Capítulo sobre seguridad y legítima defensa avivó el debate en el Senado sobre LUC

Camy dijo que la ley sirve para defender «a las víctimas potenciales y a los inocentes» y Bonomi apuntó a que «los delincuentes se van a volver mucho más violentos».

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La Cámara de Senadores continuó ayer discutiendo y votando artículo por artículo la ley de urgente consideración que, en general, ya fue aprobada este miércoles con los votos de la coalición multicolor. Ayer, durante casi todo el día, se discutió el capítulo de seguridad, con el cual el Frente Amplio estuvo de acuerdo en algunos puntos pero en otros, tajantemente, no.

El senador frenteamplista y exministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue contra el primer artículo de este apartado, que amplía los supuestos de legítima defensa e incluye un apartado sobre la Policía que generó polémica en el Plenario. «Los delincuentes se van a volver mucho más violentos», señaló Bonomi.

Por su parte, el senador nacionalista Carlos Camy dijo que la ley sirve para defender «a las víctimas potenciales y a los inocentes». La discusión se enardeció, por lo que la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón, tuvo que pedir calma en varias oportunidades. Desde el Frente Amplio están en contra porque entienden que este artículo prioriza el derecho a la propiedad sobre el de la vida. Ante esto, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, indicó que si ella fuera víctima de un robo tiene derecho a defenderse. «Esa es la legítima defensa, pero de ahí a inferir que los que estamos de acuerdo con este capítulo de seguridad priorizamos la propiedad sobre la vida no lo voy a aceptar y lo considero una ofensa republicana», denunció.

Por otro lado, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía reiteró que entiende que la norma que se propone prioriza la propiedad sobre la vida. «Tengo todo el derecho a decir y pensar que esta norma tiende a esa consecuencia y ese resultado», sentenció. Gustavo Penadés, coordinador de bancada del Partido Nacional, negó esos dichos, acusando a la oposición de dar sus interpretaciones como hechos, a lo que Óscar Andrade retrucó diciendo que «no es una interpretación de la norma».

«La norma lo que dice es que cambia el criterio de la legítima defensa anterior, donde se requería agresión ilegítima que sea actual e inminente a que cuando te afectan un derecho patrimonial puede ser que no haya agresión para que se entienda que estás amparado por la legítima defensa», indicó.

«Es un error enorme la incorporación de la legítima defensa a una ley de urgente consideración, pero es todavía más grande modificarla sin tener consenso político», explicó Andrade. A su vez, señaló que esto «se advierte no solo por el Frente Amplio sino por los especialistas en derecho penal». «Es equivocado no construir acuerdos y hacerlo en contra de lo que dicen los especialistas», agregó.

Camy apuntó que «acá estamos hablando de defensa de los derechos humanos en su esencia. Estamos defendiendo a la víctima, esa es la razón que inspira esta necesidad de modificar este artículo». «Se busca introducir pautas que permitan objetivar la apreciación de la racionalidad de la defensa ante el ataque», añadió.

En cuanto al aumento de penas, para Mahía «la propuesta que propone el gobierno no va a traer soluciones, sino que va a traer más problemas». «El mensaje que se transmite es que con este aumento de penas usted va a vivir sin problemas. No va a tener problemas de inseguridad y va a estar más seguro. Ese es el mensaje. Y estamos convencidos que esta herramienta, el instrumento jurídico, cambia una jurisprudencia que tiene 90 años aproximadamente; y plantea una cantidad de conceptos vagos», agregó. «Creemos que es una normativa que es punitivista y que tiene el incremento como eje central de su búsqueda de la solución del problema» por lo que la considera «equivocada», agregó el legislador frenteamplista.

Abreu indicó que «en este tema estamos hablando de las causas de justificación que exime la responsabilidad penal y hay varias causas. Para que uno vea el grado de subjetividad que tiene el juez, que es el que interpreta la situación y decide eximir u otorgar responsabilidad».

Luego de haber votado a favor, el senador colorado Germán Coutinho señaló que está «convencido de que es una herramienta necesaria para el cambio». Por su lado, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, expresó que cree que estas normas «no privilegian la propiedad sobre la vida». «No estamos en una discusión entre la propiedad y una vida. Estamos en un debate entre una vida y otra vida. Y en ese caso yo sé muy bien en qué lado me debo poner y por eso he votado lo que he votado», acotó Sergio Botana.

Carrera dijo que hay que «respaldar a la policía» pero que «este camino no es el correcto». «No compartimos el camino de crear figuras autónomas cuando ya existen delitos que prevén esas situaciones. Y no queremos que se diga que nuestra fuerza política no respalda a la policía», añadió. «Es bueno que avancemos en la prevención de estas cosas porque uno tiene que ver que hay temas en el mundo de las relaciones y del orden público que son contagiosos», afirmó Abreu.

Respecto al artículo que refiere al agravio a la autoridad policial, Carrera puntualizó que «atenta contra lo que es el derecho de reunión, de libertad de expresión». «No existe motivo alguno para que este tipo de normas sean legisladas en nuestro reglamento. Modestamente entendemos que cuando se habla de respaldar a los efectivos policiales no se pueden proponer este tipo de disposiciones», señaló.

Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, en tanto, se debería establecer una escala de insulto a policías. «Salvo que se nos diga que va a haber una escala de insulto, como bajo, medio y alto. El riesgo de que un insulto de cualquier tipo sea integrado aquí está», reflexionó. «Nuestra tarea es advertir que tal como está redactado no da garantías. Tampoco entendemos cuál es la diferencia si lo hacen tres o más personas», añadió.

Botana dijo que defienden que se considere «agravio al que insulte al policía cuando está en funciones». «Defendemos el trabajo del policía y damos un voto de confianza a que la Justicia tendrá la sabiduría para definir con equilibrio», dijo.

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