Diálogo entre el pasado y el presenteDesde el Estado se promueve el rescate de nuestra memoria histórica

Dos nuevos lugares fueron recientemente señalados como “Sitios de la Memoria”: el Regimiento Nº 5 de Caballería Blindado de Tacuarembó, y el Regimiento de Caballería Blindado Nº 2 de Durazno.

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En este último establecimiento se recordó la muerte por torturas del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta el 24 de mayo de 1973.

Se entiende por sitios de memoria espacios públicos, lugares físicos de instituciones públicas o privadas donde se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El director de Cooperación Internacional y Proyectos de MEC y presidente de la Comisión de Actuación Ilegítima del Estado, Nicolás Pons explicó a LA REPÚBLICA los alcances de la Ley Nº 18.596 denominada de Actuación Ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Dicha Comisión está integrada por el MEC, un delegado del MSP, otro del MEF y dos delegados de organizaciones sociales que en este caso, uno pertenece a Crysol y el otro a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Entre los principales cometidos de esta Comisión figura el de generar reparación a quienes hayan sufrido violaciones en sus derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad sin intervención del Poder Judicial, dentro o fuera del territorio nacional.

Explicó Pons que “se reconoce en este sentido la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de torturas, desaparición forzada y prisión, homicidios, aniquilación de personas, exilio político o destierro de la vida social. Y, a la luz de este reconocimiento que hace el Estado también reconoce el derecho a la reparación”.

“En este aspecto tenemos básicamente tres componentes: uno es la reparación simbólica, un documento que acredita a quien lo solicita su condición de víctima. Se extienden a quienes hayan permanecido detenidos por más de seis meses por motivos políticos o gremiales sin haber sido procesados en el país o en el extranjero, fallecidos durante el período de detención, o que hubieran desaparecidos en hechos conocidos públicamente, fallecidos a raíz y en ocasión del accionar ilegítimo de los agentes del Estado, obviamente por torturas y malos tratos, o haber sufrido lesiones personales graves y gravísimas, o nacidos durante la privación de libertad de la madre, quienes siendo niños hayan permanecido detenidos con sus progenitores, aquellos que se vieron obligados a abandonar el país o hayan sido requeridos o permanecieron en clandestinidad dentro del territorio nacional por un período superior a los 180 días”, agregó el presidente de la Comisión.

El segundo componente que la ley contempla es reparatorio en salud, por el que las víctimas que hubiesen permanecido detenidas por más de 6 meses, sin haber sido procesadas, que hayan sufrido lesiones gravísimas a raíz del accionar de agentes del Estado, o que siendo niños hayan sido secuestrados junto a sus padres tienen derecho a recibir de forma gratuita y vitalicia prestaciones médicas, que incluye la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica.

Y el tercer componente es de reparación económica, una indemnización por única vez y está dirigido a los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad, a las víctimas que hubieran sufrido lesiones gravísimas, a las que siendo niños hayan permanecido desaparecidas por más de 30 días y a las víctimas que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que hayan permanecido detenidos con su madre o padre por un período mayor a 180 días.

La Ley Nº 18.596 también contempla en sus artículos 7 y 8 la promoción de señalamiento o acciones materiales, simbólicas en sitios públicos notoriamente identificados donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos o hayan existido manifestaciones de resistencia contra la dictadura militar. “Aquí entra a jugar toda una política de rescate de la memoria histórica -denominada Sitios de Memoria- en la que la Comisión también está trabajando”, explicó el entrevistado.

“La política de Sitios de Memoria compromete a nuestro país en función de los acuerdos que Uruguay tiene con distintos organismos internacionales, -explicó Pons-. Por ejemplo, Naciones Unidas hace referencia directa a las políticas de memoria y recomienda que las mismas deben ser globales en tres sentidos: orgánicamente, en cuanto deben comprender al Estado y no solo al gobierno, temporales por cuanto deben exceder el período de un solo gobierno y políticamente por cuanto deben necesariamente contar con la participación de la sociedad civil en su conjunto. En este sentido, la Comisión de la Ley de Reparación se encuentra impulsando una política pública en materia de derechos humanos que tiene como objetivo identificar y construir justamente sitios de memoria. Se entiende por sitios de memoria espacios públicos, lugares físicos de instituciones públicas o privadas donde se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos. También conforman sitios de memoria lugares de resistencia de personas u organizaciones contra el ejercicio arbitrario, despótico y dictatorial del Estado”.

