemos que es tiempo de castigar la corrupción caiga quién caiga, tomando en cuenta lógicamente que hay que proceder con los lineamientos y procedimientos que la Democracia tiene institucionalizado para luchar contra la corrupción. Hermanos Uruguayos solicitamos vuestro apoyo y comprensión. Somos admiradores del Presidente MUJICA., ejemplo vivo de como gobernar con ejemplo cuando se quiere al País y por ende a sus Pobladores.

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