#OpiniónConflicto en la DGI

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En estos días de fiestas asistimos a la confrontación pública entre las autoridades de la DGI y el gremio de funcionarios por diferencias relacionados a aspectos salariales en las que se exhiben de un lado y de otro, diferentes posturas que culminaron con la aprobación de un Decreto por parte del Poder Ejecutivo.

El conflicto se centra en una partida variable, en la que un pequeño porcentaje genera un cambio de criterios en el cálculo de dicha partida. La Dirección afirma que la partida es variable y por lo tanto está sujeta a resultados que pueden ser positivos o negativos, en cambio el gremio afirma que dichos cambios tienen posibilidades de generar un ajuste a la baja. Ambas posturas tienen argumentaciones razonables y el tema no parece de una relevancia de vida o muerte ni para la institución ni para los funcionarios, por lo que las dificultades notorias entre las partes para llegar a un acuerdo llaman la atención. O más bien revelan que el fondo del problema es otro.

La DGI anterior a los gobiernos frenteamplistas era de las peores oficinas del Estado. Salarios paupérrimos, infraestructura tendiente a cero, un local en ruinas que estaba en la calle Rondeau (para ejemplificar los ascensores eran viejos transportes de ganado), profesionales que trabajaban medio horario y que ejercían doble actividad generando una sensación de falta de transparencia, no había casi computadoras -aunque pareciera increíble- y sonados casos de corrupción que habían involucrado al corazón del organismo.

En esas épocas un director de la DGI debió renunciar a su cargo y recuerdo casos escandalosos de certificados falsos que lo único que faltaban era que se vendieran en la feria -a luz vista de todo el mundo- y que culminaron con el desbaratamiento de una red de empresas que luego se les realizó un “perdona tutti” con un decreto que prácticamente las exoneró de sanciones. La DGI en ese entonces había tocado fondo.

La DGI cambió de manera radical y para bien. Pasó de ser la oficina peor evaluada del Estado a ser un organismo serio que incluso su reforma es materia de estudio y de ejemplo en otros países de la región y del mundo. Se cuadruplicaron y se triplicaron sueldos, se implantó la dedicación exclusiva, se modernizó toda su infraestructura, se profesionalizó la gestión, se generaron métodos y procedimientos, se mudó a un local de excelentes condiciones. La opinión pública en general cambió de manera exponencial la percepción sobre el organismo y la reforma contó con la aprobación del público más especializado como por ejemplo el Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Son hechos objetivos e incontrastables. En poco se parece este cúmulo de transformaciones al discurso de la “década perdida” que parece estar en boga.

En este país cuesta ponerle una medalla a alguien, somos muy mezquinos en eso. Voy a realizar una excepción a esa regla -aunque no haga más que confirmarla- manifestando que el Cr. Eduardo Zaindesztat cumplió un papel fundamental en ese proceso de reformas, aún con todos los excesos que se le puedan achacar en su gestión y que los tuvo.

No hubiese sido posible la reforma sin su impronta y sin su decidido arrojo. También hay que decir que él solo no pudo hacer absolutamente nada. La reforma fue votada por unanimidad de todos los partidos en el año 2003, pero el gobierno de la época del Dr. Jorge Batlle y el ministro de Economía Isaac Alfie trancaron toda la ejecución y Zaindesztat se quedó con las manos vacías.

Tuvo que venir el gobierno del Frente Amplio con el actual ministro de Economía Danilo Astori y los compañeros Mario Bergara y Fernando Lorenzo para dar el respaldo político que se necesitaba para ejecutar la reforma. Con inteligencia sabia ratificaron al “Zeta” en el cargo a pesar de que venía de un gobierno del Partido Colorado continuando el proceso que venía en curso.

¿Qué pasó en estos casi 14 años de reforma? La DGI ha funcionado bien en lo que refiere a sus cometidos esenciales; asegurar los ingresos suficientes para que el Estado pueda desarrollar sus políticas y reducir la evasión fiscal a nivel más que aceptables.

Sin embargo, algunas decisiones que se tomaron en el transcurso del período debemos observarla de manera crítica y voy a señalar dos de ellas:

1- La instalación de los concursos en la DGI. No se puede pasar de una monarquía absoluta a un republicanismo democrático y perfecto de un momento a otro. Entremedio debe existir una transición que respete derechos adquiridos y que procese un cambio tan profundo en un lapso de tiempo razonable. La DGI pasó de un sistema en el que las designaciones eran todas discrecionales a un sistema de concursos totales sin transición y sin gestión de un estado a otro.

El resultado fue el lógico; se trancaron los concursos y se dificultó la carrera administrativa, cualquier observador desapasionado advertía esto desde un principio. La organización se resintió y la instalación de los concursos -aún inconclusa- no marcó ningún cambio sustancial en la gestión. El problema no fueron los concursos -que todos apoyamos- sino la deficiente instrumentación que se hizo de ellos. El gremio de funcionarios apoyó de manera decidida este proceso, por lo que cabe con el diario del lunes -no sólo la administración- una mínima autocrítica que siempre es necesaria y bienvenida.

