#OpiniónContundente derrota de la impunidad

El histórico fallo de la Justicia italiana que condenó a trece represores uruguayos a cadena perpetua por haber cometido incalificables delitos de lesa humanidad durante la dictadura, comporta un contundente triunfo de la verdad sobre la mentira y el cómplice ocultamiento de estas aberraciones.

Por supuesto, el dictamen judicial -que pondría finalmente tras las rejas a los prófugos Jorge Tróccoli y Pedro Matos- reabre también el debate sobre las ominosas actividades del Plan Cóndor, cuya existencia fue virtualmente negada durante años por actores políticos que tuvieron responsabilidad de gobierno.

La ejemplar sentencia culmina un largo proceso de dos décadas, que juzgó deleznables crímenes perpetrados hace 35 y 40 años, cuando los gobiernos autoritarios de la región aun conservaban los resortes del poder.

Ciertamente, no es menor que 13 de los 24 jerarcas y militares imputados y sentenciados sean uruguayos, lo cual constituye un cabal testimonio de la dimensión de la tragedia que flageló a nuestro país.

Es evidente que la gravedad de los cargos pesó en forma determinante en la decisión de los magistrados, quienes optaron por aplicar sin ambages la pena máxima para castigar las conductas criminales de los encausados.

Obviamente, en 11 de los 13 casos la sentencia tiene una connotación más histórica y emocional que práctica y trasciende la mera lógica judicial, porque estos delincuentes ya cumplen pena en nuestro país.

Por supuesto, la otra comprobación es que los delitos juzgados no caducan, contrariamente a lo que establece la impresentable Ley de Impunidad Nº 15.848, sancionada y promulgada, hace treinta y tres años, por los partidos tradicionales.

Quienes por entonces alzaron la mano en el parlamento para aprobar ese mamarracho inconstitucional que tanto nos agravia, demostraron su absoluta insensibilidad y su falta de vocación democrática.

Ciertamente, poco les importó la gravedad de los hechos acaecidos durante esos doce años de barbarie y sus graves secuelas para el futuro de una sociedad polarizada.

Naturalmente, la instalación de ese auténtico paraguas de impunidad fue la previsible consecuencia de la democracia amputada y tutelada que nació en marzo de 1985, con la presidencia del Julio María Sanguinetti. Este era el candidato preferido de los militares para conducir la transición.

El propio eslogan electoral del mandatario colorado- el manido «cambio en paz»- permitía avizorar, sin demasiada imaginación, que los desmanes del despotismo serían laudados con un perdón ciego, flagrantemente ilegal y contrario a derecho.

Incluso, la recordada épica del voto verde destinada a derogar esa ley claramente inmoral, debió confrontar una auténtica campaña de miedo promovida por sus apólogos, con el apoyo –vaya casualidad- de un aparato mediático obsecuente. Como era previsible, ese operativo conspirativo rindió sus frutos.

Para esa derecha taimada que con su actitud pretendió tender un manto de olvide sobre lo sucedido en el pasado reciente, la clave era borrar de un plumazo la memoria de la tragedia.

No en vano, en el pasado, numerosos reaccionarios pertenecientes al bloque conservador legitimaron a la dictadura con sus actitudes de explícito colaboracionismo y hasta aceptaron ocupar cargos en el gobierno autoritario.

Ello corrobora la naturaleza eminentemente fascista de muchos blancos y colorados de la peor laya, que contrastó con la valentía, el coraje, la dignidad y la enconada lucha de referentes de la izquierda, quienes padecieron cárcel, tortura y exilio.

Por supuesto, durante los veinte años siguientes al epílogo de la dictadura, los juicios por violaciones a los derechos humanos fueron congelados y las causas archivadas.

En ese período, fueron ignorados olímpicamente los reclamos de los familiares de los desaparecidos, a quienes se negó incluso la posibilidad de saber el destino de los cuerpos de las víctimas de autoritarismo.

Pese a que a partir de la asunción del primer gobierno del Frente Amplio en 2005 se reabrieron numerosos expedientes judiciales y fueron procesados los más connotados represores, la actitud de prescindencia de la derecha siguió siendo la misma.

Hoy, con más de trescientas causas judiciales pendientes de resolución, el tema de las violaciones a los derechos humanos parece estarse diluyendo en nuestro país.

Por más que los temas que más preocupan a la mayoría de los uruguayos son obviamente bastante más cotidianos, como la seguridad y el empleo, la izquierda parece haber fracasado en la construcción del relato histórico.

En efecto, el bloque conservador blanqui-colorado que aspira a desplazar al Frente Amplio del gobierno con razonables expectativas de lograrlo, está integrado por herederos de los mismos partidos políticos que -con su ambigüedad o abierta complicidad- generaron las condiciones objetivas para la concreción del golpe de Estado.

Por supuesto, en todos los casos, comulgan con la ideología neoliberal que inspiró entre bambalinas la ruptura institucional y que, en 2002, condujo al país a la peor debacle económica y social de todos los tiempos.

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