#OpiniónDefender la ética por ley

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El Parlamento es un espacio donde la palabra adquiere una dimensión especial, tan especial que eleva un pensamiento al rango de una norma de conducta superior, que consagre un marco dentro del cual regirse en sociedad. En una organización democrática es el ámbito que mejor representa a esa forma de gobierno que creó el hombre para dirigirse a sí mismo y a su grey.

Y es -precisamente- la Ley, el mayor resguardo que podemos dar a un tema que ha venido siendo objeto de preocupación e interés en razón de proteger, con un marco regulatorio adecuado, la conducta de los servidores públicos.

Sin ánimo de polemizar, hace pocos días el presidente de la JUTEP – Cr. Ricardo Gil Iribarne- criticó el proyecto de ley (del cual fui autor), que propone la sanción de un «Código de Ética en la Función Pública», y que fuera votado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Un proyecto que legisla sobre un tema de debate y preocupación de nuestra sociedad y que refiere a la ética y la transparencia en la función pública.

Entiendo la preocupación del Presidente de la JUTEP, conozco su compromiso en la función pero no puedo compartir sus argumentos. Le escuchamos en Comisión defendiendo la existencia de normas al respecto como el Decreto 30/2003, pero no compartimos su visión de que las mismas bastan para controlar a todo el Estado, porque no es correcta.

Un Decreto tiene un ámbito de aplicación más restringido y depende de la voluntad del que lo dictó, no se aplica a todo el Estado por su rango reglamentario. Pero superando esa discusión, es necesario que este conjunto de obligaciones sean establecidas por ley y no por decreto, ya que un Poder Ejecutivo no la podrá derogar por su sola voluntad.

Uruguay es un país que conserva altos estándares éticos y bajos niveles de corrupción. Así lo expresó el informe de Latinobarómetro 2017, que ubica a nuestro país en el nivel más bajo en percepción de la corrupción entre la opinión pública. Pero no deja de ser un tema que genera preocupación y es necesario consolidar esa valoración que nos ubica en ese ranking, e -incluso- mejorarla.

¿Por qué una Ley?

El proyecto de ley presentado establece un Código de Ética de la Función Pública con alcance general. Tiene por objeto sistematizar y homogeneizar -en una misma norma de jerarquía legal- un conjunto de reglas relativas al buen ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios de todas las Personas Públicas Estatales y No Estatales.

En el capítulo 3 (Arts. 44 y 45) extiende el ámbito de aplicación a las sociedades llamadas de derecho privado, pero cuyo control y capital es de un ente estatal o no estatal. Es decir que el ámbito de aplicación está determinado por el uso de dineros públicos como denominador común.

Junto a la figura del enriquecimiento ilícito, damos cumplimiento a las obligaciones asumidas a nivel internacional, tanto en la Convención Interamericana contra la corrupción como en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Ley Nº 18.056 del 20 de noviembre de 2006 y Ley Nº 17.008 del 25 de setiembre de 1998).

El Decreto 30/2003 es aplicable a toda la Administración Central, pero genera dudas su aplicación a funcionarios del Poder Legislativo, Poder Judicial, de los organismos autárquicos como el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los servicios descentralizados y los entes autónomos.

La norma legal proyectada, en cambio, es innovadora en muchos aspectos fundamentales:

– efectúa una precisión ampliatoria del concepto de «corrupción» en el sector público, ya que en materia de normas administrativas el término aparecía más identificado con la conducta del corrompido, omitiéndose la previsión de consecuencias en el ámbito administrativo respecto del corruptor.

– se establecen un conjunto de normas que regulan los conflictos de intereses en el capítulo de Prohibiciones (prohibición de intervenir por razón de parentezco, Art. 28; prohibición de intervención por terceros, Art. 29; prohibición de relaciones con actividad controlada, Art. 30; prohibición de relaciones con actividades vinculadas, Art. 31).

– se refuerza el deber de los funcionarios públicos de rendir cuentas, (Art. 35, inciso 2 – deber de rendición respecto de los gastos en los que se incurriese en el uso de tarjetas de crédito corporativas).

El proyecto incluye un bloque de normas que rigen la conducta de los representantes de una Persona Pública, ya sea Estatal o No Estatal, en entidades y emprendimientos privados (Arts. 44, 45 y 46 de la norma a estudio en Diputados).

Asimismo, el rango legal ampliaría el control a espacios donde hoy se mueven con una autonomía tal que impide el control de los dineros públicos que manejan, como es el caso de los Gobiernos Departamentales.

También se contempla un régimen de protección de testigos y denunciantes, para aquellos funcionarios públicos que denunciaren delitos de corrupción contra la Administración Pública.

En suma, entendemos que este proyecto es una buena contribución al sistema jurídico nacional por su aporte en materia de transparencia y control de la función pública, que no deja lugar ni espacio fuera del contralor público, formando un escudo de protección legal contra el flagelo de la corrupción. La ética debería ser una cualidad intrínseca del individuo que hiciera innecesaria cualquier norma, sin embargo se impone estamparla por ley de manera de impedir cualquier desvío. Es necesaria -además- para devolver a la función de los agentes del Estado su esencia principal de servidores públicos.

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