CAF apoyará a instituciones públicas de América Latina y el Caribe

Para evaluar el impacto de sus políticas

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Hasta el 30 de junio estará abierta la Convocatoria Internacional CAF dirigida a instituciones públicas de América Latina y el Caribe interesadas en recibir apoyo técnico y logístico para evaluar el impacto de sus políticas públicas. Instituciones de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay ya están avanzando junto al equipo de CAF para mejorar su gestión.

Más de 200 postulaciones se esperan en la III Convocatoria Internacional de Evaluaciones de Impacto para una #MejorGestión liderada por CAF –banco de desarrollo de América Latina, con el apoyo de J-PAL LAC –Oficina Regional del Abdul LatifJameelPovertyAction Latinoamérica y el Caribe- y del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo). La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio y se seleccionarán 5 propuestas que recibirán apoyo técnico y logístico para el diseño e implementación de evaluaciones de impacto de la más alta rigurosidad científica.

Programas relacionados con salud, educación, trabajo, seguridad, tecnología, maternidad, agricultura, transporte, emprendimiento, inclusión financiera, recaudación tributaria, pymes, han sido seleccionados en las convocatorias realizadas en 2017 y 2018, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

En 2017 el Consejo de Formación en Educación (CFE) de Uruguay resultó ganador con un proyecto de becas a estudiantes cuya finalidad es atraer más y mejores candidatos a la formación docente y promover su continuidad y egreso a través del apoyo económico. CAF junto al CFE se encuentran trabajando en una evaluación que busca determinar cuál es el impacto del sistema de becas en las tasas de matriculación y egreso, así como el desempeño académico de los beneficiarios.

Las propuestas de evaluación pueden enfocarse en el impacto de una política o programa sobre sus beneficiarios, o en el impacto de un cambio de gestión destinado a mejorar un proceso de la institución o de una política particular. Se priorizarán proyectos en las áreas de: infraestructura, competitividad, productividad, regulación e inclusión financiera, inclusión social, educación, seguridad alimentaria, e innovación digital del Estado con énfasis en gobierno digital, innovación pública y datos abiertos, e integridad pública, transparencia y contrataciones públicas.

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