Las tierras administradas por el Instituto tienen un fin social, que surge del artículo 1° de la ley en su esenciaDe qué hablamos cuando hablamos de Colonización en Uruguay

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Cuando a principios y mediados del siglo XX, mis padres y abuelos llegaron a Uruguay; huyendo de las calamidades de la guerra en Europa, donde eran agricultores y provenían de pequeñas aldeas rurales de Polonia y Rusia; se encontraron con una oportunidad de trabajo digno y residencia permanente en el campo.

Esa oportunidad de acceso a la tierra en primer lugar lo constituyó la Sección Fomento de Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, que funcionó hasta el 12 de enero del año 1948, en que se crea como ente autónomo por la ley n° 11.029 el Instituto Nacional de Colonización.

En el año 1948 todas las tierras que eran administradas por la Sección Fomento de Colonización del BHU pasaron por ley al Instituto Nacional de Colonización.

Es importante saber que aún estando en propiedad, esas tierras continúan siendo administradas por el Instituto, atento a que están afectadas a los fines de la ley n° 11.029.

TIERRAS AFECTADAS CON UN FIN SOCIAL

Las tierras administradas por el Instituto tienen un fin social, que surge del artículo 1° de la ley en su esencia.

El que esas tierras están «afectadas» a los fines de la ley, significa que por LEY se consagran al cumplimiento de una finalidad social, que son expresamente definidos por el artículo 1° de la ley n° 11.029, donde expresa que el fin de la colonización es la racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación, el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.-

En definitiva ya sea el colono arrendatario de esas tierras, o colono propietario tiene que cumplir una serie de obligaciones, ya que esas tierras aún en propiedad, están afectadas a un fin social o de interés general.

No olvidemos que el artículo 7 de la Constitución regula el derecho a ser protegido en el goce de la propiedad, y esta puede ser limitada por razones de interés general, como en le caso de la ley n° 11.029, que crea la noción de «afectación» de las tierras que administra, y requiere autorización previa del Instituto para negocio que vaya a realizar el colono que involucre la cesión del uso y goce del predio afectado a los fines de la colonización, de acuerdo al artículo 70 de la ley n° 11.029.

TIPOS DE COLONOS

La ley enumera una gran cantidad de formas se acceder a la tierra, pero las principales formas son en arrendamiento y en propiedad.

Los colonos pueden ser personas físicas (hombres y mujeres) o colectivas que adquieran personería jurídica, ya que contraen derechos y obligaciones, al firmar el contrato.

Derechos y obligaciones que se especifican en el contrato que se celebra, pero que tienen base legal.

OBLIGACIONES DE LOS COLONOS

El artículo 61 de la ley establece como obligaciones principales que el colono debe vivir en el predio colonizado, junto a su familia; debe realizar trabajo directo en el mismo.-

En definitiva el colono tiene la obligación de residir en el predio adjudicado por el Instituto, trabajándolo en forma personal, es lo que se llama un contrato «intuitu personae», está ligado a la persona a la que el Instituto celebró el contrato.

Por lo que no puede ceder su uso, arrendarlo, prestarlo, salvo que solicite autorización al Instituto y éste se la otorgue.

Esta obligación de vivir en el predio y de trabajarla en forma directa y personal, está alineada con el fin social de la colonización, fundamento de la ley, que persigue la radicación y bienestar del trabajador rural.

Los colonos deben además realizar los pagos en forma puntual según se hubiera convenido en el contrato celebrado.

Además los colonos tienen que cumplir con las indicaciones y orientaciones que sean dadas por el Instituto, así como toda la normativa vigente de nuestro país, en materia previsional, tributaria, laboral, u otra norma que sea aplicable.

SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DEL COLONO

En el artículo 101 de la ley se establece que el Instituto tiene la facultad unilateral de rescindir los contratos celebrados con los colonos cuando la conducta de los mismos no se ajustaran a derecho.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 71.1 de la ley nº 11.029, en el caso de que el colono subarriende o arriende un predio afectado a la ley sin la autorización previa del Instituto o si lo explota de manera que desvirtúe el objeto de la colonización, se le puede aplicar una multa en dinero, esto es especialmente aplicable en el caso de los colonos propietarios.

CONCLUSIONES

En definitiva cuando hablamos de colonización en Uruguay, nos referimos a la ley n° 11.029, que a lo largo de los 71 años ha pretendido mantener esa noción de afectación de las tierras que administra el Instituto Nacional de Colonización, en beneficio de la sociedad en general; que pasan por la racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación, el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.

De forma que futuras generaciones tengan acceso a la tierra, en una forma inédita en el mundo, tal como la tuvieron los pequeños y medianos productores, los trabajadores rurales de nuestro país e inmigrantes que encontraron en Uruguay un lugar donde desarrollar su aptitudes, residencia permanente en un clima de paz y estabilidad.

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