#OpiniónDios los cría, y ellos se juntan

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La sanción en el ámbito del Senado de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas por parte del oficialismo, generó agrias críticas de la oposición de derecha, consecuentes con la sintonía histórica que siempre existió entre el instituto armado y el bloque conservador.

No en vano, cuando hace 45 años los privilegios de la oligarquía vernácula fueron amenazados por las fuerzas de cambio, los uniformados abandonaron los cuarteles para arrasar con las instituciones e instaurar la dictadura.

En efecto, los documentos desclasificados de los servicios de inteligencia norteamericanos que datan de los tiempos de la guerra fría corroboran, en forma inequívoca, que, derrotada la guerrilla, lo que más temían la Casa Blanca y el Pentágono era la instalación de un gobierno de izquierda en nuestro país.

Por más que los partidos tradicionales aduzcan que se opusieron al despotismo gorila manipulado desde los centros del poder imperial, ambos nutrieron los cuadros del gobierno autoritario.

Dos ejemplos concretos, entre muchos otros, son los del ex dictador Aparicio Méndez y el ex presidente del Consejo de Estado Martín Recaredo Etchegoyen, ambos del cerno nacionalista.

También el Partido Colorado aportó numerosos hombres a la dictadura, como productos residuales del también gobierno liberticida encabezado por Jorge Pacheco Areco.

Por si no fuera suficiente, la coalición rosada que opera de hecho hace más de cuatro décadas, sancionó la Ley de Caducidad en 1986, consagrando la impunidad de los militares que violaron groseramente los derechos humanos.

Reivindicando permanentemente a esa norma abiertamente inconstitucional, blancos y colorados defienden la impunidad y- por vía indirecta- también a los represores presos.

Esa actitud de abierta complicidad, que se prolongó en el tiempo hasta nuestros días, es el sustento de la exacerbada reacción derechista y la gratuita acusación al Frente Amplio de eventual revanchismo contra el estamento castrense.

Por supuesto, este discurso es consecuente con el de los clubes militares, desde donde oficiales de inspiración golpista defienden enconadamente a sus compañeros de armas procesados, a quienes insólitamente consideran presos políticos en democracia.

Si algo puede imputarse al oficialismo en el tema de las pasividades militares, es no haber tomado la decisión -hace no menos de diez años- de reformar un régimen previsional que, además de ser deficitario, es a todas luces flagrantemente injusto.

Basta ingresar en la propia página web del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas o Caja Militar, para corroborar los indebidos privilegios que ostentan los militares al acogerse al retiro y los beneficios jubilatorios.

Para ellos, es normal retirarse con apenas veinte años de servicio –diez menos que en el caso de las jubilaciones civiles- y con un grado superior al que desempeñan en el escalafón y también que las jubilaciones no estén topeadas, como sí lo están las del Banco de Previsión Social.

Este régimen absurdo, que tiene un déficit descomunal apenas inferior al del BPS financiado obviamente por Rentas Generales, es producto de la absoluta irresponsabilidad de la clase política.

En este proyecto de ley no existe ningún atisbo de revanchismo. Lo que prevalece sí es la equidad, pese a que, como afirmó el senador frenteamplista Marcos Otegui, se trata de una reforma extremadamente benévola.

En efecto, el texto prevé que las jubilaciones militares puedan llegar hasta al 85% del salario que el funcionario percibe en actividad y que los montos sean topeados en 101.000 pesos.

Resulta de meridana claridad que el tope vigente de las pasividades civiles es actualmente de 65.000 pesos y que la tasa de reemplazo para los trabajadores que opten por acogerse a la jubilación con 60 años de edad y 30 de trabajo, alcanza apenas al 45% del salario.

Como se advierte, pese a los cambios propuestos por la nueva normativa, las diferencias entre un régimen jubilatorio y otro seguirán siendo realmente escandalosas.

Pese a todo, el Partido Nacional, a través del senador Luis Alberto Heber, acusó al gobierno de aplicar criterios “neoliberales” y “economicistas”. Paradójicamente, el legislador está admitiendo que el neoliberalismo es un modelo injusto.

No menos insólita es la explícita amenaza del senador Jorge Larrañaga, quien anunció que, en caso que su partido acceda al gobierno, la ley será modificada.

En materia política, cada vez más se sabe quién es quién y qué intereses se defienden. Es un nuevo mensaje para que los indecisos despierten de su inexplicable letargo.

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1 comentario
  1. alfredo alsamendi dice
    La oligarquía más reaccionaria siemrep mimó a los militares. Los usó para que les pusieron la casa en orden en 1973, -no másreclamos por miseria, hambre, desocuapción, ni portestas estudiantiles-y les salió mal, porque los “muchachos” le agarraron gusto a la cosa y se quedaron 13 años. Obvio, muchos colaboraron: la inmensa mayoría de los Intendentes, todos del Partido Colorado o el Partido Nacional, los “consejeros” de Estado, legisladores como Echegoyen, Lacalle Don Aparicio Mémdez, de Michelli (que había apoyado la dictadura de Terra), Chiruchi, y mucho otos, reconvertido en demócratas a partir de 1984…¿Cóm no van a defender a los militares’ Son los mismo qu eponen el grito en el cielo cuando se enteran que se ianugura una policlínica o un complejo de viviendas para gente que vivía en asentamientos, cuando ellos nunca hicieron nada para sacarlos de allí…

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