Delegación argentina denunció golpismo en Bolivia

Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus grupos de choque impidieron que una delegación de Argentina ahondara más en la actual violación de derechos humanos, sociales y políticos del país.

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En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información.

Aún así, el equipo presentó las conclusiones preliminares de una investigación que incluyó entrevistas con víctimas de la represión policial y del Ejército, vecinos de la ciudad de El Alto, líderes sociales, campesinos y originarios.

Para estos observadores quedó claro que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresariales, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El objetivo fue derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto, con el apoyo de gobiernos extranjeros, como evidencian los testimonios de los múltiples contactos de funcionarios foráneos con líderes golpistas.

«Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y para desestabilizar al gobierno con mandato constitucional hasta el 22 de enero», señala el informe.

El proceso se profundizó con las elecciones del pasado 20 de octubre, a partir de un comunicado preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que radicalizó las posiciones golpistas y estimuló la confrontación social.

Dicho comunicado no estaba previsto en un acuerdo suscrito entre la OEA y el Estado Plurinacional, lo cual sugiere una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral, denuncia el equipo argentino.

La delegación posee abundante documentación sobre la coacción de dirigentes sociales y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad.

«Como resultado de esa estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después», agregan.

El informe confirma que las renuncias del presidente Morales; del vicepresidente, Álvaro García Linera, y de la líder del Senado, Adriana Salvatierra, entre otros, obedecieron a la presión del alto mando de las Fuerzas Armadas.

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