#ContraseñaDan palos de ciegos y mean fuera del tarro

El Gobierno colombiano anuncia reforma pensional sin explorar y atacar la médula y esencia del problema.

La solución del problema pensional debe articularse con equitativas políticas de equidad socioeconómica. Se requieren decisiones concretas, prácticas y racionales sobre salarios, generación de empleo, reducción de informalidad y estímulos a la productividad competitividad y comercialización.

La equidad salarial demanda generación y formalización del empleo, crecimiento productivo y competitivo. Los índices de desempleo, informalidad e inequidad socioeconómica, de Colombia, están entre los más altos de la región.

El Gobierno y el Congreso son los responsables de diseñar e implementar políticas de estado racionales, para garantizar mejor distribución y redistribución del ingreso y por ello, indefectiblemente tienen que ocuparse de lo laboral, salarial y pensional.

Los instrumentos legales que rigen el desproporcionado e inequitativo sistema salarial y pensional colombiano, son de dominio del gobierno y el congreso y del correspondiente control legal de la Corte Constitucional.

Las desproporcionadas mesadas salariales y pensionales de congresistas y magistrados, entre otros, en aras de la equidad y la justicia social, deben ser modificadas, lo mismo que el régimen salarial nacional.

Según información estadística, 48% de los 23 millones de colombianos que tienen trabajo en el sector informal, el 52% recibe mensualmente menos de un salario mínimo, generalmente no tiene casa y mucho menos renta de capital y tiene que sobrevivir con ese ingreso.

La inequidad en el monto de las mesadas pensionales y en el régimen salarial vigente es injustificada. El 80% del monto total de las mesadas pensionales mensuales va al 20% de los pensionados con mayor mesada. El 20% de las mesadas llega al 80% de pensionados.

De fuente oficial se sabe que el subsidio del Estado (del presupuesto nacional) para pago de pensiones en 2019 supera los $40 billones. Un 15% del presupuesto nacional.

El número de pensionados no supera un millón setecientos. En Colombia, solo el 25% de mayores de 60 años está pensionado, mientras en Argentina el 45%, en Chile el 55%, en Brasil el 75%, etc.

De 23 millones de trabajadores colombianos, solo siete millones son cotizantes y no todos permanentes.

Son cifras verificables que confirman el inequitativo régimen pensional y salarial que el Gobierno y el Congreso, hasta hoy, no logran corregir y ordenar.

Es previsible que una reforma salarial y pensional racionalmente equitativa sea prácticamente imposible que sea aprobada en el Congreso, porque afecta intereses personales y de sectores interesados y además debe surtir la revisión constitucional. Son factores previsibles que pueden malograr el propósito, vía Congreso.

Esa reforma puede lograrse a través del constituyente primario. Un referendo o plebiscito puede poner fin a la inequidad salarial y pensional y la inequidad socioeconómica presente. El constituyente primario, mediante el uso de recursos constitucionales, debe ordenar:

1 – En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, más de 20 salarios mínimos mensuales.

2 – En Colombia, en el sector público oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, a nadie pueden pagar más de 10 salarios mínimos mensuales por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual únicamente.

3 – Todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.

La decisión del Constituyente Primario es la única vía para lograr institucionalizar la equidad y racionalidad pensional.

Consideración necesaria e incuestionable: todos los trabajadores de altas y medianas remuneraciones salariales, durante su vida laboral, han recibido salarios que les pudieron permitir capitalizar, ahorrar. Tienen casa o casas propias y generalmente rentas de capital. No son pobres. Pueden vivir holgadamente con la mesada pensional que resulte de la reforma.

Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias de las decisiones y ejecutorias de los gobiernos de los últimos doscientos años para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia.

La institucionalización y racionalización de la equidad socioeconómica exigen decisiones de fondo y es un reto histórico para el Gobierno convocar el referendo o plebiscito e impulsarlo como objetivo fiscal, socioeconómico y de justicia social supremo.

La equidad salarial, pensional y socioeconómica debe ser soportada con disposiciones legales concretas y efectivas para blindarlo contra la corrupción. Debe tenerse en cuenta que en Colombia, donde circula dinero del Estado, los tentáculos de la corrupción siempre están al acecho y las pensiones no son la excepción.

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