“¿Por qué sitios de memoria? Porque los lugares tienen la capacidad de generar conciencia en la sociedad, representando y preservando la historia vivida, buscando abrir un espacio de diálogo entre el pasado y el presente. Es a partir de esta concepción que este diálogo recoge intencionalmente la voluntad de poner en valor los acontecimientos vividos por la sociedad para preservarse y recordarse como forma viva de nuestro patrimonio y parte de nuestra historia.

Sitios de la historia

En el marco de la competencia que la mencionada ley tiene se procedió “a marcar inicialmente en Montevideo el local sindical del Sunca en 2014 como espacio de resistencia recuperado por los trabajadores aún en tiempos de dictadura; en Colonia señalamos el asesinato de Aldo Perrini; en Treinta y Tres la primera muerte por tortura de Luis Batalla; en Paso de los Toros, frente al Centro de Reclusión Femenina Nº 1, lugar de tortura y asesinatos (hoy Seccional Policial 3ª); en Mercedes en el actual Shopping de la ciudad donde funcionara el Cuarte General Luna también como centro de detención y tortura; en Río Negro marcamos el lugar en el que se le dio muerte al Dr. Vladimir Roslik; el año pasado también en Montevideo se marcó el Puerto donde se alojó el Fusna, y donde funciona Prefectura Nacional Naval también como centro de tortura y desaparición forzada de personas. Este año hemos marcado ya el Regimiento Nº 5 de Caballería Blindado, en Tacuarembó y el 24 en Durazno en el Regimiento de Caballería Blindado Nº 2 lugar donde se asesinó a Óscar Fernández Mendieta. Además, contamos con solicitudes aprobadas por la Comisión y me refiero al Batallón 13 de Montevideo, al 300 Carlos denominado Infierno Grande, y a la escuela de nurses Carlos Nery, centro de reclusión femenina en dictadura. Pero aún quedan muchas por procesar.

Consultado Pons sobre si se constató resistencia para ingresar a algún establecimiento militar indicó:

“Sí, y me interesa relativizarlo. La colocación de la placa en Durazno es una de las que ha generado mayores resistencias por parte de las autoridades militares. Una vez que la Comisión resuelve proceder a la solicitud se establece una serie de mecanismos, entre ellos la comunicación al director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, quien conjuntamente con nosotros concurre al edificio donde se colocará la placa; nos comunicamos con la autoridad máxima del establecimiento en cuestión para informarle sobre la ley y la resolución tomada por la Comisión.

En Durazno hemos tenido una situación bastante desagradable, fuimos recibidos por la persona a cargo del establecimiento quien nos advirtió que hasta no recibir la decisión del comandante en jefe del Ejército no iba a habilitar la colocación. Hasta los últimos momentos hemos teniendo inconvenientes sobre la colocación de la placa, pero han intervenido las máximas autoridades del Ministerio.

Sin embargo, en líneas generales en oportunidades anteriores se funciona de acuerdo a lo que la ley establece y no hubo mayores inconvenientes. La situación en Durazno nos llama poderosamente la atención porque no estamos haciendo más que cumplir con lo que la ley encomienda al Estado”.

Derecho a conocer el pasado

“Como funcionarios públicos estamos absolutamente convencidos de que esto era una deuda que el Estado tenía con la sociedad en su conjunto, y particularmente con las víctimas de la dictadura. Esta política pública apunta a resguardar el derecho que tienen los pueblos a conocer su pasado, construir memoria y proyectar con responsabilidad el futuro para evitar cualquier forma de autoritarismo. Por otro lado, esa sensación de frialdad que muchas veces se siente en los establecimientos militares donde parece que la historia ahí entra a “forcé”. Es una sensación muy subjetiva, pero con el convencimiento de que estas acciones nos permiten hacer que la historia también involucre a los cuarteles en un proceso de recuperación y diálogo con esta memoria histórica y con estos sitios de memoria.

Estos Sitios de Memoria ofician también como fuente de información que no caduca, y las nuevas generaciones tienen que estar presentes en este diálogo constructivo de paz permanente. No en vano miles y miles de uruguayos reclaman “Un año más” por verdad, memoria y justicia. Ese compromiso inclaudicable de la ciudanía y las instituciones del Estado a la hora de seguir forjando memoria colectiva, en clave de memoria histórica, pero por sobre todas las cosas siempre en busca de verdad y justicia.

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