¿De qué hablamos cuando hablamos de colonizacion en uruguay? – Segunda parte

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I.- INTRODUCCION

En la primer entrega vimos que las tierras administradas por el Instituto Nacional de Colonización tienen un fin social, que surge del artículo 1° de la ley n.° 11.029.

Están “afectadas” a los fines de la ley. Significa que por ley esas tierras se consagran al cumplimiento de una finalidad social, que son expresamente definidos por el artículo 1° de la ley n.° 11.029, donde expresa que el fin de la colonización es la racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación, el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.- 

II.- COMO SE ACCEDE A LA TIERRA

En cuanto a las condiciones que deben reunir los colonos están establecidas en los artículos 59 de la Ley n.° 11.029 que indican que deben reunir las siguientes condiciones: tener 18 años cumplidos, poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el tipo de explotación a que vayan a dedicarse, poseer condiciones personales y hábitos de vida que el Instituto considere satisfactorios. 

Dentro de las condiciones señaladas el artículo 60 de la ley otorga preferencia a los aspirantes a colonos que posean mejores aptitudes y condiciones personales, que se organicen en Cooperativas o Sindicatos, que hayan acreditado mejores aptitudes en las actividades de capacitación, que sean agricultores desalojados o estén pendientes de desalojo o tengan un área insuficiente, que posean familia de preferencia si ella es apta para colaborar en el trabajo del predio, que sean hijos de colonos, que sean uruguayos, o extranjeros con residencia mayor de tres años o menor de ese tiempo en el caso de que posean condiciones especiales a juicio del Instituto.

El artículo 13 de la ley n.° 18.187 otorga preferencia para el acceso a las tierras a familias compuestas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, tambien a pequeños productores organizados, que trabajen en grupo, que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que exploten áreas insuficientes, o que ya estén en un emprendimiento agropecuario con tenencia de la tierra en forma precaria.

Cuando un campo está libre, ya sea por compra de la tierra por el Instituto o por haber sido entregado por el anterior colono, se realiza un llamado abierto a aspirantes a colonos.

El llamado abierto se realiza a través de un procedimiento ya establecido, de manera de elegir al colono en base a las condiciones que establece la ley.

En el caso de las familias los dos cónyuges o concubinos pueden firmar el contrato de arrendamiento con el Instituto, como cotitulares de una fracción, contrato en el que adquieren derechos, pero tambien obligaciones, entre ellas la de trabajar en forma directa el campo, y residir en el mismo con la familia. 

En la ultima década se ha dado especial importancia al acceso a la tierra a la mujer como colona, así como a los trabajadores y asalariados rurales.

El Directorio del INC en el año 2014 adoptó la Resolución de directorio n.° 29 del acta n.° 5231 a efectos de implementar la titularidad de ambos integrantes de la pareja para adjudicar las tierras a familias rurales, con la finalidad de erradicar la desigualdad de género en el acceso, uso y control de los predios arrendados por el ente. En base a ello el Instituto da preferencia a los cónyuges que se inscriben en cotitularidad a los llamados abiertos arrendamientos. Esta es una forma de favorecer la autonomía económica, social, así como el reconocimiento al trabajo productivo de la mujer, que durante años estaba invisibilizado. 

En el mes de diciembre de 2018 a iniciativa del Poder Ejecutivo en acuerdo con el INC, se presentó al Poder Legislativo un proyecto de Ley de Cotitularidad conyugal/concubinaria para celebrar los contratos de arrendamisntos con el INC, para tener la titularidad conjunta de ambos integrantes de la pareja.

El Parlamento Nacional con fecha 13 de agosto aprobó ese proyecto de Ley que consagra la titularidad conjunta de la pareja como una forma de colonización. 

De manera de garantizar el acceso igualitario de la mujer a la tierra y a la vivienda en el Instituto, para gozar iguales derechos y obligaciones que brinda la colonización. 

La nueva ley agrega un literal (D) al artículo 7.3) de la ley n.° 11.029, la que queda redactada así: “D) titularidad conjunta, cuando los integrantes de la pareja constituida en uniones de hecho, civiles o matrimoniales tengan perfil colono, ambos dediquen la mayor parte de su tiempo de trabajo al hogar o a la explotación productiva directa y la principal fuente de ingresos de la pareja provenga de la explotación productiva directa. En ese efecto se deberá adjudicar el predio en régimen de titularidad conjunta.»

Cabe destacar que tan importante y significativo avance legislativo surgió como demanda de organizaciones sociales ligadas a la producción familiar, mujeres rurales, que trabajaron en coordinación con la institucionalidad públicajunto a la Dirección Generla de desarrollo Rural del MGAP, el Institutode las Mujeres del MIDES, LA Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF) y el Instituto Nacional de Colonización.

En el caso de los grupos que también tienen prioridad, implica que todos los integrantes participen en el trabajo en el predio, así como en la toma de decisiones en beneficio del grupo.

Al inscribirse para una fracción del Instituto las personas o grupos deben presentar un plan de trabajo. En el caso de los grupos que accedan a la tierra, tendrán que tener ayuda de un técnico, que los asesore, y obtener personería jurídica dentro del plazo de prueba.

III.- COMPENSACION DE MEJORAS

 Cabe consignar que lo que el colono posee es un derecho a una compensación por el valor de las mejoras que hubiere hecho con aprobación del Instituto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 101 inciso 3 de la Ley 11.029, siendo posición constante de la jurisprudencia nacional, que esta circunstancia no constituye derecho de retención del predio y que el valor de las mejoras debe seguir el procedimiento administrativo de valuación y pago conforme a los artículos 85, 101 in fine, 106 y 107 de la Ley 11.029, se tasa y la suma resultante se abona una vez desocupado el predio por el ex colono.