2- El ingreso de un importante grupo de jóvenes profesionales a la administración por sueldos que hoy generan inequidades al interior de la organización y que no pueden disimularse. Es cierto lo que manifiesta el actual director del organismo que cuando ingresaron la remuneración era más que adecuada ya que todos ellos ganaban menos en otros lados o tenían en sus trabajos exigencias y horarios desmedidos; pero también huelga reconocer que los chicos crecen, que forman familias, que tienen hijos, que pasan los años y las expectativas cambian. Y que la administración no tiene un dique de contención que los ampare y eso genera frustración mezclada con una creciente falta de compromiso.

Son errores que resienten la organización, pero subsanables si hay voluntad de mantener y profundizar la reforma en curso.

Siempre hemos manifestado que el Frente Amplio debe ser capaz de reformular su propia agenda. Este es un caso claro, una reforma exitosa que merece un replanteamiento a la luz de las nuevas realidades. Ya sea por el paso del tiempo, ya sea porque se han encontrado obstáculos que deben analizarse y procesarse.

La actual administración ha reivindicado públicamente que ha realizado esfuerzos con aumentos de salario real al sector administrativo y a los profesionales que tienen menores ingresos. No es suficiente pero el camino ha sido el correcto y debería reconocerse.

No se le puede exigir a esta administración que encare una “reforma de la reforma” de la DGI a un año de las elecciones nacionales; es un planteo absurdo e irreal. Si le podemos pedir que comience un proceso de discusión y de replanteos con mucha amplitud que sirva de base de apoyo para un nuevo gobierno frenteamplista o para asegurar la continuidad de las reformas con un gobierno de otro signo.

Estamos en etapa preelectoral, es un dato de la realidad que no puede obviarse. Todos los candidatos sonreirán, nadie que se sienta con posibilidades reales de llegar al próximo gobierno dará respuestas concretas de aumentos de salarios y menos en el organismo que te asegura los ingresos del Estado. Ir a buscar cantos de sirena es una actitud que no ayuda en la dirección de sustentar el proceso de cambios.

Enero siempre tranquiliza y cambia los ánimos. Espero que con aguas más tranquilas y con las testosteronas más calmas se encuentren los caminos de diálogo realista y comprensión mutua que persiga un solo objetivo; mantener y profundizar el proceso de reforma de la DGI iniciado en 2005.

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1 comentario
  1. Vivián dice
    No está mal el artículo pero me parece importante corregir algo que no es cierto: NO es “cierto lo que manifiesta el actual director del organismo que cuando ingresaron la remuneración era más que adecuada ya que todos ellos ganaban menos en otros lados o tenían en sus trabajos exigencias y horarios desmedidos”. Eso más bien es una gran mentira, o en el mejor de los casos una suposición simplista y conveniente para el Director. En la misma línea tengo también que señalar, que es igual de equivocado pensar que el problema actual se debe un poco a que “los chicos crecen, que forman familias, que tienen hijos, que pasan los años y las expectativas cambian”. El problema no pasa por allí (de hecho muchos de los que han entrado ya tenían hijos y algunos hasta el día de hoy aún no tienen), el problema puntual es que a los primeros grados del escalafón NO SE LE PAGA LA EXCLUSIVIDAD, se les exige y no se les paga. Ese es el verdadero problema. Además, insisto, darle el enfoque de que esto sucede porque los “chicos crecen” es una sutil forma de reducir el problema a “una tanda de funcionarios que ingresaron en un año determinado”, cuando en realidad es todo lo contrario (cada nuevo año son más los funcionarios a los que no se les paga la exclusividad), los sueldos se volvieron obsoletos desde la creación del decreto 183, es decir que desde hace muuuchos años se creó este problema y con cada nuevo ingreso el problema se va agrandando. Además, decir que esto pasa porque los chicos crecen, lleva implícito otro gran error: pareciera que si hoy entra un funcionario y le pagan lo mismo que a los compañeros que hace 4, 6, 10, 12 años que están trabajando en dgi,no estaría tan mal (supuestamente porque aún no “tuvo tiempo de crecer”). Discrepo completamente, a los primeros grados no se les paga la exclusividad, y eso está mal, sea que recién ingresa o sea que hace 12 años que trabaja, está CONCEPTUALMENTE MAL, no es JUSTO, dado que la exclusividad te la exigen desde el día que entras. Lo que me parece malo para mí, también lo es para los demás, incluso para la persona que (inocente como fuimos todos, se presenta al llamado pensando que rápidamente comenzará la carrera administrativa) ingresó ayer mismo.

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