IV.- MECANISMOS PRINCIPALES DE COMPRAS DE TIERRA DEL INSTITUTO

Nos preguntamos como hace el Instituto para adquirir tierras, un bien tan preciado, cuyo valor en las últimas décadas ha aumentado considerablemente, y ello dificulta el acceso a la misma a quienes tengan vocación de trabajo en la tierra, sin medios económicos que los respalden.

Se debe precisar que los artículos 35 y 70 de la ley n.° 11029 establecen una limitación al derecho de propiedad constitucionalmente reconocido, fundamentalmente en lo relativo a la facultad de disposición de su propietario. 

a) Artículo 35 de la ley n.° 11.029 y modificativas

En el caso del artículo 35 de la ley 11.029 implica que todo propietario antes de enajenar un predio 

de una superficie determinada, que varía entre un mínimo de 100 hectáreas a 500 hectáreas CONEAT 100, según el lugar donde se encuentre de nuestro país, antes de enajenarlas debe ofrecerlo al Instituto Nacional de Colonización.

El Instituto tendrá derecho de preferencia sobre cualquier otro comprador privado, por igual precio y plazo.

Si el propietario de un campo vende ese campo a un particular, sin hacer el ofrecimiento al Instituto, el negocio celebrado es nulo de pleno derecho, además ambas partes deben pagar una multa al Instituto. La norma incluye los campos que se venden en remates.

En la práctica se realiza de la siguiente forma: cuanto el propietario decide vender su campo y encuentra un comprador, luego de acordado el precio de compra y plazo, ofrece el negocio al Instituto, presentando los documentos que acreditan la propiedad, planos del campo, copia del acuerdo celebrado con el particular, así como todo documento que acredite el negocio que va a realizar. 

El Instituto dispone de 20 días para expresarse sobre si hace uso de la opción de compra.

Si el Instituto acepta el ofrecimiento, el negocio se realiza entre el dueño del campo y el Instituto como comprador por igual precio y plazo.

En ese sentido el derecho de propiedad del dueño del campo, se ve limitado, por razones de interés general, porque no puede vender el campo a quien prefiera.

 Por mandato legal, permitido constitucionalmente, debe enajenarlo al Instituto Nacional de Colonización, de manera que éste pueda destinar ese predio a la labor colonizadora.

Cabe consignar que esta norma no perjudica en nada al propietario, porque recibe el precio estipulado, en el mismo plazo que había pactado con el comprador privado, que fue desplazado ante el ejercicio del derecho de compra del Instituto

b) Artículo 5 de la ley 18.756.-

En este caso se establece la obligación del propietario de una fracción que proviene del patrimonio de la Sección Fomento y Rural del Banco Hipotecario del Uruguay, que cumplió con todas sus obligaciones antes del 12/01/1848, a ofrecerlo en primer término al Instituto en los mismos términos que establece el artículo 35, que fue descripto, sin importar la superficie que la misma tenga.

c) Expropiación: artículos 37 y ss de la ley n.° 11.029

La ley n.° 11.029 declara de utilidad pública la expropiación de tierras para formar o completar las colonias, y faculta al Instituto para ejercer acciones de acuerdo a lo que sea aplicable de la Ley n.° 3.958. El Instituto debe comunicar al Poder Ejecutivo la resolución, éste puede observarla, si no lo hace el Instituto puede continuar los procedimientos. Si observa la resolución se suspenden los procedimientos, debiendo reconsiderar lo resuelto el Directorio del Instituto. Para la expropiación de tierras se debe tener en cuenta en primer término su aptitud para los fines de colonización a que sean destinadas.

d) Compra directa artículo 836 ley n.° 18.719 

La ley autoriza al Instituto Nacional de Colonización a adquirir inmuebles rurales destinados a planes de colonización en forma directa. La resolución deberá ser adoptada por mayoría especial de acuerdo con la normativa vigente. Debe comunicarse la resolución con sus fundamentos al Poder Ejecutivo, si el mimo no la observa dentro de los veinte días hábiles, queda firme y el Instituto podrá continuar el procedimiento de compra. Si la resolución se observa se suspende el procedimiento, debiendo reconsiderarla el Directorio.

V.- Facultad de practicar inspecciones por parte de los funcionarios del Instituto, artículo 47 de la ley n.° 11.029

Es importante destacar que la ley faculta a los funcionarios del Instituto a practicar inspecciones en las tierras ya colonizadas, o en campos cuya colonización se proyecte; en caso que los funcionarios fueran obstaculizados en el cumplimiento de sus cometidos por parte de los propietarios u ocupantes de esas tierras, podrán requerir el auxilio del Juez de Paz más cercano, que deberá prestarlo sin más trámite.

VI.- CONCLUSIONES.

 Dada la importancia del valor tierra en nuestro país, la labor colonizadora del Instituto cada vez cobra mayor importancia en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas. 

Es relevante a efectos de permitir el acceso a la tierra por parte de mujeres y hombres, con aptitudes y conocimientos, garantizando el acceso a la tierra para realizar trabajo directo, residir con su familia en el campo, en especial de asalariados rurales y pequeños productores rurales. Para ello existen mecanismos legales que por un lado aseguran que el Instituto pueda continuar adquiriendo campos, y por otro se pueda mantener el control y vigilancia de las colonias ya formadas, a efectos de cumplir con la finalidad social, expresamente definidos por el artículo 1° de la ley n.° 11.029.-

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